La Cámpora sobre el caso Chocobar: "Licencia para matar"

Por La Cámpora

El Estado tiene el monopolio de la violencia legal, pero ello no significa que pueda ejercerse discrecionalmente, sino que tiene límites celosamente establecidos en la legislación. Caso contrario, la democracia cedería paso a un modelo represor y autoritario. Es por eso que las fuerzas de seguridad, si bien están autorizadas a ejercer violencia, siempre debe ser la mínima indispensable. Tal es así que el código penal establece agravantes para los delitos cometidos por personal de las fuerzas.

El caso de Chocobar es un triste ejemplo más de violencia institucional. Nadie puede reprochar que al presenciar una agresión (en este caso a un turista estadounidense) decidiera intervenir. Pero como bien se observa en las imágenes de público conocimiento, Pablo Kukoc, uno de los asaltantes, estaba huyendo cuando el policía bonaerense lo ejecutó por la espalda. No hay legítima defensa porque no había ninguna vida en riesgo en ese momento, y tampoco hay un uso racional de la fuerza: reducirlo con un disparo en la pierna podría enmarcarse en una actuación legal. Acribillarlo por la espalda, no. Es un caso de gatillo fácil.

Aunque en uno de sus informes ante el Congreso Marcos Peña aseveró que el Ejecutivo nunca avalaría la violencia institucional, como en tantos otros temas, se desdijeron de sus dichos. El Presidente y la Ministra de Seguridad, teniendo pleno conocimiento de que Chocobar mató por la espalda a una persona, decidieron respaldar su accionar.

No es el primer caso. La titular de la cartera de Seguridad había respaldado a los gendarmes que balearon a niños de una murga, a los que llevaron adelante el operativo ilegal que terminó con la muerte de Santiago Maldonado, a los que reprimieron a mansalva llegando a atropellar personas con saña en las manifestaciones contra la reforma previsional, y a los prefectos que asesinaron a Rafael Nahuel en la Patagonia.

En el día de la fecha, Bullrich sostuvo que quieren imponer una nueva doctrina de seguridad en virtud de la cual todo accionar de las fuerzas de seguridad constituya un “cumplimiento del deber de funcionario público”. Con esta doctrina, los homicidios de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, o el de Carlos Fuentealba, por citar algunos, no habrían sido asesinatos sino “cumplimiento del deber”.

Es un paradigma incluso más perverso que aquel que minimiza el terrorismo de estado apelando a la teoría de los excesos. Según Bullrich, siquiera cabe la posibilidad de un exceso.

El Gobierno está sentando un precedente penoso y temerario para la democracia. Las fuerzas de seguridad tienen luz verde del Estado para hacer lo que quieran sin respetar derechos elementales como la integridad física o la libertad. Tienen licencia para matar. Cuando la violencia es engendrada y promovida desde el Estado, las consecuencias son sumamente graves y dolorosas para toda la sociedad. Argentina tiene una lamentable experiencia en este camino.