"Esto es una denuncia política armada por Bonadío"

El ex ministro de Economía y actual diputado nacional, Axel Kicillof, aseguró hoy que la causa del dólar futuro está basada en una denuncia "política, armada y sin acusación". "No hay ningún delio ni de corrupción ni de cohecho", señaló al hablar con la prensa tras presentarse ante Bonadio en Comodoro Py.

Kicillof advirtió que se trata de una "denuncia política armada”, donde no hay ninguna acusación. "Se llama a testigos que son todos de Cambiemos, y se busca enjuiciar nuestra política económica".

"Me sentí muy tranquilo porque esta causa es una vergüenza escandalosa, no hay tal delito, no hay tal acusación", afirmó. "No es un negociado ni una causa de corrupción. En las mil páginas del expediente no contiene ninguna denuncia sobre eventual beneficio a un funcionario de la anterior gestión".

Fragmentos del escrito presentado por Axel Kicillof al Juez Bonadío en el marco de la causa por dólar futuro:

Sr. Juez Bonadío.
Empecemos desde el principio. Pese a lo que se ha tratado de insinuar, la llamada “causa dólar futuro” no es un “negociado” ni una causa de corrupción. De hecho, en las 1.000 páginas del expediente, no hay ninguna denuncia sobre un eventual beneficio a algún funcionario, empresario u otra persona vinculada a la anterior gestión. Si bien al inicio de la investigación Ud. citó a numerosos “testigos” para averiguar si el Banco Central le había vendido “dólar futuro” a algún amigo o conocido para así favorecerlo, insistiendo en obtener “las listas” de los que compraron, finalmente comprendió que la operatoria en el mercado de futuros se realiza en una “pantalla ciega”, es decir, resulta imposible para el vendedor, por la naturaleza del sistema, conocer la identidad de los compradores y viceversa. Por eso, al volverse evidente que no existió ningún hecho de corrupción, lo que se investiga en esta causa fue mutando sobre la marcha, en búsqueda de algún delito del que inculparnos.

¿De qué delito se nos acusa ahora entonces? A ciencia cierta, aún no lo sé. En las 1.000 páginas no hay ninguna explicación al respecto. Sólo se sostiene que el Banco Central realizó contratos en pesos atados al valor futuro del dólar a un precio que, según se intenta (infructuosamente) demostrar, es “distinto al de mercado”. Sinceramente, Señor Juez, la acusación es tan absurda que no sé por dónde empezar la explicación.

Indudablemente, cada vez que el Banco Central interviene en un mercado lo hace “con fines regulatorios del precio de mercado”, cualquiera sea ese precio: la tasa de interés, el dólar presente, los contratos en pesos atados al valor futuro del dólar, los títulos públicos. Si este accionar estuviera prohibido, si fuera ilegal, simplemente no existiría la política monetaria. Ni existirían los bancos centrales como reguladores del mercado. Esto no es una práctica argentina, sino que todas las autoridades monetarias del mundo realizan intervenciones en diversos mercados con el objetivo de alterar los precios vigentes de acuerdo a las metas de política económica que buscan alcanzar.

Señor Juez, en la causa Ud. comprobó, además, que el Banco Central de la República Argentina interviene en el mercado de dólar futuro como lo hace la mayoría de los bancos centrales del mundo. Es una operatoria normal y parte habitual de la política cambiaria. La investigación se enfocó luego a demostrar algo prácticamente esotérico: si el precio que fijó el banco central era o no el “correcto”, o, como dirían los economistas aristotélicos del medioevo, el precio “justo”. Así, si el Banco Central vendía por debajo o por encima de ese precio, la operatoria podría cuestionarse y perseguir por vía legal al que fijó ese precio. La tarea es ímproba: es perfectamente legal que el Banco Central opere en el mercado y que fije el precio que le parezca conveniente. ¿Cuál debía ser dicho precio? Para averiguarlo, usted citó a declarar a numerosos economistas, todos ellos pertenecientes a la Alianza Cambiemos o claramente alineados con sus ideas políticas y económicas, para preguntarles si el precio del dólar que fijó el banco central en esos contratos era “adecuado”. Todos los economistas de Cambiemos opinaron, previsiblemente, que no. Sin embargo ninguno de ellos dijo, porque sería absurdo hacerlo, que fijar un precio distinto al que ellos creen correcto pueda ser un delito. Es más, en el expediente tiene lugar un verdadero debate porque los economistas de Cambiemos no consiguen ponerse de acuerdo. ¿Cuál sería el precio “adecuado” o “correcto” para los contratos en pesos atados al precio futuro del dólar? Alguno dice que debería haber sido igual o que es comparable al del “dólar bolsa”, otros al de los “forward” en dólares de Nueva York, otros al del “dólar link” en el mercado local y otros al del dólar corriente más la tasa de interés en pesos. La diversidad de opiniones existe y es válida. Pero es imposible afirmar que la venta de contratos atados al valor del dólar futuro a un precio distinto es un delito.

