El Frente Renovador se planta y va contra el DNU de Macri

Diputados del Frente Renovador plantearon  ante la justicia la inconstitucionalidad del decreto de necesidad y urgencia de desregulación firmado por el presidente Mauricio Macri.

"El decreto es inconstitucional porque no hay ni necesidad ni emergencia", señaló la jefa de la bancada massista, Graciela Camaño, en declaraciones formuladas en tribunales. La legisladora de la oposición consideró que "esto tranquilamente se puede tratar por la vía de la ley, la discusión parlamentaria que es más rica".

Camaño advirtió que el DNU emitido por el gobierno nacional "deroga 19 leyes" y "modifica más de cien normas", al tiempo que advirtió que "en su contenido tiene aspectos penales que le están vedados tratar por decreto al Poder Ejecutivo y tiene aspectos impositivos".
 
La legisladora subrayó que "genera una preocupación social grande porque contiene la posibilidad de que se embarguen los sueldos de los trabajadores".
 
Camaño sostuvo que la presentación que ahora realiza el Frente Renovador es similar a otra que en el año 2010 realizó la oposición a la gestión de Cristina Kirchner, cuando se modificaron por decreto normas vinculadas al Banco Central.
 
"En esa ocasión estuvimos haciendo la misma presentación junto con (Federico) Pinedo, con (Patricia) Bullrich, con (Elisa) Carrió, con algunos miembros de este gobierno con quienes reclamábamos en el palacio de tribunales", sentenció.  

Vale recordar que dirigentes del peronismo ya habían denunciado a Macri y a todo el gabinete por el mega DNU. La denuncia fue firmada, entre otros, por Julián Domínguez y Nilda Garré. En el escrito argumentaron que hubo  “violación de deberes de funcionario público y abuso de autoridad, en concurso con malversación de caudales públicos y prevaricato de los funcionarios abogados del Gobierno Nacional”.

En plena feria judicial, la causa quedó radicada ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal Nº 4, a cargo de Ariel Lijo.

Los denunciantes aseguraron que la verdadera finalidad del DNU es “achicar el Estado, agrandar los negocios”. Por estos motivos, solicitaron “la inmediata suspensión de la entrada en vigencia” a fin de "evitar que se consume un grave delito".