Bahía Blanca: aires de cambio en la Cámara Federal

Por Diego Kenis

Dos resoluciones emitidas por la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca en los últimos siete días ilustran el cambio de época en el tribunal que esta semana comenzó a contar con cuatro nuevos magistrados, designados por el Consejo de la Magistratura para enmendar la debilidad institucional en que la dejaron las designaciones de apadrinados duhaldistas y un ex agente de inteligencia de la dictadura que ocuparon sus bancas en el tránsito por las últimas dos décadas.

El cuerpo de alzada de la Justicia bahiense sabe ya de cambios bruscos en su identidad, que la han llevado de hito nacional en los ’80 a vergüenza histórica en los 2000. Presidida por Luis Cotter e integrada por Ignacio Larraza, con Hugo Cañón con fiscal, la Cámara fue la única en el país en decidir la inconstitucionalidad de la ley de impunidad por obediencia que el gobierno de Raúl Alfonsín propició en 1987 y los indultos con que Carlos Menem completó el trabajo sucio civil para la impunidad militar en el comienzo de su mandato.

La osadía bahiense no pasó desapercibida y el poder emitió su factura sin aplicar descuentos: en 1990 y con la excusa del exceso de trabajo, la Cámara de Cotter & Larraza vio recortada su jurisdicción y ampliado su número de vocalías, lo que sirvió para el ingreso de Augusto Fernández, de íntima amistad con Eduardo Duhalde y furioso antikirchnerista de marchas tomar. Su vástago Mario Fernández Moreno, al que dejó como herencia en la Secretaría de Derechos Humanos del Juzgado Federal 1, estuvo junto al ex juez subrogante Santiago Martínez en el ojo de la tormenta durante el último trienio por entorpecer causas por violaciones a los derechos humanos y dejar en riesgo de voladura al Juzgado, lo que es literal y no una metáfora: “Ojo: está activado”, advertía un cartel dispuesto sobre un explosivo encontrado en el lugar por el juez Alejo Ramos Padilla al hacerse cargo del Juzgado polvorín.

Al cabo de los ’90, con Fernández padre y Ángel Argañaraz ya integrados, el hostigamiento hacia Cotter se hizo evidente por parte de sus compañeros de Cámara y en 2002, con Duhalde como presidente interino, se produjo el más espectacular de los desatinos: Néstor Montezanti, ex agente de Inteligencia de la dictadura y señalado como miembro de la Triple A, fue designado para ocupar un asiento.

Como Menem, Duhalde era amante de las macabras ironías: si el riojano decretó indultos un Día de los Santos Inocentes, el ex gobernador colocó a Montezanti como juez y designó como responsable del Registro Nacional de las Personas a un represor militar acusado por crímenes de desaparición forzada de personas, el prófugo Miguel Ángel García Moreno.

El juego de la silla

Ese oscuro capítulo acabó hace pocas semanas con la suspensión de Montezanti y su elevación a jury de remoción por el Consejo de la Magistratura y su simultánea declaración como rebelde por la Justicia Federal, a la que burló sin causa veraz en cuatro sucesivos llamados a prestar declaración indagatoria.

La Cámara ya contaba con vacancias nunca enmendadas. La jubilación de Fernández y la muerte de Argañaraz habían disminuido a tres al número de jueces. Antes de su suspensión, Montezanti había llamado a prestar auxilio al jubilado Emilio Planes. Sabe elegir: Planes había sido integrante de la Cámara Federal de tres miembros de los ‘80, junto a Cotter y Larraza, y fue el único del trío que votó en contra de la histórica decisión tomada en 1987 contra la llamada “ley de Obediencia Debida”.

La suspensión de Montezanti agudizó la gravedad institucional y motivó que el Consejo de la Magistratura tomase el toro por las astas y comenzase a considerar la designación de magistrados subrogantes que se hicieran cargo de las responsabilidades de alzada hasta la resolución de concursos para su cobertura definitiva.

En la mañana del 8 de octubre, el cuerpo designó para esa tarea al camarista de San Martín Alberto Lugones, el de San Justo Alejandro Segura, su par de La Plata Agustín Lemos Arias y el magistrado de la Cámara marplatense Jorge Ferro, conocido en territorio bahiense: Ferro preside desde 2011 el Tribunal que ha condenado ya a diecisiete genocidas a prisión perpetua y señalado las responsabilidades de civiles como el ex capellán Aldo Vara y el núcleo directivo del diario La Nueva Provincia.

El último trazo

Antes del desembarco de los nuevos subrogantes, uno de los últimos actos de la Cámara integrada por conjueces fue la apresurada firma de una resolución suscripta por los abogados Omar Vojacek y Javier García, dos magistrados ad hoc que determinaron la marcha atrás de una medida disciplinaria aplicada a Montezanti por el Consejo Superior de la Universidad Nacional del Sur (UNS), donde el ex agente de Inteligencia encabeza tres materias y asesora libros negacionistas que la Editorial universitaria publica y distribuye.

