"No al decretazo para desplazar a Gils Carbó"

El fallo del juez federal Pablo Cayssials que habilitó al presidente Mauricio Macri a desplazar a la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, a través de un decreto, generó rechazo en diversos sectores de la sociedad civil. La Comisión Memoria, Verdad y Justicia, Zona Norte, emitió un comunicado en el cual se expresaron en contra del "avallasamiento del Ministerio Público" y "el decretazo para echar a Gils Carbó".

"Ahora debemos agregar la posibilidad, por el fallo de un juez, de remover por decreto a la procuradora Gils Carbó, vulnerando y atacando la autonomía y la independencia del Ministerio Público Fiscal, desconociendo la Constitución Nacional que establece claramente cuál es el mecanismo para la destitución de la misma. El objetivo es disciplinar a los actores judiciales", desarrolan en el texto de prensa.

Además, el conjunto de organismos de Derechos Humanos que componen la comisión se preguntaron: "¿Qué va a pasar con las Procuradurías creadas? ¿Qué va a pasar con los juicios de lesa humanidad que se sostienen fundamentalmente por los familiares de las víctimas y los fiscales de lesa para impulsar las causas?¿Qué va a pasar con los delitos de trata? ¿Con los delitos económicos? ¿Con la Procuvin tan necesaria en los barrios, con la persecución y hostigamiento que sufren nuestros jóvenes cotidianamente de la policía y las fuerzas de seguridad? ¿Quién controlará a las instituciones si vulneran los derechos de las personas?" 

"Es por esta dedicación y compromiso con los sectores en mayor situación de vulnerabilidad que buscan apartar a Gils Carbó, porque el horizonte de esta gestión es cercenar derechos y reprimir al que resista", sintetizaron.

Desde otra perspectiva, la jefa de los fiscales recibió el apoyo del sindicato de trabajadores y trabajadoras judiciales (Sitraju Nación CTA) que emitió un texto de prensa destacando que "esta nueva operación del Poder Ejecutivo, realizada mediante jueces obedientes de un fuero con el que cogobierna desde diciembre de 2015, deja ver la deliberada intención de disciplinar drástica y definitivamente al sistema judicial para imponer a como dé lugar el brutal ajuste que se anuncia a los cuatro vientos y la represión que sobrevendrá a quienes lo resistan".

"Estos forzamientos de la institucionalidad democrática comprenden la existencia de presos políticos y el incumplimiento de fallos internacionales, que ponen al país por fuera del sistema Interamericano de defensa de los DD.HH. y que persiguen lograr la muerte de lxs opositorxs políticos, como es el caso de Milagro Sala", denunció el comunicado de Stiraju Nación CTA.