San Miguel creó una policía que para la oposición es "ilegal"
Por Rocío Cereijo
En diálogo con AGENCIA PACO URONDO, la diputada provincial por el Frente Para la Victoria, Lucía Portos, habló acerca de la ordenanza que el intendente de San Miguel, Joaquín De la Torre, del Frente Renovador, aprobó a través del Concejo Deliberante para la creación de una fuerza policial. Para la oposición no "respeta los parámetros establecidos por la legislación provincial y la nacional".
APU: Se reunió con la ministra de Seguridad Cecilia Rodríguez para expresarle su preocupación por este proyecto, ahora ordenanza, del intendente de San Miguel para crear una fuerza policial ¿Qué respuesta obtuvo?
Lucía Portos: La verdad es que la ministra fue muy ágil en la respuesta. La llamamos ni bien nos enteramos de la aprobación en las comisiones de este proyecto, el lunes pasado, y nos gestionó la reunión para el martes. Pudimos charlar con los compañeros concejales del espacio y nuestro precandidato a intendente, Bruno Baschetti, le llevamos el proyecto que se había presentado por el Ejecutivo Municipal.
La verdad que nadie puede entender que un abogado, intendente de un municipio, piense en eso como una herramienta jurídica válida. Es un proyecto donde se plantea, no solamente crear una policía municipal por ordenanza, sino que, además, se prevé que esté armada. O sea, que verdaderamente vulnera el derecho constitucional argentino, el derecho provincial y las leyes que regulan la materia de seguridad, tanto a nivel Nacional como a nivel provincial.
La ministra se puso a disposición de nosotros y tuvimos una muy buena charla donde, también, su equipo jurídico los puso en el marco de situación de cuál es la posibilidad de crear fuerzas de seguridad en este país. Todos quedaron, más que consternados, sorprendidos, porque nadie puede creer que esto sea una propuesta política seria.
APU: ¿Qué diferencias tiene con la policía comunal, presente en algunos municipios?
LP: La diferencia sustancial es que la provincia tiene potestad de crear policías y garantizar la seguridad de los habitantes. O sea, que esas son herramientas legales y esto es ilegal, eso es lo primero que hay que mirar.
Lo segundo es esta cuestión política de que fue el mismo Frente Renovador el que se negó a aprobar el proyecto de ley en la Cámara de Senadores, lo que obligó al gobernador a sacar un decreto y a crear un nuevo a la Policía Bonaerense, que se llama policía local o policía comunal. A esto han adherido la mayor parte de los distritos de la primera electoral. Creo que en ese entendimiento en el que había quedado atrapado el intendente, porque no podía adherir por haberla criticado tan duramente, al ver que los distritos vecinos están recibiendo flujo de recursos para garantizar mayor cantidad de efectivos y mayor cantidad de material rodante, como vio que no podía salir de la trampa dialéctica en la que él mismo se había metido, intenta esta solución que es absolutamente inconstitucional.
Aparte no tiene ningún mecanismo de control: el intendente va a ser jefe de una policía creada por él; por sus 22 concejales, con su propio control y dándoles armas. Es una locura.
APU: Teniendo en cuenta que hoy se aprobó esta ordenanza: ¿Cuáles son los pasos a seguir ahora?
LP: Queremos ver si el intendente la promulga; todavía seguimos confiando en que va a tener en cuenta lo que estamos diciendo como oposición, aunque seamos una verdadera minoría en el Concejo Deliberante.
Si se da la promulgación, por supuesto, vamos a accionar legalmente, porque esto es de una inconstitucionalidad flagrante. No se pueden tolerar este tipo de normas diferente de nuestro ordenamiento jurídico.
Además, hay que hacerle saber a los vecinos de San Miguel, de la primera sección electoral, porque es algo que impacta en toda la zona; que estamos hablando de una irresponsabilidad política tan grande con una demagogia de campaña. Ayer nos juntamos también con el director del RENAR y nos decía “nosotros no podemos habilitar la compra de armas para una policía que es ilegal, que no existe. Esto no va a funcionar nunca”.
Nos parece que, llegar a este punto, daña mucho al sistema democrático en el cual el intendente no confía, está claro; es un firmante de solicitadas a favor de la dictadura en plena democracia. Así que está claro que desconfía del régimen democrático.
APU: ¿Qué postulaba esta solicitada a la cual hace referencia?
LP: Era una solicitada firmada por muchas personas importantes de la comunidad, personal judicial, si mal no recuerdo. Se solicitaba la solidaridad con miembros de la dictadura por su “lucha contra la subversión”. Esto en plena democracia y con los juicios por crímenes de lesa humanidad en vigencia.
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