El legado de un imprescindible

Por Diego Kenis

Sólo el ejemplo inmenso que nos queda supera el tamaño infinito de esta tristeza. Su penúltimo mensaje decía que confiaba en nosotros, los y las de la generación que emerge, para continuar la senda que comenzó casi en soledad en los incómodos mediados de la década de 1980. Hugo Cañón murió ayer, como dicen las crónicas que cuesta creer, y es extraño y doloroso comenzar a hablar de él en conjugaciones de Pasado. Por lo inmenso de su trabajo, que logró multiplicar varias veces a aquellos pocos actores iniciales, es que el desafío de continuarlo será menos pesado para los muchos que somos hoy.

Costará, sin embargo, superar el sentimiento de orfandad que primó en notas, posteos en las redes sociales y charlas entre compañeros y amigos. Alejandra Santucho, miembro de H.I.J.O.S. de Bahía Blanca, lo resumió inmejorablemente: “quedamos un poco más huérfanos que antes”.

Eduardo Hidalgo, secretario general de la APDH bahiense, adhirió a esa definición y la consideró la más adecuada para describir el momento. Hidalgo sabe de lo que habla, porque fue de aquellos pocos que acompañaron a Cañón en sus comienzos, cuando en 1986 había dejado de ser Defensor de Pobres y Ausentes para ejercer con la misma coherencia e igual compromiso el cargo de fiscal general que ocupó por veintitrés años. En su ágape de bienvenida a la función, el general José Caridi creyó estar entre camaradas, como siempre, y se llevó una sorpresa. “La Nueva Provincia es propia tropa”, dijo entre otras confidencias. Hugo lo denunció hasta el último de sus días, y subrayó la anécdota una y otra vez para apoyar la acusación contra los directivos del diario por delitos de lesa humanidad, que formularon los fiscales Miguel Palazzani y José Nebbia, quienes continuaron junto a Abel Córdoba la senda de la Unidad de Asistencia para causas por violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado que Cañón organizó cuando pudo retomar las investigaciones que habían dejado truncas las leyes de impunidad e indultos que impugnó.

En 1987, Cañón fue el único fiscal federal que objetó por inconstitucionales las leyes denominadas “de Obediencia Debida” y “Punto Final”, que impedían investigar a cuadros intermedios y ponían un plazo límite a las imputaciones, respectivamente. Desde la estatura que luego perdería, la Cámara Federal contó con las firmas de los jueces Luis Cotter e Ignacio Larraza para declarar la inconstitucionalidad de la ley de impunidad por obediencia y no se pronunció sobre la de Punto Final, porque la eficiente tarea de Cañón y los camaristas había permitido la citación a indagatoria de todos los entonces acusados para el momento de expiración del plazo dispuesto. El trabajo incluyó una extensa indagatoria tomada durante trece días al general Adel Vilas, mandamás de la represión clandestina en todo el sur argentino, que constituye un documento histórico que tres décadas después sigue arrojando datos y confirmaciones.

Tres años más tarde, Cañón mantuvo su línea de conducta al cuestionar los indultos menemistas, lo que le valió presiones desde el Poder Ejecutivo y la Procuración General de la Nación, en movimientos que no horrorizaron a tantos republicanos que emergieron después pero que por entonces ya habían nacido y guardaban un cómplice silencio. Cañón logró mantenerse en su cargo a pesar de un sinnúmero de zancadillas, que incluyeron sumarios e intentos de reemplazo, pero la Cámara Federal de la que era fiscal sufrió el recorte arbitrario de jurisdicción y la contradictoria ampliación de vocalías, en un claro intento de licuar la influencia de los magistrados permeables a sus reclamos.

No obstante, el poder real fracasó en su intento de disciplinamiento y en 1999 la Cámara Federal y su fiscal dieron curso a pedidos de las APDH de Bahía Blanca y Neuquén para abrir un “Juicio por la Verdad”, que permitiera satisfacer el derecho de familiares y sobrevivientes a conocer el destino de los desaparecidos a pesar de la obstrucción del camino penal para lograr justicia por los crímenes de los que fueron víctimas.

