"Repudiamos el accionar represivo de sectores de las Fuerzas de Seguridad"

Por Organismos de Derechos Humanos

La situación general y las experiencias nacionales

Atravesamos una situación mundial particularmente difícil y de altísimo riesgo, ocasionada por la pandemia denominada COVID-19. La rápida propagación del virus ha colocado a nuestros países en una situación de emergencia casi sin precedentes. En este marco, los diversos gobiernos respondieron de acuerdo a sus concepciones ideológicas, políticas, sociales y económicas, poniendo en evidencia que los promotores de un Estado ausente y de la centralidad del mercado han provocado enormes pérdidas en miles de vidas humanas y una circulación exponencial del coronavirus.

Por el contrario, en nuestro país, el Gobierno nacional actuó sin demoras. Bajo el liderazgo del Presidente Alberto Fernández, con el asesoramiento del Ministro de Salud y su equipo, junto a un comité de expertos, conformado por destacadísimos científicos y científicas argentinas, se generó rápidamente una respuesta y un plan riguroso de salud pública, destinado a proteger la vida del conjunto de la población. 

Apelando a los valores de la solidaridad, del cuidado colectivo y del bien común, la consigna “Nos quedamos en casa” fue adoptada también por los Organismos de Derechos Humanos, como lo expresamos el pasado 24 de marzo, en el Día Nacional de la Memoria, por la Verdad y la Justicia, con el pañuelazo blanco en redes sociales, ventanas y balcones de todo el país. Decidimos suspender las marchas y así acompañar la decisión del Gobierno nacional de priorizar el cuidado de la vida y la salud de nuestro pueblo, por encima de todas las especulaciones economicistas y frente a la fuerte presión corporativa de los grupos concentrados interesados y preocupados por la merma en sus tasas de ganancia.

Celebramos las medidas económicas de emergencia dispuestas por el Gobierno Nacional en favor de los sectores sociales postergados, tendientes a transferir recursos a quienes viven por debajo de la línea de pobreza o en la indigencia, o bien se encuentran desocupados, o cuentan con trabajos precarios, igual que a los cuentapropistas de más bajos ingresos. El aumento adicional de la AUH y la tarjeta Alimentar, el Incentivo Familiar de Emergencia, los créditos a bajo interés para pequeñas y medianas empresas. los créditos a tasa cero para monotributistas entre otras iniciativas. Los proyectos tendientes a gravar las grandes fortunas, la propuesta de reestructuración de la deuda externa con una importante quita en el pago de intereses y la decisión de no pagar los vencimientos del mes de abril, son medidas imprescindibles para enfrentar la pandemia y sus consecuencias económicas, mitigando  la desigualdad y la marginación de enormes grupos de ciudadanos y ciudadanas, víctimas del ajuste brutal implementado en los últimos 4 años del gobierno de Macri y sus aliados.

Medidas específicas

El Ministerio de Seguridad de la Nación dispuso un conjunto de medidas para el cumplimiento del aislamiento social preventivo y obligatorio y  al mismo tiempo garantizar la circulación de las personas que prestan servicios considerados esenciales. Esas medidas imponen el respeto en todos los casos de los derechos y garantías constitucionales. Bajo ningún punto de vista, las medidas de emergencia pueden ser la puerta para prácticas de violencia institucional o el control social. 

En estos tiempos de pandemia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos - CIDH como el Comité de Derechos Sociales, Económicos y Culturales de Naciones Unidas - CDESC ONU, han emitido recomendaciones para recordar a los Estados la obligación de aplicar políticas públicas y programas sociales de contención con perspectiva en los derechos humanos, que ambos sistemas regulan. 
Situaciones particulares

En distintas provincias y municipios detectamos situaciones que vulneran los derechos humanos por parte de las Fuerzas de Seguridad, tanto locales como nacionales. Estas prácticas abusivas, muchas de ellas inhumanas, crueles y degradantes, violatorias de los tratados internacionales de Derechos Humanos de los que la Argentina es parte, se han constatado a partir de denuncias y en algunos casos con registros fílmicos, tanto en la vía pública como en dependencias policiales y carcelarias, detenciones ilegales, realizadas a pesar de que las víctimas portaban las autorizaciones correspondientes, y de traslados compulsivos de personas migrantes, entre otras conductas arbitrarias, muchas de las cuales son ya de público conocimiento. 

