Gatillo fácil en Paraná: a dos años del asesinato de Gabriel Gusmán los policías siguen en funciones

Por Mariano Osuna*

Estas horas que transcurren no son una temporalidad ni una fecha más en la vida de la familia y las amistades de Gabriel Gusmán, el joven asesinado de un disparo en la cabeza por la policía de Entre Ríos. Se cumplen dos años de dolor, pero también de lucha ante el silencio impune del Poder Judicial y la inacción para conocer la verdad y juzgar a los responsables de un nuevo caso de gatillo fácil. Fue aquél mediodía de septiembre de 2018, cuando los efectivos llegaron, luego de un llamado al 911, en el móvil 1021 y dispararon pese a la rendición tras la voz de alto, en cercanías a la plaza ubicada en calle 941, del barrio Capibá de la capital entrerriana. 

En esos momentos, el Ministerio Público Fiscal dispuso la apertura de la causa, ordenando la detención de los funcionarios policiales Diego Íbalo y Rodrigo Molina, aunque la escena de impostura duró apenas 48 horas, luego de ser liberados, entre celebraciones de sus colegas, con una caravana de patrulleros oficiales hacia la calle lateral del Palacio Judicial. Festejos, como un gol en un partido de fútbol, que tuvieron total complicidad por el jefe de la departamental Paraná, Marcos Antoniow, y el jefe provincial de la policía, Gustavo Maslein, mientras la familia de Gabriel lo velaba y se despedía. La ebriedad institucional al servicio de la impunidad, como una corporación que se protege y acumula, en los oscuros cajones de la democracia, las peores imágenes de violencia institucional, torturas, apremios ilegales y gatillo fácil.

Un recorrido de impunidad

"En marzo de 2019, habiendo transcurrido siete meses aproximadamente del hecho, solicitamos a los fiscales intervinientes, doctores Gonzalo Badano y Juan Francisco Ramírez Montrull, se les tome indagatoria a los funcionarios Rodrigo Molina como autor materialmente responsable y a Diego Sebastián Íbalo como partícipe necesario del delito de homicidio agravado en perjuicio de mi hijo", explicó Alejandra, en una nota dirigida al Comité Nacional para la Prevención de la Tortura. "Dicha solicitud nunca fue contestada", agregó la madre del joven.

El 15 de mayo, a un año y ocho meses del asesinato, Alejandra junto a sus representantes legales, Lucía Tejera y José Iparraguirre, reclamaron la intervención del procurador de la provincia de Entre Ríos, Jorge Amilcar García, para que se tome declaración como imputados a los dos policías. Tampoco hubo respuesta, como también ocurrió con el pedido de audiencia a la doctora Zilli, que es la jueza de Garantías interviniente. La mamá de Gabriel expresó que en éstas dos últimas presentaciones "se realizó con detalle las pruebas de cargo que consideramos suficientes en cuanto a materialidad y autoría para no desestimar o archivar el proceso, señalando las diversas irregularidades que se presentaron en el momento inmediato posterior al asesinato de mi hijo, con la intervención de personal de la Comisaría 15° y otros grupos integrantes de la Policía de la provincia de Entre Ríos".

La representación legal de Alejandra denunció que esta inacción del Ministerio Público Fiscal "vulnera la razonabilidad del plazo y por ende el acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva de esta parte querellante". Además, se recordó que los plazos previstos en el art. 223 del C.P.P.E.R. ya se han vencido y que incluso la fiscalía interviniente no solicitó prórroga del plazo, por

lo que se estaría incurriendo en retardo de administración de justicia, y por ende vulnerando el derecho de la familia Gusmán tal como señalamos anteriormente".

Alejandra reclamó que "los derechos están siendo vulnerados por parte del Poder Judicial de la provincia de Entre Ríos, el cual obstaculiza e impide la concreción de justicia sobre el asesinato de mi hijo Gabriel por policías pertenecientes a la fuerza de seguridad de esta provincia", y pidió la intervención del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura.  

AGENCIA PACO URONDO viene haciendo un seguimiento, desde aquel 25 de septiembre, de los hechos ocurridos, de la lucha de la familia y de la insólita inacción en el no llamado a indagatoria por parte del Ministerio Púbico Fiscal; un sendero de impunidad, arbitrariedades e irregularidades que logra resistencia en Alejandra, en su familia y en amistades que necesitan verdad y justicia.

Conversatorio

Este viernes, a las 19 hs, la Red de Organismos de Derechos Humanos de Entre Ríos (RODHER), organiza el conversatorio "Derechos humanos y violencia institucional. Abordaje desde las organizaciones sociales", con la presencia de Maira y Alejandra, hermana y mamá de Gabriel, integrantes del Movimiento Popular La Dignidad, Red Puentes y La Poderosa. La charla será moderada y transmitida por el facebook de H.IJ.O.S Regional Paraná.