Grave avanzada macrista: un juez dictaminó que Macri puede echar a Gils Carbó por decreto

Por Redacción APU

Desde que asumió Mauricio Macri como presidente, el oficialismo intentó utilizar todos los medios posibles para remover a la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, e intervenir sobre las fiscalías claves que tiene expedientes judiciales que "afectan y molestan" al presidente. Las mismas van desde la desaparición de Santiago Maldonado hasta los Panamá Papers, pasando por Correo Argentino y las estafas a la seguridad social del primo presidencial Ángelo Calcaterra. 

A fines del 2015, el ministro de Justicia, Germán Garavano, se sumó a Macri, y pidió a Gils Carbó que renuncie. Luego intentaron desplazarla por decreto pero la medida fue criticada fuertemente por la propia diputada nacional y actual candidata de Vamos Juntos, Elisa “Lilita” Carrió. El intento de echar por decreto fue también criticado por la candidata massista Margarita Stolbizer. Las voces de las dirigentes iban en sintonía con los especialistas que aseguran que "la medida es inconstitucional". Tras el fallido intento, el Poder Ejecutivo impulsó en el Congreso una polémica reforma judicial que despertó cuestionamientos muy profundos por parte de la Asociación de Magistrados. La medida había sido diseñada para “atar de pies y manos” a la jefa de los fiscales. 

Finalmente, el oficialismo volvió a la carga con el intento por decreto y motorizó, a través de la ONG macrista Será Justicia y el Colegio Público de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, una presentación judicial que fue aceptada por el juez federal Pablo Cayssials. En su presentación pedían que “se declare la inconstitucionalidad del artículo 76, de la Ley 27.148, por el que se establece el procedimiento de juicio político como mecanismo para remover al titular del Ministerio Público Fiscal de la Nación”.

En la sentencia el magistrado macrista cuestiona el mecanismo de juicio político para desplazar a la procuradora que considera “un aparato ineficaz que se utiliza so color de partidos”. De esta forma hizo “lugar a las demandas interpuestas por la asociación Será Justicia y el Colegio Público de Abogados de la Ciudad de Buenos  Aires, declarando la inconstitucionalidad del sistema de remoción previsto en el artículo 76, de la Ley 27.148, en lo que se refiere únicamente al Procurador General de la Nación”. El fallo de Cayssials, escrito a la medida de los deseos explícitos del presidente, abre un periodo de fragilidad institucional. En este contexto, el periodista Víctor Hugo informó sobre la posibilidad de que Gendarmería, que se encuentra en el medio del escándalo por la investigación sobre Santiago Maldonado, intente desplazar a la procuradora por la fuerza. 

Por otro lado, es importante recordar que Será Justicia y el Colegio Público de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires tienen una histórica relación con estudios de abogados defensores de genocidas condenados por crímenes de lesa humanidad, y estudios jurídicos que realizan y realizaron demandas millonarias contra el Estado Argentino en el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones). De hecho muchos de estos abogados que realizan una defensa política y jurídica de la última dictadura militar son miembros del colegio de la Calle Montevideo. 

“El colegito”, como es coloquialmente denominado, afirmó en 1976 que “las Fuerzas Armadas salvaron a la República”, cuando “había vacancia de poder y un vaciamiento de la Patria.” Entre los integrantes a la institución “procesista” se pertenecen encuentran José Alfredo Martínez de Hoz, hijo del ministro de Economía de la última dictadura militar. Además forma parte de la misma su socio, Mariano Grondona, hijo del periodista que defendió el accionar de la última dictadura cívico militar.