Tenemos conocimiento de que se ha documentado este tipo de violaciones y formulado las respectivas denuncias en los ámbitos correspondientes en Jujuy, Salta, Chaco, Córdoba, Santiago del Estero, Mendoza, San Luis, Ciudad de Buenos Aires, Chubut, Río Negro y provincia de Buenos Aires. Dichas denuncias están disponibles en los registros de varios de los Organismos que suscribimos la presente.

En este particular contexto y a modo de ejemplo, describimos la violación de los derechos humanos en Jujuy, Chubut, la Ciudad y la provincia de Buenos Aires. En Chubut, las disposiciones provinciales referidas a la pandemia de coronavirus contravienen las normas establecidas por el Gobierno Nacional y violan groseramente el ordenamiento legal vigente, según lo han denunciado diputados provinciales y organizaciones sociales. No sólo no se contemplan situaciones particulares (necesidad de movilidad especial en la ruralidad, tratamiento médico de enfermedades preexistentes que se tratan en la provincia de Río Negro, etc.), sino que a las numerosas detenciones arbitrarias se suma una suerte de toque de queda  generalizado en toda la provincia. 

El audio que se filtrara hace pocos días del  ministro de Seguridad,  Federico Massoni alentaba a “meter gente en cana” para no tener la comisaría vacía ha recibido el respaldo expreso del gobernador Mariano Arcioni. Nos sumamos al repudio generalizado de los Organismos de Derechos Humanos y organizaciones sociales chubutenses.

En Jujuy, el gobernador Gerardo Morales intentó avanzar con una medida de carácter segregacionista y absolutamente estigmatizante, como fue la idea de marcar o identificar las casas de las personas con posible infección del COVID 19. Inmediatamente, la sociedad lo repudió y tuvo que retroceder. A esto se suman diversas situaciones que han sido denunciadas: la utilización de jaulas o corralitos móviles para la detención de las personas investigadas por incumplir la cuarentena; detenciones que se constituyen en verdaderos secuestros de ciudadanos que se encontraban realizando el aprovisionamiento permitido y el traslado compulsivo de migrantes desde Jujuy hacia Buenos Aires (varios de ellos con permisos especiales de Comité Argentino para los Refugiados, CAREF y de la Cancillería Argentina). Todos estos hechos  constituyen una práctica sistemática del actuar de las Fuerzas de Seguridad de la provincia de Jujuy, que responde a las directivas emanadas y/o respaldadas por el gobierno local.  

En la Ciudad de Buenos Aires, gobernada por Horacio Rodríguez Larreta, se registra al menos una denuncia por día por hechos de violencia institucional: amenazas, malos tratos, detenciones arbitrarias, golpes y la utilización de gas pimienta. Además, se investiga la muerte de una persona en situación de calle por una presunta agresión policial. También se han denunciado prácticas ilegales por parte de la Gendarmería Nacional en este territorio, situación reiterada en la provincia de Buenos Aires, donde se han registrado denuncias contra esa Fuerza y también contra agentes policiales. 

Repudiamos el accionar represivo de sectores de las Fuerzas de Seguridad y exigimos el cese de las prácticas punitivas y la violencia institucional que padecen nuestros compatriotas. Exhortamos a que se respeten los derechos humanos y que se construyan formas solidarias de cuidarnos entre toda la población en esta situación de crisis mundial.

Los Organismos de Derechos Humanos queremos expresar no sólo nuestro total apoyo a las políticas del Gobierno Nacional que, en esta hora crucial, decidió priorizar el derecho a la vida y la salud de nuestro pueblo,  sino también acompañar las medidas de protección, promoción y asistencia, impulsadas por el Presidente Alberto Fernández y sus colaboradores, a favor de los sectores en situación de mayor vulnerabilidad. Estas acciones son inequívocamente, políticas públicas de derechos humanos en las que nos reconocemos.

*Madres Línea Fundadora
Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas
H.I.J.O.S Capital
Asamblea Permanente por los Derechos Humanos 
Asamblea Permanente por los Derechos Humanos La Matanza
Comisión Memoria Verdad y Justicia Zona Norte
Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz
Fundación Memoria Histórica y Social de la Argentina
Liga Argentina por los Derechos Humanos
Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos