Julia Vitar: Las tramas de la memoria y la justicia en Tucumán

Julia Vitar es tucumana, aunque nació en el exilio de su madre y de su padre. Es abogada y magister en Derechos Humanos y Políticas Sociales. Formó parte del equipo de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad de Tucumán, siendo Fiscal ad hoc del Operativo Independencia.

Recientemente ha publicado "Las tramas de la memoria y la justicia. El movimiento de derechos humanos y el juzgamiento de las violaciones a los derechos humanos en Tucumán", una obra invalorable por el aporte que realiza y el objetivo que persigue: “ser un vehículo de construcción de memoria, para así comprender la dimensión verdaderamente humana de los procesos históricos”. AGENCIA PACO URONDO conversó con ella. 

Agencia Paco Urondo: Recientemente publicaste Las tramas de la memoria y la justicia, un libro q habla sobre  los organismos de Derechos Humanos y los juicios por crímenes de lesa humanidad en Tucumán. ¿Cómo surge este trabajo? ¿Qué representa para vos en tu trayectoria como abogada y militante?

Julia Vitar: El libro recoge, como insumo principal, los resultados de la investigación que llevé a cabo para defender mi tesis y mi título de Magister en Derechos Humanos y Políticas Sociales de la UNSAM. Por supuesto, cuando elegí ese tema para investigarlo en el marco de la maestría tenía que ver, en un primer lugar, con un trabajo que ya venía desarrollando en ese momento, año 2011, como abogada de familiares y víctimas en los juicios por lesa humanidad en Tucumán. Lo que a su vez tiene una relación directa con mi historia personal. Soy hija de exiliados políticos y desde mis primeros años de la carrera de abogacía, es decir desde que tengo 20 años, comencé a participar activamente del movimiento de derechos humanos en Tucumán, en ese momento en la organización H.I.J.O.S. Después, a partir de esa militancia y una vez que me recibí, empecé a trabajar como abogada en los juicios por lesa humanidad, sin embargo ya venía participando de ese proceso desde la facultad. 

Entonces este libro surge; por un lado, en el marco de mi trayectoria académica y por otro lado, y sobre todo, con la necesidad de poder dejar plasmado en un testimonio escrito el proceso de justicia que veníamos transitando en Tucumán y del cual yo venía participando en estas distintas facetas: primero, como afectada directa; segundo, como militante; y tercero, como abogada. 

La publicación del libro cristaliza un testimonio sobre ese proceso, con la necesidad de que esas alternativas de búsqueda de justicia queden escritas a partir de las voces de sus protagonistas que son las que yo retomo. Además, después de haber terminado y defendido mi tesis seguí investigando y publiqué varios artículos en libros y revistas, por lo tanto este libro también está alimentado de ese proceso y por ello abarca un período más amplio que el de la defensa de mi tesis, que fue en 2015, y llega hasta el Juicio del Operativo Independencia que se desarrolló entre 2016 y 2017 en Tucumán.

APU: Acerca de tu militancia en H.I.J.O.S. ¿Podrías contarnos cómo te sumaste, y qué significó esta agrupción para la sociedad tucumana? ¿Cuáles son para vos los principales aportes que hicieron?

J.V: Me sume a H.I.J.O.S en el año 2001, estaba en el segundo año de la facultad y a partir de una serie de situaciones políticas de ese momento: la Ley de Déficit 0 de De La Rúa, y una serie de acciones que se venían dando en la políticas nacional que tenían un impacto directo en la educación universitaria y las políticas universitarias del gobierno, comencé a participar de diferentes espacios organizativos estudiantiles en la facultad y en ese marco conocí a uno grupo de abogadas y estudiantes avanzadas de abogacía que eran militantes de H.I.J.O.S, quienes cuando conocieron mi historia personal me invitaron a participar de la agrupación. Así fue que me sumé a la comisión Hermanos que es la que busca a los niños y niñas hoy jóvenes o adultos que fueron apropiados durante la época del genocidio. Después me integré a la comisión Legales en donde hicimos distintas acciones. En ese momento todavía las leyes de Obediencia Debida y Punto Final no habían sido declaradas inconstitucionales por la Corte; fue más o menos en el mismo momento que se dio la primera declaración de inconstitucionalidad por parte del juez federal Gabriel Cavallo. Entonces era un tema del que se hablaba bastante en la facultad de Derecho, pero aparte de eso mi ingreso a H.I.J.O.S coincidió con el inicio de la investigación en Tucumán del Pozo de Vargas, que fue la primera causa judicial fuerte que se reabrió en Tucumán antes de la declaración de nulidad des las leyes de impunidad y que tuvo y tiene por objeto la búsqueda y la identificación de las personas desaparecidas, inhumadas ilegalmente en esa fosa común. Esta causa fue un cimbronazo para los militantes tucumanos del movimiento de derechos humanos porque en ese momento Bussi era un activo político local, había sido gobernador, era diputado nacional, y de alguna manera la causa del Pozo de Vargas lo que hacía era reabrir la posibilidad de revisar el pasado, sin que ello implique investigar responsabilidades penales porque la causa El Pozo de Vargas es una investigación pericial.