Durante ese proceso, Cañón tuvo intervenciones memorables. Una de ellas, cuando desenmascaró al sacerdote Aldo Vara, que había concurrido a declarar bajo un disfraz de buen pastor pero ante sus propias contradicciones mostró de pronto los colmillos y garras del capitán y capellán de Ejército que visitaba a adolescentes secuestrados en un Centro Clandestino de Detención y les recomendaba olvidar todo y no denunciar nada. “¿Usted me está amenazando?”, preguntó Cañón a Vara, cuando el sacerdote perdió la calma y le advirtió que “usted podría ser un desaparecido”. Todavía estaba fresco el recuerdo de las declaraciones del presbítero meses antes, cuando durante una homilía pública había propuesto colgar en la Plaza de Mayo al ex canciller Dante Caputo.

Ese mismo año, Cañón viajó a España para declarar como testigo ante el juez Baltasar Garzón, que se aprestaba a juzgar a los criminales aquí impunes. La Nueva Provincia lo trató de traidor a la Patria, acusación que ahora vuelve a florecer contra la ex presidenta Cristina Fernández, pero el fiscal recibió el respaldo de los organismos de derechos humanos y figuras como Eduardo Galeano y Horacio Verbitsky, lo que muestra que en las veredas iluminadas se encuentran mejores amigos. A CFK y Néstor Kirchner, por su parte, los reencontró presidentes luego de haberlos conocido como estudiantes de Derecho en La Plata y, a contramano de lo que suponen otros escribas, siempre les reconocía que su compromiso con los derechos humanos no había nacido el 25 de mayo de 2003. Solía rescatar que los veía en cada acto platense de reivindicación de la Memoria, en el silencio respetuoso de la última fila y sin buscar cámara ni micrófono alguno.

Cañón se retiró de la Fiscalía en 2009, dejando al cuidado de su legado a su discípulo Abel Córdoba. Buena parte de sus últimos años los dedicó a la militancia en el Nuevo Encuentro, por el que fue candidato a legislador seccional, y en la Comisión Provincial por la Memoria bonaerense, desde donde controló y denunció los delitos contra la dignidad humana en las cárceles de la provincia. Los meticulosos e implacables informes que la CPM elaboró durante su copresidencia quedarán para siempre como piezas documentales de gran valor de denuncia, que marcaron un claro antecedente de la Procuraduría de Violencia Institucional, un organismo cuya real dimensión no se valora aún y cuyos primeros responsables fueron Córdoba y Palazzani, dos de sus sucesores en Bahía Blanca. 

Cuando en noviembre del 2014 renunció a la Comisión, explicó que “la brevedad del ser nos obliga a administrar con cuidado y sabiduría el tiempo útil del que estimamos disponer y establecer cómo utilizar el mismo de la mejor manera”, pero siguió fiel a su coherencia y compromiso, que lo llevaban a estar siempre. El lugar indicado era el necesario y el momento oportuno era aquel en que era llamado.

Así fue su última quincena. El 22 de diciembre declaró en el jury de enjuiciamiento contra Néstor Montezanti, el ex espía de los servicios de Inteligencia de la dictadura que desembarcó en la Cámara Federal en 2002, como respuesta final a la anterior dignidad del tribunal y su fiscal. En su declaración, Cañón aportó elementos hasta ese momento desconocidos y luego poco transitados acerca de los vínculos de Montezanti con miembros de la Triple A como el criminal rumano Remus Tetu y los matones locales Jorge y Pablo Argibay. Horas después se aprestaba a compartir la Nochebuena con Martín Sabbatella, en la AFSCA sitiada por el ministro Oscar Aguad. Las fotografías nos interpelan generacionalmente, nos preguntan si a los muchos que somos hoy nos dará el coraje para mantener tal legado: las imágenes lo encuentran allí, en la primera línea. Donde había que estar, donde Hugo Cañón siempre estuvo.

(Foto: ES Fotografía).