"Si prohibieran el uso del arma reglamentaria fuera del servicio, más de la mitad de los casos de gatillo fácil no ocurrirían"

Por Martín Massad

María del Carmén Verdú es abogada y miembro de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional. En diálogó con AGENCIA PACO URONDO RADIO (La Palabra Justa, domingos de 10 a 12, FM La Patriada) analizó los casos de violencia institucional de las últimas semanas.

Agencia Paco Urondo: Otra vez volvemos sobre el tema de los asesinatos de los pibes, que son asesinados por la policía bonaerense o por la policía de la Ciudad de Buenos Aires, como fue hace poco tiempo el asesinato de Lucas González. Y tenemos poca respuesta del Estado, las respuestas que da el Estado son estos asesinatos, en definitiva. ¿Cómo lo vienen viviendo desde la Correpi?

María del Carmen Verdú: Podríamos estar hablando de casos de la policía federal o de la prefectura. Entre Lucas y Luciano, hubo diez casos en distintos lugares del país que no salieron en los diarios, que no tuvieron repercusión. Sea porque no hubo, como en el caso de Lucas, un club de fútbol que tomara la antorcha de salir a desmentir en los medios la versión policial, sea porque no estalló una pueblada como Miramar con Luciano. De manera totalmente silenciosa… en José C. Paz, en Almirante Brown. El caso de Almirante Brown fue un prefecto. O sea, estamos hablando de otra fuerza completamente distinta, federal en este caso. Ha habido casos en la provincia de Tucumán, donde el que mata es un policía de la federal, y así incluso, con por supuesto las provinciales del resto del país. Entonces, estamos hablando de un hecho sistémico, que cada vez que ocurre vienen con “el caso aislado”, “se hizo todo mal”, “el loquito suelto” o “el psicópata reclutado por error”. Y lo cierto, es que seguimos sumando casos con un ritmo que incluso contradice algunas previsiones que hacíamos hace dos años atrás, ante el cambio de gestión del gobierno nacional y de muchas provincias, en particular la de Buenos Aires. Y comenzó por un buen camino, como la derogación de los protocolos Bullrich, por ejemplo. La fundamental, en el mismo mes de diciembre de 2019, pero que, a partir de muy malas decisiones tomadas en el área de la política represiva estatal a partir de la irrupción de la pandemia, resultaron en, por un lado, el sostenimiento de la cantidad de casos de gatillo fácil aun habiendo habido períodos de mucha disminución de la circulación de personas en la calle. Con lo cual, naturalmente tendría que haber descendido, sin decisión política alguna, y sin embargo se mantuvo, tanto el año pasado como por supuesto este. Y, por otro lado, un aumento exponencial de la otra gran variante o modalidad de la represión estatal que son las muertes bajo custodia en cárceles, en comisarías, en institutos de menores, que directamente se triplicaron en período de pandemia.

APU: ¿Qué posibilidades tiene el Estado de frenar este círculo vicioso de la violencia institucional?

MDCV: El Estado, y cuando digo al Estado, me refiero a todos los gobiernos que administran todos los aparatos estatales en los distintos niveles: nación, provincia y ciudad, tiene no sólo respuestas sino al alcance de la mano cuestiones muy simples que podría instrumentar, que modificarían de manera bastante significativa, estos datos objetivos de centenares de casos de fusilamientos en la vía pública o de muertes en lugares de detención. Incluso, respecto a las muertes en lugares de detención, ni siquiera es algo que tienen que inventar. Lo que tienen que hacer es cumplir la sentencia que, en 2003, condenó a la Argentina en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hay que derogar todo el sistema de detenciones arbitrarias. Con lo cual, bajarían automáticamente a la mitad las muertes en comisarías. Muertes como la de Florencia Magalí Morales o como la de Alejandro Martínez, el muchacho de 35 de la comisaría de San Clemente del Tuyú, que no estaban acusados de un delito sino demorados por una contravención que les tendrían que haber notificado en la vereda y seguido su camino. Pero como no se cumplen con esa sentencia, seguimos teniendo personas en comisarías que no deberían estar ahí y que son quienes son sometidas a tormentos y en muchos casos mueren.

Respecto del caso del gatillo fácil, hay algo elemental, si se prohibiese el uso del arma reglamentaria cuando no están de servicio, cuando están de civil, más de la mitad de los casos de gatillos fáciles no ocurrirían, porque se dan en esas circunstancias. Es excepcional, es mucho menor la incidencia en casos como el de Luciano donde el policía estaba de uniforme, supuestamente, en un control vehicular. Pero ahí hay otro elemento que justamente tiene que ver con la excusa oficial que da la policía de que “se le escapó el tiro”. Tienen la instrucción de llevar el arma en condición de disparo inmediato y eso quiere decir, sin seguro, con bala en recámara, o sea que apretás el gatillo, la cola del disparador para hablar técnicamente, y se produce el disparo. ¿Para qué si son dos segundos sacar el seguro y martillar en caso de que necesiten utilizar el arma?      

APU: Se puede visualizar con estos casos que se repite constantemente. ¿Cómo ordena eso usted? ¿Cómo lo ve? ¿Hay una bajada de línea muy fuerte dentro de la fuerza?