Los organismos de Derechos Humanos en Tucumán tienen la característica de que son bastante pequeños entonces siempre se busca de alguna forma la actuación conjunta. En ese momento la lectura que se hacía era que éramos los organismos de Derechos Humanos, no las agrupaciones en particular. Sin embargo, me parece que H.I.J.O.S, sobre todo H.I.J.O.S Tucumán, que es una de las primeras regionales que se forma en el país, tiene la virtud de haber acercado a una nueva generación de militantes que somos los hijos, a la política, a la política de derechos humanos, a la discusión del pasado, a las reivindicaciones de Juicio y Castigo. Generó un espacio que nucleaba a una generación que estaba atravesando un momento político muy complejo a partir de la vigencia que tenía Antonio Domingo Bussi y su partido Fuerza Republicana. Entonces, creo que H.I.J.O.S, lo que hizo, tanto a nivel nacional como local, fue mover un poco las estanterías de lo que venía siendo el movimiento de derechos humanos y propuso nuevas formas de interpelar a la sociedad, nuevas narrativas y nuevas estrategias. Y también sangre joven, militantes jóvenes. 

APU: En tu libro hacés referencia a la cuestión federal, dando cuenta que hay pocos estudios abocados al análisis de memoria y  derechos humanos en las provincias. ¿Por qué creés que sucede eso? 

J.V: La falta de estudios locales sobre los procesos de Justicia era muy fuerte hace un par de años, desde hace un tiempo se ha modificado, ahora hay cada vez más investigaciones referidas a los procesos locales. Me parece que esta temática, como tantas otras, sigue un poco la impronta de nuestro país que está muy marcada por una mirada hacia y desde Buenos Aires. Y todas las instancias de construcción de la memoria, o de discusión sobre esos marcos históricos, siempre están atravesadas por esa forma de pensarnos desde el centro  a la periferia y es muy difícil que haya espacio para pensar en los procesos regionales. Lo que sucede, por ejemplo, con el espacio de la Ex Esma es claramente así. Si bien, en la Ex Esma funcionó uno de los centros clandestinos más importante del país, esto se da así porque, por supuesto, está en un área geográfica donde hay una gran cantidad de población y tiene un impacto muy grande en lo que es Caba y el área metropolitana. Sin embargo, nosotros vemos que, por ejemplo, en Tucumán tenemos Arsenales que fue el centro clandestino de detención más grande del NOA. En el mismo han sido vistas personas de Catamarca, de Santiago del Estero, de Jujuy, de Salta y muchas de estas víctimas han sido enterradas en el Pozo de Vargas, por supuesto en calidad de desaparecidas, y sin embargo en esta construcción nacional o federal de lo que son las políticas de la memoria, y también en los estudios sobre estos temas, eso está bastante invisibilizado. 

APU: Sobre la cuestión social y el acceso a la Justicia y su vinculación con los sectores populares y rurales ¿Qué es lo que observaste en el proceso de los Juicios?

J.V: Lo que planteo en el libro, más como una interrogante para continuar pensando estos temas, es que el acceso a la Justicia para las víctimas del genocidio ha sido bastante dispar al menos en Tucumán. Porque hay una construcción de ciertos parámetros sobre quienes son las víctimas y de donde provenían. Y esos parámetros, o representaciones, tienen más que ver con los sectores sociales que han podido, en su momento, accionar por justicia, accionar denuncias, hábeas corpus, querellas criminales, y que son por supuesto los casos que primero han llegado a juicio y han tenido un pronunciamiento. 

Y sobre esto, lo digo en el libro, y me parece muy importante decirlo ahora nuevamente, el tema no es que son unos sectores por sobre los otros; ni que el problema de la invisibilización de cierta población víctima es resultado del accionar de otros sectores – medios o medios/altos, universitarios- que si pudieron accionar y acceder a la justicia. 

El problema es que el Estado no ha estado presente, cuando se analiza el proceso de justicia en Tucumán desde la década del 80, lo primero que vamos a ver es que las comisiones investigadoras llegan a tomar denuncias al interior de la provincia, a los pueblos del interior y de las ciudades del sur de Tucumán, porque son justamente las organizaciones de derechos humanos, en particular, los familiares de desaparecidos que ya venían haciendo un trabajo de recopilación de denuncias quienes les abren esas puertas e instan a otros familiares a denunciar. Entonces, ya desde un primer momento, las posibilidades y recursos del Estado fueron bastante escasos y bastante poco abiertos para que sean las víctimas las que puedan acceder a ese proceso. 