El tránsito del expediente comenzó en 2011, cuando el docente Dante Patrignani elevó un pedido para que se someta a Montezanti a juicio académico por su actividad como Personal Civil de Inteligencia (PCI) durante la última dictadura cívico militar, en un Destacamento que tiene a varios de sus jefes condenados a prisión perpetua, al que ingresó con recomendación del prófugo represor internacional José “Balita” Riveiro y donde prestó servicios bajo el rol de “asesor universitario” y en la categoría más alta del escalafón, que sólo dos agentes ostentaron durante los siete años de dictadura.

El pedido de Patrignani debía pasar en primer término por el Departamento de Derecho, que se tomó su tiempo y recién resolvió la cuestión el 17 de diciembre último para concluir que ese interesante currículum no conllevaba una violación a la ética que demanda el Estatuto universitario para ejercer la docencia.

En otra ironía de almanaque, el querellante fue notificado de la resolución el último día antes del receso estival: el 5 de enero, que para la Universidad es feriado porque su calendario institucional elige seguir festejando la fecha en que el dictador Pedro Aramburu cambió por UNS el nombre de Instituto Tecnológico del Sur con que la había creado su verdadero artífice, el presidente constitucional Juan D. Perón.

Como se trataba de un proceso disciplinario docente, Patrignani consideró el plazo de cinco días para la apelación a partir de la fecha fijada para el comienzo de la actividad académica y no se guió por el calendario administrativo, que reabría las dependencias diez días hábiles antes. El Departamento de Derecho prefirió lo contrario y dejó firme su primera resolución, que fue luego apelada al Consejo Superior.

El máximo cuerpo resolutivo universitario comprendió la gravedad de las acusaciones y, unánimemente, suspendió y elevó a juicio académico a Montezanti, sobre quien se acumulaban denuncias no sólo de lesa humanidad sino también acerca de otras bellas prácticas como encerrar a los estudiantes bajo llave y privarlos de comunicación con el exterior o aplicar jerga castrense y golpes de nuca correctivos a sus empleados de Cámara.

Pese a haber sido advertidos por la Fiscalía General respecto de la inminente designación de subrogantes, Vojacek y García fallaron sugestivamente el mismo día en que el Consejo de la Magistratura confirmó los nombres de Lugones, Segura, Lemos Arias y Ferro para integrar el tribunal hasta la finalización de los concursos. Ambos conjueces se apuraron a firmar preocupados por el “recto servicio de justicia” y la protección del “trámite celerísimo”, y resolvieron dar la razón en la particularísima lectura de feriados y plazos al Departamento de Derecho y, en consecuencia, a Montezanti.

La Nueva Provincia celebró la novedad con un artículo de periodismo militante que repetía una pantalla gigante ubicada en el centro bahiense. Un mes antes, el diario de Vicente Massot había ofrecido dos páginas para un reportaje promocional del ex espía. En la nota de su penúltimo día como juez, Montezanti deslizó que miembros de la clase política podían quedar salpicados por la mediática causa por narcotráfico contra el empresario Juan Suris. El novio de la vedette Mónica Farro finalmente fue absuelto por un Tribunal al que nadie podría calificar de kirchnerista o comunista y que consideró los vicios insalvables de procedimiento y las graves violaciones a las garantías de los imputados durante el proceso, que Montezanti avaló como presidente de la Cámara mientras decidía en cambio la cesantía del ex juez Álvaro Coleffi, que osó aplicar la igualdad ante la ley a Massot y la jerarquía eclesiástica.

Música de Cámara

La primera resolución de la nueva Cámara, fechada el mismo día de la jura de sus miembros, da cuenta de los nuevos tiempos que asoman tras la cortina de oscura impunidad.

Con fecha del 13 de octubre, Lugones, Segura, Lemos Arias y Ferro aceptaron sus designaciones de subrogancia, juraron, distribuyeron los cargos internos entre sus nombres y a éstos en las dos salas que componen la Cámara.

Para todo ello siguieron el Reglamento que la Cámara liderada por Cotter estableció en acordada en 1990. Sólo aplicaron una omisión, imposible en aquellos días: más allá de las particularidades de la jurisdicción, que los nuevos jueces también quiebran, el Tribunal rompió con la dedicación temática por salas que es norma nacional y acordó que “intervendrá en pleno” en causas de Derechos Humanos.

La estatura de la nueva Cámara deberá medirse con el correr de los meses y tendrá como vara de comparación al tribunal de Cotter & Larraza, pero su primera resolución fue ya todo un gesto.