Cambiamos: un guiño del gobierno para los represores

El diario oficialista Clarín informó hoy que “el Gobierno no apelará las prisiones domiciliarias de los represores” que la Justicia conceda de ahora en más a condenados y acusados en causas de lesa humanidad, una decisión que el matutino porteño presentó como “cambios en la política de derechos humanos”.

La novedad llega tras el repudio que recogieron las declaraciones en que el presidente Mauricio Macri calificó como “guerra sucia” al terrorismo de Estado y  en la semana en que la atención pública en torno al tema estuvo focalizada en el pedido del beneficio domiciliario por parte del ex comisario bonaerense  Miguel Etchecolatz, uno de los más emblemáticos represores de la última dictadura.

La Justicia denegó el pedido de Etchecolatz en la primera de las causas estudiadas, pero “el Gobierno prevé un aumento de requerimientos en ese sentido por parte de los detenidos por delitos de lesa humanidad. Pronostican que la Justicia les hará lugar y se impone la decisión política de no apelar”, informa Clarín.

La excusa es la de la edad de los imputados, que no se constituye en el único requisito del beneficio y sólo habla del tiempo de impunidad transcurrido. “’Es el tiempo que nos toca vivir’, explican en la Secretaría de Derechos Humanos en alusión a la edad cada vez más avanzada de los 1056 detenidos que la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad registra hasta el 30 de junio”, agrega la nota, firmada por Guido Carelli Lynch, que agrega además los proyectos del Gobierno para “reestructurar la ex ESMA” en el marco de lo que llaman una “ampliación” de la agenda de Derechos Humanos.

El tema fue uno de los incluidos en los debates de las IV Jornadas de abogados querellantes en causas por delitos de lesa humanidad, que se desarrollaron hasta el sábado último y al cabo de las cuales los profesionales solicitaron que se declare el “estado de emergencia” en la materia a raíz de “las prácticas políticas negacionistas del Gobierno Nacional y los intentos de materializar la impunidad, en connivencia con jueces y funcionarios del Poder Judicial”.

La decisión política del Gobierno de no apelar los beneficios de prisión domiciliaria concedidos a represores había sido anticipada ayer por Jorge Asís. El ex embajador menemista añadió que la determinación macrista obedece a la adhesión que el presidente recoge en los cuarteles, que cuantificó en el 97 por ciento, aunque señaló que el punto toca el  “rubro menos tratable de ‘la herencia recibida’”, por el amplio consenso que las políticas de Memoria, Verdad y Justicia encuentran en la sociedad.

No obstante, se adelantó Asís a Clarín, la intención oficial no sería acabar con los juicios sino “mantener la creciente tendencia a enviar, hacia la prisión domiciliaria, a los militares de la tercera edad, que superan los 70 años”. Curiosamente, el artículo no se centra en el dato que ofreció como primicia, sino en una crítica subrayada al kirchnerismo, al que acusa de haber ideado las políticas de derechos humanos sólo para distraer a “la izquierda, en su versión progresista”.

Para el escritor, que en 2014 supo defender a Vicente Massot de las acusaciones que pesan en su contra, la decisión oficial llega “justo cuando (los adherentes al reclamo de justicia) se disponían a encanar lo poco que les faltaba: ir por los civiles”. Varios de ellos son allegados al equipo de gobierno, familiares de sus legisladores o dueños de los diarios que anuncian sus cambios de políticas.