Luego, el expediente parece preocuparse por el monto operado y las ganancias o pérdidas que tuvo o iba a tener el Banco Central con esa operatoria. En primer lugar, hay que aclarar otra cuestión, también obvia. Cada vez que el Banco Central interviene en un mercado, obtiene ganancias o pérdidas contables, por definición. Pero el Banco Central no es un banco comercial privado que persigue la máxima ganancia. Lógicamente, su Carta Orgánica no habla de un fin de lucro. Su función es distinta: hacer política monetaria, no tener las máximas ganancias o evitar las pérdidas.

El absurdo de esta denuncia puede demostrarse también, y de manera más contundente, con el manejo de la política monetaria por parte del gobierno de Macri. La megadevaluación de la moneda argentina que implementó el actual gobierno, mayor –por ahora– al 50%, estuvo acompañada de una fuerte suba de la tasa de interés. Si se siguiera el criterio que intenta imponer esta causa, habría que hacer una denuncia al presidente del Banco, al Ministro de Hacienda y al Presidente de la Nación. Me explico. El Banco Central fijó la tasa de interés que le paga a los bancos en 38%. Es altísima. Claramente, no es una tasa “de mercado” según el criterio de los propios economistas de Cambiemos, porque si Usted va un banco comercial privado y deja su plata, no le van a pagar más de 29%. De hecho, eso es lo que están haciendo los bancos: usted pone un plazo fijo, le pagan 29% y ellos se dan vuelta, le prestan su plata al Banco Central a una tasa mucho más alta “que la de mercado” y tienen una formidable ganancia, sin riesgo alguno. Así como lo escucha. Esta operación que se realiza con un título llamado LEBAC la vienen haciendo desde diciembre y el BCRA ya acumuló una deuda de 475.000 millones de pesos en forma de LEBAC. Si se mide desde la perspectiva de las pérdidas, el Banco Central va a perder una fortuna. El “costo” de esta medida será de más de 150.000 millones de pesos en el año. Muchísimo mayor que la supuesta “pérdida” que se analiza en este expediente. Del mismo modo que se intenta hacer aquí, podría acusarse a las autoridades de operar “fuera de precio de mercado” y causarle gigantescas pérdidas al Banco Central. Sin embargo, no le estoy sugiriendo hacerlo. Aunque no estoy en modo alguno de acuerdo con pagarles a los banqueros esa tasa de interés, muy bien sé que se trata de una política económica (liberal) de este gobierno. Se puede estar de acuerdo o no, pero seguro no es materia del derecho penal, no es ilegal y no es delito.
Este absurdo conduce a pensar, entonces, que el Banco Central debería pedirle permiso a algún miembro de la justicia cada vez que interviene en el mercado. Con este criterio, sería el Poder Judicial y no el Banco Central el que debería determinar el precio en todos los mercados, único modo que tendrían las autoridades de evitar ser juzgadas.

Pero volvamos a lo que se cuestiona en esta causa. Lo que ocurrió en la segunda mitad de 2015 con el mercado cambiario es también conocido. Fue, como sabemos, un año electoral. Al repasar la historia argentina se observa que la incertidumbre política propia de un cambio de gobierno se traduce también en incertidumbre económica. Por motivos que no pretendo explicar aquí, cada vez que se presentan situaciones de incertidumbre ciertos actores económicos tienden a “refugiarse” en el dólar. A ello hay que agregar que ciertos sectores empresarios buscan casi siempre provocar una devaluación de la moneda, simplemente porque cuando esto ocurre se benefician económicamente.