En este sentido, hay que tener presente que para lograr acceder a un recurso judicial, a una denuncia, a una querella, se debe tener la posibilidad económica de hacerlo, el conocimiento de cuáles son los mecanismos que se tienen que instar y tener cercanía a los espacios en los cuales se puede denunciar. Lo que vemos en Tucumán, algo que estudió mucho Ana Jemio, en su investigación sobre el proceso genocida en la provincia, es que el genocidio tuvo mayor impacto, en términos de cantidad de víctimas por población, en lo que es el interior y el sur de la provincia. Se trata de pueblos y ciudades que son construidas en relación con la industria azucarera, en su mayoría poblaciones rurales de sectores obreros, asalariados con escasa instrucción y por supuesto con muchas dificultades para acceder a los recursos que les permitan denunciar e instar a los distintos espacios que el Estado tiene para ello. 

A lo largo de los años este proceso ha tenido sus momentos de más y de menos; porque también hay muchos investigadores, como Daniel Feierstein, que señalan que existen momentos cumbres cuando ciertas situaciones, por su repercusión pública, generan mayor difusión y acercamiento de las víctimas y de las personas a denunciar lo que les pasó durante el terrorismo de Estado, y eso denota en curvas ascendentes, etc. 

Pero lo que se ve en todos los casos, es que esto no tiene que ver con la acción presente y constante del Estado, tanto nacional como provincial. El hecho de acercarles a las personas, a las víctimas y a sus familiares, los recursos para que puedan efectivamente denunciar. Vemos una gran desprotección y falta de acceso a la justicia, a la reparación y al reconocimiento por parte del Estado sobre todo en las víctimas rurales.

APU: En cuanto al juicio del Operativo Independencia, observás que para la mayoría de las víctimas testimoniar en los juicios no fue algo reparador. ¿Por qué pensás que fue así?

J.V: Cuando hablo de la cuestión del testimonio en relación con las víctimas del Operativo Independencia me refiero a lo siguiente. El juicio del Operativo Independencia lo que hizo fue develar toda una trama de vulneraciones de derechos en poblaciones que resultaron muy impactadas, durante una situación que prácticamente podemos calificar de ocupación territorial por parte del Ejército a partir de febrero de 1975. Lo que hemos visto en el escenario judicial -algo que al menos a mí me impactó muy fuertemente- ha sido la presencia de actores que normalmente no tienen el espacio para ser escuchados ante un tribunal de justicia, en el marco de los procesos judiciales en general, y de los de crímenes de lesa humanidad en particular.

Es un perfil de víctima que escapa a la clásica representación de la víctima del genocidio: no eran jóvenes -mujeres o varones- universitarios, o estudiantes universitarios, con militancia política claras, pobladores de los centros urbanos, y, sobre todo, la mayoría de estas personas fueron secuestradas y luego libertadas, es decir no están desaparecidas. El Operativo Independencia lo que nos muestra es una víctima de los sectores populares, obreros, asalariados, en su mayoría habitantes de las áreas rurales de la provincia, pequeños pueblos, pequeños caseríos, colonias de obreros azucareros o de obreros del citrus, o trabajadores de fábricas ubicadas sobre el cordón industrial en la ruta nacional N° 38 en Tucumán e instaladas luego del cierre de los ingenios en 1966.

Entonces lo que vimos en este perfil de víctimas es que no forman parte de los sectores históricamente integrados y representados en el movimiento de derechos humanos y no han ido acompañando la discusión sobre la necesidad de los juicios y el valor que tiene la declaración testimonial. Es decir, no tienen aprehendido, o representada a la actuación de la Justicia como reparadora.

En muchos de estos casos hemos visto a personas que no estaban preparadas para afrontar la situación del testimonio. Y ese testimonio, en el contexto en que se produjo, no terminaba resultando reparador sino revictimizante; primero porque el resultado de ese proceso -su sentencia judicial- fue en general muy pobre. Me refiero a esto en el capítulo del libro, cuando señaló que el tribunal utilizó argumentos muy cercanos a la teoría de los dos demonios para absolver a muchos de los acusados, y por ende justiticativos del accionar represivo ilegal. El resultado es una víctima sin justicia, sin reconocimiento y sin reparación.

Por otro lado, porque estas personas que declararon en ese proceso, tienen muchas  cuestiones en su vida cotidiana y material no resueltas, hablamos de personas sin acceso al trabajo y a la educación -muchos de los y las testigos eran analfabetos-. Esto se vincula directamente con la ausencia del Estado y también con las huellas que los crímenes del terrorismo de Estado han dejado en sus vidas en términos de capacidad de volver a conseguir nuevos trabajos, o de volver a ingresar a los estudios que han tenido que dejar a partir de la situación de trauma que le ha dejado el secuestro.

