Nuevo protocolo: “¡La decisión está, vuelve la seguridad!”

Por Esteban Rodríguez Alzueta*

El macrismo es la mejor prueba de que los cambios son reversibles. Pero el macrismo lleva en su interior sangre peronista también. No lo digo porque algunos de sus dirigentes son o fueron peronistas, sino porque cuenta con el consenso y aporte de muchos gobernadores y legisladores peronistas. Prueba de ello es el Nuevo Protocolo que acaba de presentar el Ministerio de Seguridad de la Nación, en una reunión del Consejo de Seguridad, es decir, con el apoyo explícito de muchos gobernadores peronistas, bajo la consigna “¡La decisión está, vuelve la seguridad!”

El kirchnerismo de Kirchner se había propuesto no sólo no judicializar la protesta, sino tampoco reprimirla. Prueba de ello fueron los 21 puntos, un protocolo elaborado durante las gestiones de Masquelet y Garré, conjuntamente con distintas organizaciones sociales y de derechos humanos. El protocolo funcionó por lo menos hasta que se fue Garré del Ministerio. Luego, el barrabrava de Sergio Berni se encargó de cajonearlo para azuzar a la protesta con la gendarmería. Para Néstor Kirchner no se trataba de perseguir a los manifestantes sino protegerlos en el ejercicio de sus derechos. Algo que nunca entendieron los gobernadores del PJ, o por lo menos la gran mayoría. Por eso en el interior, en los últimos diez años muchos gobernadores continuaron no solo reprimiendo la protesta sino persiguiendo judicialmente a muchos de sus referentes.

Es lo que paso en Misiones con los tareferos o los inundados, con los pueblos originarios en Formosa, los trabajadores rurales de Alto Valle o los referentes de movimientos sociales en Rio Negro, para poner algunos ejemplos sueltos. Ahora bien, es cierto que el Kirchnerismo a nivel nacional no judicializó la protesta pero tampoco la descriminalizó, es decir, nunca se sacaron del código penal los artículos introducidos por Onagnía después del Cordobazo para perseguir a la protesta social durante los 90. Peor aún, sancionó una Ley Antiterrorista que contiene figuras penales abiertas que, en manos de los jueces macristas, es una bomba de tiempo. Y más todavía: Berni contaba con el aval de Cristina Fernández. Para la ex Presidenta había que proteger también a los circulantes, por eso propuso transformar a la Plaza de Mayo en un protestódromo. “Les regalo la Plaza, pero no molesten a los otros ciudadanos”. Algunos legisladores como Carlos Kunkel y Diana Conti, más papistas que el papa, se hicieron eco de las palabras de la ex Presidenta y presentaron un proyecto para regular y encorsetar el derecho a protestar. Como verán ¡no hay que escupir para arriba! El retroceso del que estamos hablando no empezó con Macri.

Algunos de los criterios que se adoptaron con el protocolo de Masquelet-Garré, que son dejados de lado por el protocolo de Bullrich son los siguientes: en cada manifestación se agotarían todos los recursos para garantizar la resolución de los conflictos que no implique daños a la integridad física de las personas, es decir, que la intervención de los cuerpos policiales debía ser progresiva, comenzando por el diálogo; que la negociación no podía estar en manos de quien conduzca el operativo; que cuando las manifestaciones sean muy concurrentes o cuando se preveían riesgos potenciales, el poder ejecutivo debía designar un funcionario político responsable de coordinar todas las acciones y hacer cumplir las normas; que la utilización de pistolas lanza gases estaba prohibida; que las postas de goma sólo podían ser utilizadas con fines defensivos en caso de peligro para la integridad física de algún miembro del personal interviniente, es decir, que no se podía usar balas de goma para dispersar una manifestación; etc.

Por el contrario, el nuevo protocolo no solo amplía las facultades discrecionales de las fuerzas de seguridad sino que impulsa a los jueces a ir tras los referentes de la protesta social. No sólo permite el uso de la fuerza sino habilita hacer tareas de inteligencia política sobre sus manifestantes al autorizar a los agentes policiales a filmar o fotografiar las  manifestaciones públicas. Como durante el menemismo o el gobierno de la Alianza, el Protocolo busca proteger al gobierno de la sociedad civil, es decir, pone al “orden público” por encima de todo. Más aún, no prohíbe explícitamente el uso de arma de fuego en las manifestaciones, ni el uso de balas de goma para dispersar la protesta. Tampoco impone obligaciones de uso de uniforme, ni de identificación de los policías y de los móviles.
El gobierno de Macri se propone repensar a la protesta social con el Código Penal en la mano, más allá de la Constitución y desentendiéndose de los estándares internacionales de derechos humanos que garantizan la actualización de la libertad de expresión a través de la protesta social, es decir, transformando los espacios públicos es cajas de resonancia.

La apuesta es muy conocida para todos aquellos que venimos de la década del 90: se trata de transformar los conflictos sociales en litigios judiciales, y al mismo tiempo, despolitizar la protesta, deslegitimarla. Tenemos muchas razones para estar preocupados. Cuando muchos dirigentes de la oposición no están a la altura del pueblo, o están más preocupados en sus internas políticas o en el reparto de la obra pública, la resistencia nos encontrará otra vez en la calle. Seguramente nos vamos a medir otra vez con las fuerzas policiales y la familia judicial. Hay que cuidarse y no inmolarse. La masificación de la protesta, demandará tiempo y militancia.

*Docente e investigador de la UNQ y la UNLP. Autor de Temor y control. Integrante de la Campaña Nacional Contra la Violencia Institucional y el CIAJ, colectivo de derechos humanos de La Plata.