Santiago del Estero: comenzó juicio por la muerte de 35 presos durante incendio en 2007

Por Nicolás Adet Larcher

Comenzó el juicio por la muerte de 35 internos del penal de varones de Santiago del Estero, los cuales murieron a causa de un incendio generado en 2007. En este marco, serán juzgados los procesados por homicidio y lesiones culposas en concurso ideal: Osvaldo Martín, Carlos Sánchez, Mariano Cuellar, Segundo González, Adrián Bellido, Carlos Salomón, Juan Coronel, Manuel Ocampo y Andrés García.

El caso del incendio en el penal de Santiago del Estero es uno de los peores desastres en la historia del servicio penitenciario argentino. Basta recordar que en 1978, en un caso similar ocurrido en Villa Devoto, murieron 61 internos y que en otro incendio en Olmos, en 1990, perecieron 35. Sin embargo, los medios provinciales y nacionales prácticamente ignoraron el juicio.  

Desde muy temprano se pudo ver a los familiares de las víctimas por los pasillos de tribunales junto a sus abogados. La mayoría de los internos muertos provenía de barrios muy humildes.

Una de las cuestiones que se intentará develar en el juicio es la existencia o no de un motín el día del incendio. En su momento, los familiares de las víctimas aseguraron que “no fue ni una fuga ni un motín; los prendieron fuego, algunos murieron golpeados, otros carbonizados”.

Según esos testimonios los guardias imputados habrían trabado las puertas desde afuera para que los internos no pudiesen escapar del incendio. Sumado a esto, también se denunció que muchos de los presos no solo habían muerto por asfixia, sino que además tenían golpes propinados por los guardias.

Luego del hecho, los familiares de las víctimas denunciaron que eran perseguidos para no realizar reclamos y que incluso hubo ofrecimientos de dinero a cambio del silencio. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), en un informe presentado en aquel momento, declaró que el Estado tenía una responsabilidad directa en las muertes de los 35 reclusos y adjuntó los datos que se habían difundido en 2005, donde se alertaba que el penal santiagueño tenía una superpoblación del 122 por ciento. Advirtió además que de las 444 personas alojadas ahí, 276 no poseían sentencia firme.

En ese contexto, el gobernador de aquel entonces, Gerardo Zamora, emitió el decreto 1725/07, que determinó  la emergencia penitenciaria. El paso siguiente, fue ordenar al Ministerio de Justicia la “optimización, agilización y disposición de lo necesario para reorganizar el sistema penal”.

Durante el transcurso de mayo y junio, el juicio seguirá su marcha y se oirán testimonios de notable interés sobre una de las deudas de la democracia. Aunque por supuesto no tenga la atención de los medios.