APU: También hablás del rol de las mujeres en el movimiento de derechos humanos en Tucumán ¿Cómo fue ese rol, y cómo lo es hoy?

J.V: Creo que el rol de las mujeres en Argentina en general, pero bueno me aboqué a estudiar el caso tucumano, es muy preponderante. Eso tiene muchas explicaciones más de orden sociológicas vinculadas principalmente al momento en que surge el movimiento de derechos humanos, que es durante la última dictadura militar, y la población víctima de desaparición forzada, que eran mayoritariamente jóvenes. En la organización de las familias y su economía, de claro corte patriarcal, los varones eran lo que se conoce como breadwinner, o sea los que salían de la casa a trabajar y ponían el pan sobre la mesa y las mujeres eran quienes estaban en su mayoría abocadas a las tareas de cuidado y domésticas. En ese contexto, fueron estas mujeres las que se encargaron de salir a buscar a los hijos y desarrollaron las acciones de búsqueda y denuncia, de reunión con otras mujeres. Hablamos de las madres, y/o abuelas, hermanas, esposas. Respecto de las esposas, también es importante señalar que son mucho más los varones secuestrados que las mujeres, en términos de porcentajes, porque la política seguía siendo vista como una actividad varonil.

Asimismo, en Tucumán sucede que la mayoría de las grandes impulsoras del movimiento de derechos humanos son mujeres. También las abogadas han sido mujeres, en la década del 80, y después a partir de la reapertura de las causas, muchas de las abogadas que hemos participado somos mujeres. Creo que eso también es una impronta particular en el desarrollo de la militancia de los derechos humanos.

APU: Por último, enfocándonos en la militancia política de las personas detenidas - desaparecidas y exiliadas ¿creés que todavía falta una mayor reflexión sobre la misma? ¿Y cómo relacionas esto con la teoría de los dos demonios? ¿Cómo ves a la sociedad hoy frente a esta teoría? 

J.V: Creo que la militancia política de las personas detenidas desaparecidas y de los exiliados ha sido bastante discutida desde el 2003 en adelante. Ha sido algo que se ha puesto en debate, algo que se ha puesto en contradicción en los juicios, inclusive en Tucumán las condenas por los tormentos están agravadas en calidad de perseguidos políticos. Se abordó inclusive la cuestión del genocidio de los grupos políticos. Entonces, creo que sí hay un debate sobre eso en el ámbito judicial. También creo que la discusión acerca de las opciones políticas de las víctimas, sobre todo pensando en las formas de accionar más radicalizadas lo que es la lucha armada, no necesariamente deberían darse en el marco de los procesos penales. Lo que sí es cierto, es que una parte muy importante de la construcción de la memoria de ese pasado se ha producido a partir de las sentencias y de los debates orales, pero hay un montón de otros espacios en donde se siguen discutiendo estas temáticas y que creo que tienen la capacidad y la maleabilidad para poder debatir de una forma más sincera, más llana, más abierta, más profunda, lo que fueron las opciones políticas de la generación de los 70,pensando bastante en el contexto actual histórico político y económico en el que vivimos. 

Me parece que en la década de los 80 esto no fue discutido porque en ese contexto hubo una decisión de plantear las cosas de manera tal, en la cual no se discutía la opción política de las víctimas, porque el discurso reinante era el de los dos demonios. Era un discurso sostenido por los jueces del Juicio a las Juntas, por la CONADEP, por el presidente Alfonsín y por amplios sectores de la sociedad. 

En esa perspectiva la estrategia del movimiento de derechos humanos fue no hablar de la militancia política, porque hacerlo ponía en juego la posibilidad de que se responsabilice a las víctimas por lo que pasó. Recordemos que los dos demonios parte de pensar que la el Estado responde de manera violenta al accionar, también violento, de los grupos políticos, ósea el accionar del Estado se justifica en la violencia desmedida de las agrupaciones armadas, en ese marco, la sociedad es la víctimas de la acción d esos dos demonios. Desde esa perspectiva, solamente se juzgan y castigan los excesos en la represión política, es lo que sucedió en los ochenta.

Creo que hoy siguen existiendo sectores que sostienen la teoría de los dos demonios pero no es lo principal. Hay otras políticas de memoria también en pugna, y creo que tenemos que seguir debatiendo sobre estos temas.

Datos sobre el libro

El libro fue publicado por la Editorial PROHISTORIA y forma parte de la colección Tiempo Presente. 

Se puede adquirir on line en la página de la editorial https://prohistoria.com.ar/index.php#!/producto/2672/