Sin ir más lejos, desde 2003 se sufrieron 9 corridas cambiarias. Cuando se produce una “corrida cambiaria” las autoridades pueden tener dos reacciones: o el Banco Central se resigna a una fuerte devaluación –dejando “flotar” el tipo de cambio–; o, el Banco Central enfrenta la corrida con los instrumentos financieros de intervención de los que dispone. En particular, el gobierno del que formé parte no juzgaba positivo para el país que se produjera una fuerte devaluación en el segundo semestre de 2015. Puedo explicar sintéticamente los motivos; cuando el peso se deprecia violentamente, en Argentina, suelen ocurrir dos cosas: primero, se acelera la inflación y luego se produce recesión. Sobre estos efectos de la devaluación existe un acuerdo bastante generalizado. Si no lo hubiera, de todos modos, basta con repasar los efectos que está teniendo la devaluación llevada adelante por el actual gobierno.

Los principales objetivos de política de nuestro Gobierno fueron el crecimiento y la inclusión social, es decir, la producción y el trabajo argentinos. Si Usted observa la Ley de Presupuesto (N°27.198), verá que, para el año 2015, teníamos previsto un crecimiento positivo del PIB de 2,3% anual. Hace pocos días, el actual gobierno nacional dio a conocer la estadística de crecimiento del año pasado que arrojó 2,1%. En un marco de crisis internacional, derrumbe del precio de las commodities y caída del PIB de -3,8% de nuestro principal socio comercial, Brasil, podría decirse que el objetivo de crecimiento se cumplió más que razonablemente. Este crecimiento no es obra del azar, sino que para alcanzarlo fue necesario ejecutar y coordinar múltiples acciones, de numerosas dependencias del Estado.

Lo que no puede discutirse es que este panorama cambió radicalmente una vez que asumió el nuevo gobierno. El gobierno de Macri simplemente aplicó, de momento, una variante del clásico plan económico de corte liberal, que se inició con la megadevaluaciòn de la moneda acompañada por la liberalización del comercio, la reducción de los controles que evitan la fuga de capitales, la búsqueda de endeudamiento externo a cualquier costo, el agudo incremento de las tarifas de los servicios públicos, la reducción de las retenciones a las exportaciones, el fin de los acuerdos de precios con los privados, despidos y cierres de numerosos programas del Estado, encarecimiento del crédito, contracción fiscal y monetaria (ajuste), entre otras. Al menos, hasta el momento, puede afirmarse que gracias a este programa económico la inflación aceleró drásticamente su ritmo hasta alcanzar un sostenido 4% a 6% mensual. También comenzaron los despidos y los cierres de establecimientos que redundaron en la pérdida de más de 110.000 empleos. La devaluación condimentada por el ajuste, la apertura y la liberalización dan como resultado, previsiblemente, la inflación y la recesión que se están observando.

Como dije, la política económica de nuestro gobierno no incluía una mega-devaluación de la moneda en 2015 pero ambos candidatos presidenciales sostenían que tampoco la realizarían en 2016. Hay innumerables declaraciones de Macri y Scioli, registradas por la prensa gráfica y audiovisual, en las que aseguraban que no iban a devaluar (de las que dejé constancia en mi declaración). En ese marco, el Banco Central se dedicó a asegurar la estabilidad cambiaria, tal como sostiene su Carta Orgánica (art. 3). Para cumplir con esta función, los bancos centrales de todo el mundo disponen de varios instrumentos. El primero de ellos es intervenir en el mercado del dólar corriente (spot) comprando o vendiendo dólares. Otro instrumento es la intervención en el llamado mercado de “dólar futuro”. Explico brevemente de qué se trata porque el nombre puede resultar engañoso: en rigor, no se trata de “dólares” ni de “futuro”.

