El macrismo y la AFA quieren borrar artículo de la Ley de Medios que establece partidos "relevantes" gratis

Por Diego Kenis

Las presiones mutuas entre el gobierno nacional y los dirigentes del fútbol argentino parecen haber encontrado un punto inicial de descompresión, en un acuerdo que incluirá el pago estatal de la rescisión del contrato del Fútbol para Todos (FpT) y, a cambio, el compromiso de los clubes para concretar las reformas estatutarias a gusto del macrismo.

Como informó AGENCIA PACO URONDO, entre las modificaciones por las que el gobierno acorraló a los dirigentes se encuentran la creación de la promocionada Superliga y/o la eliminación del derecho a voto de los representantes de las categorías de ascenso e incluso de los peor ubicados en la tabla de Primera. La segunda opción dejaría fuera de la carrera presidencial a Claudio “Chiqui” Tapia, pero la aprobación de la Superliga escindiría a la principal divisional y dejaría una AFA residual a cargo de la Selección y los torneos de ascenso, lo que aseguraría una parcela de poder para el yerno de Hugo Moyano. El mandamás de Boca Daniel Angelici, Tapia, el presidente de Independiente y su hijo Facundo consumieron durante el verano horas de reuniones y cenas para acordar ese reparto de poder.

En las últimas semanas, el nacimiento de la Superliga se había mostrado como un punto de consenso cambiante, en el marco de una compleja rueda de intereses que necesitaba resolver en simultáneo los problemas de la sucesión política de la AFA y el negocio de la televisación del campeonato, con ofertas en pugna de ESPN, Fox y la sorpresiva del consorcio internacional Consor.

Esta semana, los actores de la trama pusieron vista en los múltiples y cruzados riesgos políticos y económicos del estancamiento de las negociaciones. De ese modo, comenzaron a surgir puntos de acuerdo entre los dirigentes afistas y el gobierno, que destrabaría los fondos estatales de rescisión que aliviarían la asfixiante realidad económica de los clubes. Todo parece indicar que, a cambio, el macrismo finalmente obtendrá la reanudación del campeonato en curso y la Superliga que llegó a reclamar explícitamente en un insólito comunicado oficial. Su aspiración de máxima es aprovechar ese margen para dejar una puerta abierta a las Sociedades Anónimas Deportivas, de amplio rechazo social.

Pero el entramado de mutuas necesidades no concluye allí. Para que los dirigentes cierren el multimillonario negocio de la venta de derechos a privados que los comercialicen en servicio pago aún resta saltar el obstáculo de las normativas legales que ofician como reaseguro del FpT. El ejecutivo mexicano de la Fox Carlos Martínez ya lo había anticipado, en una entrevista que en enero brindó al diario La Nación. “Tenemos dos puntos pendientes con el Gobierno: la garantía de que podamos hacer un acuerdo a largo plazo y la modificación que se le pueda hacer a la ley de gratuidad, que nos permitiría vender el contenido del fútbol”, adelantó, colocando al Estado como garante. La vieja escuela de toda privatización.

Con astucia, Martínez evitó precisar términos y se valió de un eufemismo: en realidad, se refería al artículo 77 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Ese punto del corpus normativo aprobado por el Congreso poco después de la firma del FpT resguardaba la televisación gratuita de los campeonatos argentinos dentro del territorio nacional, al garantizar “el acceso universal” a contenidos “de interés relevante y de acontecimientos deportivos”.

Para ello, el artículo aún en vigencia estableció que el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual (COFECA) “deberá elaborar un listado anual de acontecimientos de interés general para la retransmisión o emisión televisiva, respecto de los cuales el ejercicio de derechos exclusivos deberá ser justo, razonable y no discriminatorio”. El COFECA fue disuelto y reemplazado por el COFECO el 29 de diciembre de 2015, pero en su decreto complementario de agosto pasado el Ejecutivo no modificó la mayor parte de las atribuciones y obligaciones y el nuevo ente heredó esa responsabilidad.

En la reunión que las partes mantuvieron esta semana, no fueron ya las televisoras sino los dirigentes del fútbol postrados a sus pies quienes, según informa el diario Clarín, pidieron al gobierno macrista “que se revise el artículo 77 de la Ley de Medios que habilita a canales de aire o cable a transmitir o retransmitir eventos deportivos que se consideren ‘de interés relevante’”.

“Los grupos oferentes quieren seguridad jurídica”, remata el mascarón de proa de un Grupo que entiende del tema y aún guarda esperanzas de participar en el negocio que alguna vez tuvo enteramente para sí. Con acuerdos proyectados a cinco o diez años, lo que los oferentes buscan es una traba legal que quite potestad a este gobierno o a los que vengan para modificar la situación.

La próxima incógnita será el modo en que el macrismo buscará resolver el pedido, que requiere aval parlamentario porque implica la modificación de una ley. Puede hacerlo encarando un debate legislativo directo, pero es sabido que no es su estilo. Hay quienes ya ven venir un nuevo decretazo de poda a la Ley de Medios, para luego recoger aval confirmatorio por parte de la oposición oficialista que gusta de sanguchitos.