MADV: Cuando dan la prerrogativa, la facultad, de portar y utilizar el arma reglamentaria en cualquier circunstancia. Y si enseñan desde que se entra a la fuerza que se cuenta con el estado policial, que es esa condición de ser policía 7x24, así se esté cenando con la familia o viajando en un colectivo después de haber estado 16 horas laburando. Cuando se tiene una conducción de la fuerza, que habilita instrucciones como esta, de llevar el arma en condición de disparo inmediato. Cuando se ve que sistemáticamente frente a cada hecho de gatillo fácil lo primero que sucede cuando el resto de la fuerza llega al lugar, es el encubrimiento, es el parte policial hablando de enfrentamiento, de tiroteo y después, hay un tiro en la espalda o en la nuca. Cuando se ve todo ese andamiaje, que además se complementa fundamentalmente con el propio poder judicial, que toma también ese parte policial a libro cerrado, y después lo primero que hace, ante el asesinato de Lucas y ojo que no era la justicia de la Ciudad, era la justicia nacional porque es la justicia criminal la que intervino allí. Lo primero que hace el juzgado es ordenar la detención de los dos sobrevivientes, de las dos víctimas que no llegaron a ser asesinadas y sólo después de que se incendió la Ciudad, dan marcha atrás, los liberan, les toman declaración como testigos y tres días después se ordena la detención de los policías, en un caso que no resistía el menor análisis, donde además había pibas de testigo, no había armas secuestradas, etc.

Eso es lo que hace que desde Correpi digamos que es completamente irrelevante esa discusión de policía bueno, policía malo. Eso es lo mismo que cuando se hablaba de los represores de la dictadura venían con el planteo de que al menos tenían remordimiento por lo que los mandaban a hacer o tenían pesadillas porque habían estado torturando a una embarazada. Es completamente irrelevante en los términos generales de la política estatal, si el tipo lo hace con gusto y hasta lo disfruta, o lo hace a regañadientes porque no tiene más remedio. Lo concreto es lo que lo mandan a hacer, por eso hablamos de política de Estado y por eso no tiene sentido ese planteo, que muchas veces usted lo hace con excelente buena onda y criterio, pero muchas veces el mismo planteo en las trolleadas macristas, por ejemplo, en las redes viene por el lado de “hay policías buenos, y hay policías malos”, “los malos son una minoría”. Bueno, si son una minoría tenemos un problema de que además hay otra responsabilidad allí que es no sabrían estarlos eligiendo. Porque lo cierto, es que si estamos hablando de no menos de 400 casos al año entre todas las modalidades, evidentemente no es una excepción.

APU: Ustedes todos los años a través de la Correpi hacen un informe anual. ¿Ya está disponible ese informe? ¿Cuándo lo podemos llegar a tener?

MDCV: Lo tenemos terminado. De hecho, el caso de Lucas fue el último que llegamos a registrar porque ya para esa fecha, 21 de noviembre, teníamos que cerrar, diseñar y meter en la imprenta. Con lo cual, nos han quedado durante el año, cantidad de casos por registrar. Estos diez que mencionaba, hasta Luciano, sin ir más lejos. Pero vamos a hacer la presentación del informe, con todos los datos, con la actualización del archivo de los casos, los gráficos, la incidencia por edad, por fuerza, por provincia, etc., el 17 de diciembre, el viernes que viene a las seis de la tarde en Plaza de Mayo. Así que obviamente allí los esperamos. Un informe que tiene una particularidad, primero porque volvemos a la Plaza, por supuesto con todos los cuidados y todas las precauciones que tenemos que seguir teniendo, sobre todo en esta Ciudad de Buenos Aires que va a la cabeza en este pequeño crecimiento de nuevos casos. Va a haber suficiente distancia, sillas, determinación de lugares para que nadie esté pegoteado con nadie. No se va a ver gente sin barbijos ni gente que no esté vacunada. Eso es una cuestión que para Correpi es central, porque además muchísimas de nuestras compañeras y compañeros, empezando por mí misma por una cuestión de edad, somos gente de riesgo. Basta pensar en Estela y Ricardo Rivero, que son los padres del Teca, asesinado en el año 1989 en La Matanza, Rafael Castillo, que es el matrimonio más veterano de todo nuestro grupo de familiares que sigue con nosotros y nosotras, porque muchos otros como Mari Bulacio y Delia Garcilazo lamentablemente han fallecido, son gente de la tercera edad. Obviamente, hasta que no garantizaron que les dieron el tercer refuerzo, no tenían permiso de venir. 

APU: Hay que mantener el cuidado, la pandemia no terminó…

MDCV: El mismo 20 de marzo del 2020, cuando hicimos el primer comunicado comentando y criticando las decisiones tomadas en materia represiva en el decreto de necesidad y urgencia que estableció el ASPO, el decreto 297. Allí mismo, defendimos la medida del confinamiento y del ASPO, pero adoptamos la consigna que hasta el día de hoy venimos sosteniendo en el caso de la pandemia, que es que del virus y de la represión, nos tenemos que cuidar colectivamente y con responsabilidad compartida.