Vamos por partes. Las operaciones de dólar futuro se realizan con contratos llamados “derivados”. Se pactan íntegramente en pesos y se encuentran atados al valor del dólar en un determinado plazo. Su funcionamiento es el siguiente: permite que dos partes pacten (anónimamente, a través del sistema de “pantalla ciega”) entre ellos un determinado valor para una determinada fecha, digamos, para dentro de un mes. Supongamos que el dólar corriente vale $9. Dos privados se ponen de acuerdo en un valor de $11 dentro de un mes. Uno de ellos pondrá la diferencia si, transcurrido un mes, el dólar vale más que $11 y el otro pondrá la diferencia si vale menos. El monto de la diferencia se pone en pesos. No está en juego ni un solo dólar. Estos contratos pueden venderse en el mercado y su precio es el llamado “dólar futuro”.

¿Por qué los bancos centrales intervienen en el mercado de dólar futuro? Porque, como ocurre en muchas decisiones económicas, el futuro ejerce una poderosa influencia sobre el presente a través de las expectativas que se forman los agentes económicos. Si hoy el dólar valiera $15 y en el mercado se estableciera un “dólar futuro” para dentro de un mes a $20, se estaría admitiendo indirectamente una devaluación, el efecto sería similar al que si la devaluación se produjera hoy mismo. El dólar a $20 dentro de un mes se convierte en el precio de referencia y ese valor del dólar, a través de las expectativas, influye sobre los precios de toda la economía de hoy y sobre todas las decisiones del presente. Ningún Banco Central permite que el precio futuro esté desalineado con el precio actual del dólar porque a través de las expectativas, el futuro se hace presente; de modo que convalidar un dólar futuro muy elevado es lo mismo que convalidar una devaluación.

Pero, además, un salto pronunciado en el valor del dólar futuro fomenta una corrida cambiara en el presente, porque si el Banco Central convalida ese valor, a todos los agentes les convendrá siempre pasarse al dólar esperando que se produzca la devaluación, que cuenta con la convalidación de la autoridad monetaria. Así, si la autoridad no interviene en el valor del dólar futuro lo que hace es alimentar una corrida, porque hace más rentable tomar dólares frente a la opción de tomar pesos.
Simplificando: en 2015 el Banco Central evitó que se produjera una mega-devaluación inmediata de la moneda por causa de una corrida cambiaria. Este organismo autónomo, encargado de la estabilidad cambiaria, monetaria y financiera, intervino a tal efecto en los mercados que regula. No se hizo nada extraño, sino seguir implementando medidas en el marco de las políticas establecidas por el gobierno nacional, que estaban incluso plasmadas en la Ley de Presupuesto.

Señor Juez: aunque los testigos que citó, en su mayor parte vinculados a la Alianza Cambiemos, no estén de acuerdo con ninguna de las políticas que implementó el gobierno anterior en cualquiera de los 12 años en ejercicio, lejos está de las naturales atribuciones de un tribunal penal federal juzgar la legalidad de esas políticas. Es por eso que insisto en que esta causa tiene exclusivamente carácter político. De prosperar, este intento de judicializar la política económica sentaría un verdadero y novedoso precedente a escala mundial. Porque con este criterio las políticas del gobierno actual, que hasta ahora han logrado bajar ostensiblemente el salario real, provocar el despido a miles de argentinos, poner en jaque a buena parte de la industria y el comercio, enriquecer a los bancos con una elevadísima tasa de interés que además perjudica a la producción y el consumo nacionales; deberían también discutirse en tribunales. Por ese camino se llegaría al absurdo de que el poder judicial sea el que determina cuál política económica debe aplicarse en base a si es o no un delito.

Fue el gobierno de Macri el que decidió devaluar, y cuando lo hizo, el Banco Central “perdió” en el mercado de futuros, pero también “ganó” en términos de crecimiento de sus activos en pesos. Esta causa, de manera inexplicable, intenta aislar sólo la pérdida y achacársela al gobierno anterior que no devaluó en vez de responsabilizar al que sí lo hizo. De hecho, cuando se ve todo el cuadro, se observa en el balance del Banco Central que la “ganancia contable” superó la “pérdida contable” y mejoró su patrimonio. Este enfoque es, a decir verdad, una forma muy extraña de analizar por separado uno de los tantos efectos económicos de la devaluación, que en Argentina favoreció claramente a los grupos exportadores concentrados y perjudicó a los asalariados y las clases medias, los jubilados, etc.
Señor Juez. Como dije, y para terminar, no hay en todo el expediente indicio de delito alguno, menos aún de un “negociado”, ni de ninguna irregularidad en la habitual operatoria de “dólar futuro”.

Pero todavía hay algo más extravagante: resulta desde todo punto inexplicable que Usted intente imputar, en base a un expediente difuso, a varios miembros del Poder Ejecutivo.

Ya he mostrado aquí que nada de lo que se imputa al Banco Central puede considerarse un delito. Lo que quiero señalar ahora es que a lo largo de todo el expediente no se encuentra ninguna alusión a mi persona, con excepción de una. Esa excepción es la declaración del periodista Marcelo Bonelli del Diario Clarín que además aporta como “pruebas” sus propias notas en el diario.

En mi desempeño como funcionario público fui objeto en más de una oportunidad de denuncias de este tipo, a las que he dado en llamar “denuncias voligoma” en alusión a un conocido adhesivo sintético. Describo el procedimiento: primero, el diario Clarín publica una nota en la que se denuncia un presunto delito que yo habría cometido. Inmediatamente, un tercero realiza una denuncia –en mi caso han sido casi siempre abogados vinculado a Cambiemos–, lo cual provoca una nueva nota en el diario (y en otros que lo repiten) señalando que he sido denunciado por un acto de corrupción. Luego, se inicia una causa judicial en mi contra basada exclusivamente en la supuesta investigación periodística que motiva la nota original. Aparecen después innumerables noticias acerca de la evolución de la causa por corrupción que se cursa en mi contra.
Las denomino “denuncias voligoma” porque el procedimiento consiste en cortar y pegar la nota de diario Clarín, y convertirla en denuncia y causa judicial.
La particularidad de esta causa es que la supuesta “prueba” suministrada por el diario Clarín y la declaración de este periodista aparecen en esta causa recién después de que fui convocado a declarar. En este caso quien se basa en la denuncia periodística no es un abogado relacionado con Cambiemos, sino usted mismo, Sr. Juez, que trae a colación las notas de Bonelli y que lo convoca a declarar.

Es por eso que me atrevo a sospechar que las notas publicadas en el diario Clarín son el origen de toda esta bochornosa causa judicial. Es de allí de donde usted saca que yo, en nombre del poder ejecutivo, le di órdenes al banco central para que hiciera estas operaciones con el solo fin de perjudicar al futuro gobierno. También sostiene que el candidato del frente para la victoria, a través de un colaborador, intentó que el banco central cambiara su política.
Ya después de habernos citado a indagatoria, cita usted a un colaborador de Daniel Scioli, Gustavo Marangoni, que lo único que hace es echar por tierra toda esta operación mediática. En efecto, Marangoni afirma que, tal como dijo el candidato del FPV, no tenía planeado devaluar violentamente sino llevar el dólar a 10 pesos en enero, con lo que el Banco Central hubiera ganado más de $9000 millones en su operatoria en el mercado de futuros. Y afirmó, además, que esa conversación con Vanoli, que me involucra, simplemente no existió.

Señor Juez, se ha pasado Usted todos estos meses investigando la existencia de estos hechos inventados por Bonelli. En este expediente no se ha probado ninguno de estos hechos y, para peor, cuando a último momento Usted cita a declarar al colaborador de Scioli cuya identidad Bonelli no podía revelar, Gustavo Marangoni simplemente niega todas estas fabulaciones. Estas son las dos últimas declaraciones de testigos que figuran en el expediente. Sin duda, deberían haber sido las primeras así nos ahorrábamos tanto suspenso.

Fuera de los tecnicismos y cuestiones económicas en juego, la principal enseñanza que deja la lectura del voluminoso expediente de esta causa es que un Juez Federal de la Nación debería saber distinguir entre un posible delito y una simple operación político-mediática impulsada por el periodismo para favorecer a un partido político y perjudicar a otro. Y si logra reconocerlas debería abstenerse de participar y terminar formando parte de ellas. Porque su único objetivo es la persecución de ciertas personas para instalar en la opinión pública que han cometido un delito cuando no lo han hecho. Pretenden como mínimo dejar la sospecha de que son corruptas, o buscan provocar una foto en las escaleras de Comodoro Py y otros circos mediáticos a los que un Juez de la Nación no debería jamás prestarse.