20 años de 2001: “Nuestra batalla por memoria, verdad y justicia será hasta el final”

Por Diego Moneta | Foto: Enrique García Medina

Veinte años atrás, bajo la declaración ilegal del estado de sitio, Fernando De la Rúa se convertía en el máximo responsable de la represión que dejaría un saldo de 39 muertes en todo el país. La salida de Domingo Cavallo, renuncias del gabinete a disposición, la retirada de Ramón Mestre, ministro del Interior, y hasta de su hermano Jorge, a cargo de la cartera de Justicia, para llegar al helicóptero en el techo de la Casa Rosada. Dos décadas después familiares y amistades de las víctimas siguen luchando contra su impunidad.

Los primeros días de diciembre convocaron a una conferencia frente a los Tribunales Federales de Comodoro Py. El jueves 9 brindaron su apoyo y se concentraron diversas organizaciones y figuras políticas, sociales y de derechos humanos. La principal exigencia era que la Sala I de la Cámara de Casación Penal diera a conocer su fallo por la revisión de penas, lo que finalmente sucedería días después. Aun así, los nueve condenados por los asesinatos de Carlos Almirón, Gustavo Benedetto -quien le disparó fue Jorge Varando, represor de la última dictadura-, Diego Lamagna, Alberto Márquez y Gastón Riva no irán a prisión por la posibilidad de apelar a la Corte Suprema de Justicia.

“El poder judicial nos siguió disparando”

Con esas palabras define Karina Lamagna, hermana de Diego, el accionar de la “justicia” durante estos años dilatando fallos, revisando penas y sin compromiso para con las víctimas. Recién el 23 de mayo de 2016 el Tribunal Oral Federal N° 6 dictaba una primera sentencia para Enrique Mathov, ex secretario de Seguridad, para la cúpula de la Policía Federal, es decir Raúl Roberto Andreozzi, Norberto Edgardo Gaudiero y Rubén Santos, y para otros cinco uniformados de la misma fuerza de seguridad -Carlos José López, Roberto Emilio Juárez, Víctor Manuel Belloni, Omar Alberto Bellante y Ariel Gonzalo Firpo Castro-.

La condena era histórica por considerar penalmente responsables a quienes dieron la orden de reprimir la protesta social. Sin embargo, Mestre, fallecido en 2003, y De la Rúa, sobreseído y que perdería la vida en 2019, lograron su impunidad. Además, el Tribunal sobreseyó a otros dos efectivos - Jorge Daniel Toma y Carlos Alberto Loforte- y absolvió a seis más - Juan Orlando Oliverio, Mario Andrés Seia, Eugenio Figueroa, Sebastián Leonardo Saporitti, Norberto Pablo Sabbino y Horacio Bautista Berardi-. A su vez, María Arena, pareja de Riva, señala la responsabilidad de las políticas económicas de Cavallo, hoy reivindicado desde diversos sectores, incluso dentro del Congreso de la Nación.

En 2020 la Sala I de la Cámara de Casación Penal, integrada por Diego Barroetaveña, Ángela Ledesma y Daniel Petrone, confirmó las condenas pero anuló las penas, que serían reducidas seis meses y quedarían nuevamente en revisión. “Implica devaluar la gravedad de los hechos, el reproche que merecen y el dolor de las víctimas”, postula Rodrigo Borda, abogado de las familiares y del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Tras la presión de los últimos días fueron ratificadas pero los juzgados alegan que sus condenas ya están prescriptas y todavía pueden acudir a la Corte Suprema. “Los recursos deberían ser rechazados al igual que el presentado por Andreozzi hace unos años”, espera Arena. 

¿Néstor no, Alberto sí?

El Estado en su conjunto está en deuda con las víctimas y sus familiares. El primer acercamiento se dio con Néstor Kirchner y derivó en un proyecto de ley que contemplaba indemnización y reparación. Sin embargo, perdió estado parlamentario por falta de voluntad política. “Es una gesta incómoda y nos han dejado solos”, desliza Lamagna, “somos víctimas de aquellas decisiones estatales y lo seguimos siendo”. “La relación, intervención y asistencia fue casi nula”, completa Arena. 

El presidente Alberto Fernández recibió a un grupo de familiares al inicio de diciembre. Busca retomar ese proyecto e incluir a las 39 víctimas. Fernández prometió “volver a redactarlo, presentarlo en los próximos días y seguir hasta las últimas consecuencias”, comenta Arena. Para ella, lo más importante, retomando las palabras de ambos mandatarios, es que es “la forma que el Estado tiene de decir ‘somos responsables’”.

Las jornadas de diciembre de 2001 son parte constitutiva de nuestra historia y actual democracia. Debe mantenerse en la memoria, en los libros. Debe hablarse de Plaza de Mayo, pero también de Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe y Tucumán. Deben respetarse y honrarse las cifras y los símbolos. El 20 se realizará en la Ciudad un acto y se colocarán placas con el nombre de los fallecidos, en paralelo a actividades en el resto de las provincias. “Nuestra batalla por memoria, verdad y justicia será hasta el final”, finaliza Karina Lamagna.