Reflexiones sobre la crisis global: impacto en la democracia liberal y en el derecho internacional, por Mario Firmenich

Por Mario Eduardo Firmenich 

Como marco de análisis de todos los asuntos políticos y muchos asuntos económicos del mundo actual está el hecho de que vivimos un nuevo tipo de guerra mundial originada en que existen, por un lado, un orden global en crisis y, por otro, múltiples actores que tienen estrategias enfrentadas sobre la construcción de un Nuevo Orden Internacional. 

Esta III Guerra Mundial no se parece a las confrontaciones “canónicas” de las 1ª y 2ª guerras del siglo XX. 

Durante dos décadas (1990 – 2010) se fue estableciendo el orden mundial de la globalización neoliberal tras la debacle de la URSS y la irrupción de las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación.  

La globalización entra en crisis con la explosión de la burbuja finbanciera-inmobiliaria global (2007 – 2008), crisis que se agudiza por la emergencia rusa como potencia militar global y la emergencia china como potencia económica global. 

El desarrollo de la confrontación llevó a la estrategia de desglobalización promovida por el gobierno republicano de Trump y el posterior contra movimiento hacia la globalización del gobierno demócrata de Biden, pero manteniendo la líneas de confrontación de Trump contra China. 

Dado que se había establecido un orden global (aunque estructural y políticamente precario, de ahí su corta duración), la guerra global se convierte en una guerra civil global.  En efecto, por un lado surgen los “frentes de guerras civiles internacionales” entre los excluidos y los incluidos de la globalización neoliberal, expresado en la migración de los desheredados de África y Asia en Europa y de América Latina en Estados Unidos. Esta migración fue vivida como “invasión” por los ganadores de la dualización social mundial; la respuesta “ecológica” del establishment económico de la globalización fue que la sostenibilidad exige que se reduzca aproximadamente a la mitad la actual población mundial; los que deben desaparecer, según ellos, son los excluidos del sistema por la globalización neoliberal. 

Por otro lado están los “frentes de guerras civiles nacionales”, entre los habitantes “ganadores” y “perdedores” en cada país del modelo neoliberal globalizado.  La “grieta” política se instala como antesala de la guerra civil en muchos países.  La supremacía del derecho en general y del derecho político constitucional democrático en particular es la regla dominante durante el tiempo de paz. En ese contexto “las protogrietas” entre ricos y pobres sólo son luchas políticas convencionales democráticas, aunque en un ambiente denominado de “crispación”. 

Pero la guerra es “la continuidad de la política por otros medios". A medida que la guerra civil mundial se profundiza, se van sustituyendo los “Medios del derecho" por los “Medios de la guerra". 

Es sabido que el derecho positivo no puede regir en términos prácticos sin la existencia del poder de policía. Esta es la mayor debilidad del derecho internacional. Aunque existen tratados y convenciones que son “leyes” internacionales y a pesar de que se han constituido diversos Tribunales Internacionales, nadie tiene jurídicamente el poder de policía mundial. Cuando una potencia asume por su cuenta el poder de policía internacional, su intervención se convierte automáticamente en un acto de guerra contra otro Estado soberano. 

Las potencias tienden a apoyar a sus aliados en cada país poniendo en segundo plano el derecho internacional. Esa conducta está principalmente iniciada por Estados Unidos, porque es la potencia que toma la iniciativa de ataque global debido a que su hegemonía está cuestionada en diversos aspectos geopolíticos y económicos. La doctrina de la “guerra preventiva” al margen de las Naciones Unidas fue el inicio de esta desvalorización del derecho internacional. 

Por otro lado, la iniciativa estratégica de ataque para conservar o recuperar posiciones de hegemonía lleva a que las luchas políticas internas de algunoos países se vean jurídica y políticamente desnaturalizadas por la injerencia de estrategias geopolíticas del pentágono y/o de la OTAN. 

