Vicente López: movilización reclamando justicia por Octavio Buccafusco

El miércoles 24, por la tarde, decenas de vecinos, vecinas y representantes de distintas organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos se concentraron en Avenida Maipú y General Martín de Güemes, Vicente López, para reclamar justicia por el asesinato de Octavio Bucaffusco, a principios del mes de septiembre, debido al accionar de un grupo de agentes municipales y de un oficial de la Policía Bonaerense. 

Las personas comenzaron a llegar alrededor de las 18 horas, si bien había presencial policial desde temprano, en parte por el destacamento local ubicado en la intersección mencionada. El pedido estuvo encabezado por Augusto, su hermano, que con un megáfono repasó los nombres de los involucrados y solicitó la presencia de la intendenta Soledad Martínez para esclarecer el hecho. La responsabilidad de las fuerzas de seguridad quedó registrada en cámaras de seguridad, no obstante la carátula de la causa sigue siendo "averiguación de causales de muerte". Los apuntados son el sargento Maximiliano Maguayar y los agentes Gustavo Acosta, Yamila Flores y Natalia Quiroz, que corresponden a la fuerza municipal, y Santiago Nicolás Correa, oficial de la Policía Bonaerense. 

La movilización inició en el lugar donde los efectivos presionaron contra el piso a la víctima hasta perder la vida y, casi una hora más tarde, se trasladó hasta la Estación de Control Urbano para la Defensa y el Orden (ESCUDO) de la Patrulla Municipal, que se hallaba cercada y con presencia de uniformados. A lo largo del recorrido, que incluyó el paso por el frente de la Quinta de Olivos, se pudieron divisar los usuales carteles que el municipio coloca para promocionar su política de seguridad. Martínez, jefa comunal del PRO, nunca apareció ni, hasta el momento, se ha comunicado con algún familiar. Desde Unión por la Patria presentaron en el Concejo Deliberante un proyecto para convocar a Santiago de Jesús, secretario de Seguridad, para que brinde explicaciones sobre el caso, y requirieron un informe detallado del accionar de las fuerzas de seguridad. 

La fiscalía, a cargo de Alejandro Guevara, respalda la versión oficial, aunque desde la querella esperan que los vídeos y testimonios presentados esclarezcan el panorama y fuercen el cambio de carátula en la causa. Guido Miele, uno de los abogados, parte de CORREPI, aseguró que la Comisión Provincial por la Memoria se presentó como particular damnificado institucional. En total, son ocho los representantes legales que se encuentran aportando pruebas y esperando los resultados complementarios de la autopsia.