Cambiemos avanza en su embestida anti-sindical para instalar la flexibilización

Por Rodrigo Lugones

En contexto electoral, y luego de que ciertos sectores del sindicalismo cercanos al triunvirato de la CGT, (y más precisamente al massismo y al randazzismo) se volcaran a apoyar a Unidad Ciudadana, el gobierno avanza con la intervención de organizaciones, allanamientos y detención de dirigentes sindicales. El objetivo: Demonizar la actividad, imponer un disciplinamiento previo a la aplicación de una reforma laboral flexibilizadora, castigar al sindicalismo opositor y sumar votos “anti-mafia”.

Un dato no menor a destacar es que la competidora de Jorge Taiana (candidata a segunda senadora por Cambiemos) es Gladys González  quien, además de ser señalada por cobrar múltiples y abultadas cifras en sueldos por contratos con el estado que son incompatibles, se desempeña como interventora del SOMU.

El primero en recibir el castigo disciplinador fue Omar Plaini, de Canillitas, quién luego de participar de la reunión de presentación en sociedad del Frente Sindical Para La Victoria, recibió la intervención de la organización que comanda como respuesta. Tras recuperar el control de su sindicato, Plaini denunció que los interventores se llevaron fondos de aportes de trabajadores que suman dos millones de pesos.

Por su parte Aldo Pignanelli realizó un multitudinario acto junto a Vanesa Siley (secretaria general del sindicato de judiciales y candidata a diputada por Unidad Ciudadana) y Jorge Taiana (segundo candidato a senador por Unidad Ciudadana) en el marco de un plenario del SMATA donde fijó su posición: apoyar a Unidad Ciudadana el próximo 22 de octubre.

Días antes la organización de los mecánicos emitió un comunicado donde se desligó de Oscar Romero (titular de SMATA Junín, y referente del espacio de Randazzo). Luego de realizar estos dos movimientos, SMATA recibió un allanamiento en su sede central, ordenado por el juez federal   de Junín Héctor Plou, (sí, juez de los pagos de Romero).

Es en este marco en que se produce la detención del sindicalista Juan “Pata” Medina, de UOCRA La Plata. Más allá de la caracterización que pueda hacerse de su personaje, tanto la justicia federal como el aparato mediático han sabido armar muy rápidamente un perfil mafiócrata que no define a un sindicalista en particular, sino al sindicalismo en general.

Medina es acusado de los mismos “crímenes” que acusan a otra seccional de UOCRA, la de Bahía Blanca. Ambos habrían obstruido o paralizado obra pública. Al mismo tiempo habrían presionado a las empresas de la construcción para contratar un servicio de viandas. A Medina le suman un enfrentamiento que su seccional tuvo con UOCRA Quilmes.

Tanto Bahía Blanca como La Plata se transformaron en “enemigos de Vidal”, de alguna u otra forma, tras realizar reclamos gremiales clásicos en diferentes obras públicas que provocaron malestar en la gobernadora. Esa enemistad se traduce en intervenciones y encarcelamientos. Así Vidal gana en su perfil “anti-mafias” y el gobierno avanza en su línea anti-sindical.

Es importante resaltar que esta embestida contra las organizaciones del movimiento obrero se da en el marco de la discusión de una flexibilización laboral, planteada con toda claridad en el Council Of The Americas realizado en Argentina y también por una muy leída y comentada nota que el Ceo de la plataforma de E-commerce “Mercado Libre”, Marcos Galperín escribió para el diario La Nación.  También en el momento en que la totalidad del movimiento obrero (incluso los sectores de la CGT que estaban más distanciados de Cristina) comenzaron a re-posicionarse (Pignanelli, Daer, Caló, Schmid – que luego se desmitió así mismo – y el propio Pablo Moyano).

Más allá de los humores en torno a la figura de Cristina, es natural que los dirigentes del movimiento obrero se inclinen por la propuesta electoral que puede poner un freno a las políticas que golpean con tanta claridad a la totalidad del pueblo trabajador.