Escuchas: la Corte postergó el traspaso

Por Santiago Gómez

Los tres miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación acordaron postergar el traspaso del Departamento de Intercerceptación y Captación de las Comunicaciones (DICOM) del Ministerio Público Fiscal al supremo tribunal, tal como estableció por Decreto el presidente Mauricio Macri en el día de la fecha, para el 15 de febrero, argumentando que para cumplir con lo ordenado en el decreto 256/15 "es necesario crear y organizar una estructura apropiada con responsables jerárquicos idóneos destinada a controlar la tarea del personal y el funcionamiento del área que se pretende transferir así como para autorizar , firmar o suscribir los oficios a las empresas responsables de ejecutar las derivaciones de las comunicaciones". De esta manera, hasta el 15 de febrero la tarea de escuchas seguirá bajo el control del DICOM, que dirige Cristina Caamaño. La Corte estableció que la medida adoptada es "sin perjuicio de la evaluación que esta Corte pueda efectuar sobre la validez del decreto 256/15 en ejercicio de sus facultades constitucionales".

Con la acordada los miembros del máximo tribunal le marcaron un límite al presidente Mauricio Macri, que viene gobernando sin respeto alguno por las formas republicanas y el respeto institucional. El primer freno le llegó cuando intentó colocar por decreto a dos miembros de la Corte Suprema y esta es la segunda vez que el poder judicial le marca la cancha. Así como hay un sector de la corporación judicial cuyos intereses coinciden con los del macrismo, lo cierto también es que a los jueces no les gusta que le digan lo que tienen que hacer, como probó la resistencia que impidió la aplicación del proyecto de democratización de la justicia implementada por el kirchnerismo.

La aclaratoria de la acordada, respecto a que la postergación del traspaso no implica que la Corte pueda declarar inválida la medida, se corresponde con la misma estrategia discursiva utilizada cuando en medio de la batalla judicial por la Ley de Medios fallaron que cualquier juez podía declarar la inconstitucionalidad de la ley, anticipando que declararían la constitucionalidad de la normativa. El tiempo dirá si deberá leerse en el mismo sentido el aviso de que podrán declarar inválido el decreto, considerando que el mismo interviene en la normativa penal, algo que según Cristina Caamaño no se puede realizar.

Cabe recordar que durante la presentación del proyecto de Ley que creó la Agencia Federal de Inteligencia realizada en el Senado de la Nación por Oscar Parrili, Juan Martín Menna y Carlos Zannini, el ex Secretario de Legal y Técnica de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner aclaró que la interceptación de las comunicaciones dentro de la órbita de la Cortes Suprema de Justicia es jurídicamente errado "porque pondría en cabeza de la Corte Suprema de Justicia la producción de prueba ordenada por los jueces. Y en algún punto no quedaría suficientemente claro su imparcialidad para cuando las causas, que se diriman en función de la prueba colectada, tengan que ser decididas también por la Corte Suprema de Justicia. Con el nuevo Código Procesal Penal y con la figura de la Sección Cuarta de la Constitución de la Nación Argentina el lugar indicado para que se produzca esa prueba es para quienes tienen la tarea de producir la prueba en los juicios, que son los fiscales". 

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