América Latina (con Nicaragua, Venezuela y Cuba como frentes prioritarios) y los Estados fronterizos con Rusia (Siria y Ucrania como frentes prioritarios) son el teatro de operaciones principal de esa estrategia. Las áreas de posible expansión china y el sempiterno medio oriente son escenarios del conflicto en segundo lugar. 

Los gobiernos de los Estados en los que la oposición política actúa como fuerza beligerante de la estrategia global de una potencia extranjera responden, si pueden, dentro de los límites de su derecho penal y, si no, forzando la interpretación de su derecho penal. La prioridad es asegurar la seguridad del Estado y la soberanía nacional. 

Esto no ocurre sólo en los países donde Estados Unidos aplica su estrategia ofensiva, sino también en cualquier país en que el enfrentamiento entre incluidos y excluidos ponga en cuestión la Seguridad del Estado. Colombia, Ecuador y Chile han sido ejemplos de esto último. Aunque China o Rusia no hayan generado esos conflictos civiles, obviamente les convendrá explotarlos en provecho propio porque ocurren dentro del área de hegemonía norteamericana. 

¿Qué respuesta a este conflicto viene dando hasta ahora “la liga progresista” de América Latina? 

El denominado Grupo de Puebla, hoy hegemonizado por los presidentes de México, López Obrador, y de Argentina, Alberto Fernández, trata de defender una ambigua posición intermedia, negándose a la injerencia intervencionista abierta pero condenando políticamente la dura aplicación del derecho penal a los opositores aliados de Estados Unidos en países como Nicaragua, Venezuela y Cuba. 

Esta ambigüedad de algunos países latinoamericanos se debe a la fuerte dependencia financiera y geopolítica de Washington con la simultánea creciente integración económica hasta de las propias oligarquías agroexportadoras de América Latina con el mercado asiático. Este interés por los nuevos socios del modelo agroexportador tradicional se va aumentando con las inversiones chinas y rusas en industrias extractivas para las exportaciones mineras, con las inversiones en infraestructura y con la transferencia de tecnologías alternativas a las de las multinacionales. 

La dinámica de estos enfrentamientos sociopolíticos en Cuba, Venezuela y Nicaragua no exige solamente un posicionamiento a los gobiernos de la región, sino también a toda la izquierda del continente. Esta izquierda en las últimas décadas ha mantenido sus posicionamientos de solidaridad internacional con los rasgos propios de los enfrentamientos ideológicos del Siglo XX pero “aggiornados” en su accionar político doméstico con el giro ideológico hacia el progresismo liberal, que se fue imponiendo tras la explosión de la Unión Soviética y el consecuente descrédito de las luchas revolucionarias, por un lado, y del dogma marxista por otro.  

Recientemente, por ejemplo, líderes reconocidos como los ex presidentes de Uruguay, José Mujica, y de Brasil, Lula Da Silva, han tenido pronunciamientos críticos sobre la situación política de Nicaragua defendiendo la democracia liberal, objetivamente coincidentes con las fake news impuestas por el oligopolio mediático globalizado. 

¿Qué han hecho políticamente Mujica y Lula? Adhirieron a las posiciones predominantes en el Grupo de Puebla. De hecho, se han alineado con las posiciones diplomáticas de los gobiernos de AMLO y Alberto Fernández. 

La declaración de Mujica fue que las decisiones institucionales de Nicaragua gobernada por el sandinismo le parecían “un sueño, por el que murieron muchos compañeros, que se ha desviado”. Pero su crítica de la supuesta desviación de los ideales revolucionarios de los sandinistas es inconsistente con su gestión presidencial, que no tuvo nada que ver con los ideales revolucionarios de los tupamaros. 

La declaración de Lula fue más sofisticada pero también autocontradictoria; dijo que no sabía lo que ocurría en Nicaragua pero, aun así, le exigió a Daniel Ortega que no abandonara la libertad de empresa y la libertad de prensa que son la base de las libertades democráticas, so pena de convertirse en dictador, dicho con un tono crítico como si supiera que en Nicaragua no rige nada de lo que él exige. Por otro lado, ¿los ideales de Lula Da Silva en 1979 eran la libertad de empresa y la libertad de prensa para sostener la democracia liberal?

Debo refutar las críticas de Lula reiterando las "13 realidades que explican la situación de Nicaragua", que expuse hace pocos días en un documento. La “progresía liberal” latinoamericana tiene posiciones titubeantes porque pretende aparecer como heredera de las gestas revolucionarias de hace medio siglo pero reconvertidos en “la izquierda del sistema” que antes cuestionaban, sin que medie ninguna reelaboración del proyecto transformador de las estructuras de la dependencia nacional y la injusticia social. ¿Qué grado de consistencia tiene este “seudo tercerismo” de los “progresistas de América Latina”? 

Es una posición sustentada en la conducta del avestruz, para no ver que estamos en una guerra mundial que recién comienza y que seguirá agudizando las “grietas” de sus propios países. “Esconder la cabeza” les permite ignorar que la guerra es la continuación de la política por otros medios. 

El caso de México es gravísmo, al extremo de que algunos lo califican de estado fallido; las bandas narcotraficantes que abastecen el mercado de Estados Unidos tienen capacidad para sustituir al poder de policía del Estado en sus “territorios liberados”. La situación de Brasil va camino al cuestionamiento del orden jurídico democrático, como el propio encarcelamiento de Lula evidencia. El caso argentino muestra una crisis socio-económico-política-sanitaria que va camino a reproducir, agravada, sus conocidas hecatombes “cíclicas”. Uruguay no podrá sustraerse a las derivas de Argentina y Brasil. 

Ninguna potencia puede ganar la guerra mundial nuclear. Ninguna clase social ni ningún sector político puede ganar una guerra civil que conduce a la desintegración nacional. ¿Qué podemos hacer? 

He planteado en reiterados documentos políticos y en artículos publicados en revistas científicas1 que esta crisis sistémica que nos arrastra a la destrucción, con tendencia a la desintegración nacional y riesgo para la subsistencia de la especie humana, sólo puede resolverse por la construcción negociada y consensuada de un Nuevo Orden Mundial con un nuevo Sistema Monetario Internacional, y por el pacto de nuevos Contratos Sociales nacionales, antes de que sea demasiado tarde.  

Admito que la experiencia histórica de la humanidad no avala mi deseo.  

Pero tengo la esperanza de que dé sus frutos el conocimiento acumulado de la humanidad sobre:  

a) las guerras pasadas,  

b) la capacidad aniquiladora de las actuales armas de destrucción masiva y de las nuevas tecnologías de la ciberguerra,  

c) la evidencia de los resultados de las recientes guerras civiles en Yugoslavia, Irak, Libia y Siria  

d) el conocimiento científico acerca de la destrucción del equilibrio ecosistémico que nos permite la vida como especie, 

Tengo la esperanza de que todo ello, incentivado por el más primitivo instinto de supervivencia de la especie, permita que las élites gobernantes, en todas las instituciones y en todas partes, sean capaces de entender que, en la realidad actual, la única solución no – suicida es pactar un armisticio realista antes de que la guerra se desarrolle en toda su plenitud.  

La opresión colonialista, neocolonialista e imperialista de los pueblos periféricos del mundo es no sólo una injusticia clamorosa inaceptable, sino también algo catastróficamente insostenible. La explotación económica destructiva de la naturaleza es no sólo la ignorancia de que todos los humanos somos un ser más del sistema vivo de la biosfera, sino también algo catastróficamente insostenible. 

La pretensión de imponer que Estados Unidos sea la potencia beneficiaria privilegiada de un mundo unipolar es no sólo una fantasía inviable, sino también algo catastróficamente insostenible. La pretensión de imponerle a todos los pueblos del mundo el supremacismo institucional del liberalismo individualista es no sólo un colonialismo cultural inadmisible, sino también algo catastróficamente insostenible. 

El desarrollo sostenible necesario para la salvaguarda y supervivencia de la propia humanidad exige consistencia y coherencia de respetuosa sostenibilidad económica, ecológica, social y política tanto en el orden mundial como en cada país.