Las claves políticas de la reforma judicial

Por Juan Cruz Guido

El presidente Alberto Fernández realizó una fuerte apuesta al impulsar una de las promesas de campaña durante el 2019: reformar la justicia federal. Para eso, el gobierno se apoyó en leyes preexistentes como el Código Procesal Penal Federal y la creación de nuevos juzgados federales a lo largo del país, retomando más de los 100 proyectos presentados al respecto. La aplicación del CPPF implica un gran avance hacia un sistema de contrapesos, donde los jueces pasen a velar por las garantías constitucionales del proceso, y los fiscales impulsen la acción pública. De esta manera, se evita que los magistrados se empapen de subjetividades, propias de llevar adelante la investigación, en sus sentencias y decisiones.

Son muchas las voces que se alzaron en contra del momento en el que se presenta el proyecto. Cabe destacar que allí se distingue una audacia democrática, que expresa el sentido del proyecto: no aprovechar los beneficios judiciales de estar en el gobierno. Mientras muchos jueces federales de la Avenida Comodoro Py muestran su pleitesía al gobierno, acelerando causas y dictando procesamientos, Alberto Fernández se propone modificar la lógica predominante. 

En una semana en la que se procesó a Nicolás Dujovne, Guillermo Dietrich, Javier Iguacel y Bernardo Saravia Frías, en el marco de la causa de peajes, y se publicaron mensajes del secretario de Mauricio Macri, que parece acelerar la causa por los negocios de Vicentín con el anterior gobierno, el Frente de Todos pone límite al tiempismo judicial. La fusión de los 12 juzgados federales con los penales económicos y la creación de nuevos, para establecer la Justicia Federal Penal, licúa el poder de marcar agenda política, mediática y judicial de los tribunales del barrio de Retiro.

En el mismo sentido, la decisión política del presidente acentúa la autonomía de los juzgados federales hoy existentes en nuestro territorio. De esta manera se empodera el accionar judicial con perspectiva territorial. Casos como los que se investigan en Dolores y Lomas de Zamora, fueron mirados con gran recelo desde Comodoro Py. De pronto, aparecieron otros nombres en la agenda pública, los periodistas de judiciales tuvieron que ampliar sus agendas y cruzar la General Paz. 

El órgano encargado de supervisar la actuación de los jueces, el Consejo de la Magistratura, avanzó hoy con el pendiente tema de los traslados de jueces. Tema clave para que la Corte Suprema de Justicia defina de manera certera. Esa resolución podría servir como jurisprudencia clara para analizar las posibles subrogancias emergentes de esta nueva reforma. 

Dos de los jueces con traslados cuestionados, miembros de la Sala I de la Cámara Federal (Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi), defendidos por Juntos por el Cambio en el Consejo, en pleno debate sobre su nombramiento resolvieron devolver parte de la “causa de los cuadernos” elevada a juicio a la instrucción por falta de pruebas. Lejos de festejar este guiño judicial, el gobierno avanza hacia un cambio que busca ser estructural y horizontal. Terminar con los guiños, alabanzas mediáticas y operaciones. Devolverle a la justicia federal el prestigio de defender intereses colectivos. 

En definitiva, jueces y juezas, legisladores y legisladoras, deberán debatir sobre el sistema de impartición de justicia en un país donde el poder judicial se tornó una corporación tendiente a la acumulación de poder político para sus intereses y no los de la población en general.