Chaco se endeuda y habilita tribunales extranjeros

Por Brian Pellegrini
Desde Resistencia

Sin ningún tipo de debate público o comunicación previa, la Cámara de Diputados del Chaco aprobó en pocos minutos una ley que podría acarrear consecuencias nefastas para el futuro de la Provincia y que contradice lo aprobado hace casi ocho meses por la Asamblea General de Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York, a instancias del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y que contó con el apoyo del G77 más China. Se trata de la ley que aprobó la intervención de tribunales extranjeros y la renuncia a cualquier inmunidad soberana para una eventual toma de deuda en dólares que impulsa el gobierno provincial –por 4 mil millones de pesos-, en el marco de las exigencias de los bancos extranjeros para concederle créditos a la provincia del Chaco.

Todo forma parte de las acciones y el discurso que viene llevando adelante el gobernador Domingo Peppo en "sintonía fina" con las decisiones del presidente Mauricio Macri, en este caso, el capítulo de la apertura de un nuevo ciclo de endeudamiento que, según se puede ver, repetirá los mismos "errores" que los anteriores, aceptando sin parpadear las condiciones leoninas impuestas por los prestamistas.

La ley aprobada el miércoles pasado reforma la de Administración Financiera “para adecuarla a los requerimientos y condiciones que exigen los Bancos Extranjeros que forman parte de las ofertas presentadas”, consignaron los diputados del justicialismo en la fundamentación de la iniciativa. En el recinto, la necesidad de aprobar el proyecto fue planteado por el diputado Ricardo Sánchez, del bloque justicialista, y por el jefe de la bancada oficialista, Hugo Sager. Finalmente, la norma terminó aprobándose por amplia mayoría, sin discusiones, con la sola excepción del diputado del Frente Grande, Daniel Trabalón, quién pidió que el proyecto vaya a comisión para ser abordado con mayor amplitud.

Desde que estalló el conflicto con los “fondos buitre”, técnicamente conocidos como holdouts, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner impulsó un debate en el más alto nivel internacional para regular la relación de los Estados soberanos con litigantes como los encabezados por Paul Singer, avalados por tribunales extranjeros como el del juez norteamericano Thomas Griesa. Es así que el 10 de septiembre de 2015 la Asamblea General de las Naciones Unidas terminó aprobando, por amplia mayoría, los nueve “Principios Básicos Para Reestructuraciones de Deuda Soberanas”. La fundamentación de la postura argentina fue realizada por el excanciller Héctor Timerman y el exministro de Economía de la Nación, Axel Kicillof.

En la votación se superó de manera amplia la cantidad de votos necesarios para alcanzar la mayoría simple que requería el proceso, el proyecto contó con el apoyo de 136 países, mientras que 41 se abstuvieron y 6 se opusieron (Alemania, Canadá, Estados Unidos, Israel, Japón, Reino Unido).

Justamente, el punto 6 de esos principios hace referencia a la idea de “inmunidad soberana de jurisdicción” de los Estados soberanos ante los tribunales extranjeros. Textualmente, establece que “el principio de la inmunidad soberana de jurisdicción y ejecución en materia de reestructuración de la deuda soberana es un derecho de los Estados ante los tribunales internos extranjeros, y las excepciones deberán interpretarse de manera restrictiva”.

Sobre tablas, es decir, sin haber pasado por las comisiones, los presidentes de los bloques mayoritarios Hugo Sager (Frente Chaco Merece Más) y Carim Peche (Cambiemos) suscribieron el despacho del proyecto que envió el Ejecutivo agregando en el texto definitivo, justamente, “la renuncia a cualquier inmunidad soberana y/o defensas de no justiciabilidad, y/u otros compromisos habituales para operaciones con títulos en los mercados internacionales”.

La nueva deuda, en números

En base a datos oficiales de la Contaduría General de la Provincia, el presidente del Frente Grande en el orden nacional y contador, Daniel San Cristóbal, elaboró un informe del cual se desprende que hasta el 31 de diciembre de 2015 el stock total de deuda de la provincia del Chaco ascendía a 6.800 millones de pesos, en tanto que a partir de la asunción del nuevo gobierno provincial ya se autorizó un endeudamiento por 4500 millones de pesos. Además, se prevé un nuevo endeudamiento en el marco del acuerdo con el gobierno nacional por la “devolución” de la coparticipación federal que sería de 1411 millones de pesos para 2016 y de 2630 millones para los tres años subsiguientes, es decir que en menos de seis meses la provincia del Chaco estaría contrayendo un endeudamiento por casi 5900 millones de pesos, cerca de duplicar el monto total de la deuda que dejó la "pesada herencia" de la gestión de Jorge Capitanich.