"Su objetivo es desvincular a Gils Carbó a través de una maniobra inconstitucional"

Por Raquel y Jorge Witis*

El proyecto de reforma del Ministerio Público Fiscal encierra varios cambios muy peligrosos si consigue ser aprobado.

Primero porque su objetivo es desvincular a Gils Carbó, no por un juicio político como establece la normativa vigente, sino a través de una maniobra inconstitucional que vulnera y ataca la autonomía y la independencia judicial del Ministerio Público Fiscal. Recordemos que cuando ella es seleccionada para el cargo es elegida en el senado por 63 votos a favor y sólo tres en contra, es decir por amplia mayoría que hoy parece haber olvidado las condiciones, que en ese momento consideraron impecables. Que hipocresía!

Junto con ello la condición de 5 años de antigüedad en el cargo se llevaría puestos a la mayoría de los actuales fiscales ad hoc, reemplazados sin ningún mecanismo que garantice idoneidad, por magistrados cuyo atributo determinante son los años en el cargo y la consecuencia concreta de ello sería la mayor dificultad para el acceso a la justicia de la población en mayor situación de vulnerabilidad, por ejemplo las mujeres víctimas de violencia de género cuyo masivo reclamo hemos presenciado este 19/10.

¿Qué va a pasar con la Procuraduría de Violencia Institucional, tan necesaria en los barrios, con la persecución y hostigamiento que sufren nuestros jóvenes cotidianamente de la policía y las fuerzas de seguridad? ¿Quién los defenderá de los abusos si el Consejo de Seguridad Interior que establece la reforma estará conformado por, entre otros, el Ministerio de Seguridad responsable de esos abusos? ¿Además este Consejo tendrá la potestad de definir cuáles serán los delitos a perseguir? ¿Quién controlará a las instituciones de la vulneración de los derechos de las personas?

Es inaceptable que la procuraduría deba responder a los pedidos de informes de un órgano político conformado por representantes del ejecutivo: el Ministerio de Seguridad de la Nación del que dependen las fuerzas que tienen prácticas estructurales de violación de los derechos y libertades fundamentales, que la mayoría de las veces no son sancionadas administrativamente. Como ejemplo basta recordar las torturas que sufrieron Iván y Ezequiel de la Garganta Poderosa, donde los prefectos fueron sancionados después de que los hechos fueran difundidos por los medios de comunicación, o mejor dicho por algunos medios, y la movilización del barrio, de organismos de derechos humanos, de organizaciones sociales, de los curas villeros, de docentes, etc.

¿En dónde está el control de las instituciones que tienen el poder coercitivo si la fiscalización queda, entre bambalinas, a cargo del ejecutivo? Como síntesis podemos concluir que quienes antes de asumir como mandatarios nacionales se llenaban la boca con la defensa de la independencia de los poderes, el republicanismo y la seguridad jurídica, hoy avanzan sobre derechos adquiridos, violando procedimientos vigentes con un discurso que oculta la persecución de supuestos opositores en el ámbito del poder judicial.

Seguramente se podrá acudir a denunciar este avasallamiento a organismos internacionales, pero lleva su tiempo y cuando llegue la sanción al Estado Argentino, que probablemente llegará, el daño ya estará hecho, porque entre tanto cientos de jóvenes sufrirán las consecuencias de estas medidas.

*Papás de Mariano Witis víctima de violencia institucional