Entre Ríos: se demora el final de la causa judicial por el gatillo fácil a Iván Pérez

Por Mariano Osuna

Pasaron 21 meses de aquella mañana en el sur de la ciudad entrerriana de Gualeguaychú. La estigmatización de los barrios populares no es nueva y finaliza en los lugares más comunes, como por ejemplo con la ausencia de tratamiento sobre las condiciones objetivas de estas comunidades, donde muchas veces no llegan las atenciones urgentes del Estado en materia de derechos humanos, es decir la garantía de cloacas, agua potable, urbanización, techo digno, acceso a la salud, la educación, el trabajo y el plato de comida. Pero en simultáneo, algunos de esos barrios son noticia de los medios tradicionales por la deformada inseguridad y los supuestos enfrentamientos con la policía. No se puede repasar la historia de Iván Perez, este joven de 24 años, que en la jornada del 9 de octubre de 2019 fue asesinado por un disparo en la nuca, por el policía Mauricio Gómez, sin recordar el caso de gatillo fácil contra Gabriel Gusmán, ocurrido el 25 de septiembre de 2018 en el barrio Capibá de Paraná.

Con resultados ingratos, ambos hechos tuvieron suerte distinta. En los acontecimientos ocurridos en la capital entrerriana, el Ministerio Público Fiscal decidió, luego de dos años, no llevar adelante la acusación y ni siquiera llamar a indagatoria a los uniformados íbalo y Molina, también de la policía de Entre Ríos, quienes hoy continúan cumpliendo funciones. Por otro lado, en la causa que investiga el asesinato a Iván, al menos se consiguió la elevación a juicio, en una temática que siempre tiene presiones, defensas corporativas y sótanos en la democracia. 

La instancia judicial inició bajo la carátula de homicidio agravado, con el sello distintivo de ser el primero en esta temática en la forma de juicio por jurados, establecido por la Ley 10746, integrado por doce miembros titulares y cuatro suplentes que son elegidos con el criterio de paridad, que cuenta con la participación de un juez técnico y con la característica peculiar que los fallos deben ser unánimes y no por mayoría; diferencia sustancial que distingue la legislación entrerriana de la aprobada e implementada por otras provincias. Sin dudas esta modalidad es un avance en términos de democratización de un sector muy aferrado a los privilegios, como también de participación e involucramiento ciudadano en la construcción colectiva de justicia, aunque debe revisarse si siempre la unanimidad es certera en toda situación de debate de jurado popular. Es decir, cómo se adaptan los distintos mecanismos para que ese proceso de conquistas en materia de derechos también se aceleren los tiempos y se aborden las complejidades de un poder que hace mucho tiempo va descoordinado respecto a las distintas realidades, las urgencias y las deudas estructurales.

Un disparo en la nuca

La llegada del móvil 647, dependiente de la comisaría octava al barrio Molinari, con una persecución encabezada por el sargento Mauricio Gómez, único acusado del caso de gatillo fácil, y el uniformado Juan Zapata, no fue sorpresa aquella mañana de octubre. Rosa Castro, madre de Iván, enumeró en varias oportunidades las distintas situaciones de violencia institucional que sufrieron en los últimos años. Tampoco es una primicia porque lamentablemente el accionar de las fuerzas de seguridad en barrios populares, con las generalizaciones del caso y las deudas en materia de formación y perspectivas actuales, en materia de derechos, son continuas. 

El vehículo policial, cerca de las once de la mañana, luego de una denuncia, se hizo presente en el barrio. Frenaron su marcha en la esquina de calles Los Algarrobos y Furquez, donde Gómez sacó su arma y disparó por la espalda, a 100 metros del joven, dando en la zona del cráneo y causando su muerte inmediata. 

El juicio fallido y una segunda posibilidad

Las audiencias se llevaron adelante durante los días 26, 29, 30 y 31 de marzo de 2021 en la sala de convenciones y fueron televisadas mediante el canal de youtube del Poder Judicial. Durante esos días se desarrollaron testimonios, se presentaron distintas pruebas y se escucharon los alegatos, ante la atenta mirada de las 12 personas integrantes del jurado popular.

El proceso judicial fue conducido por la jueza Alicia Vivan como soporte técnico de esta modalidad, mientras que la Fiscalía estuvo a cargo de Lisandro Beheran. La Querella estuvo encabezada por el letrado Pablo Di Lollo, al tiempo que la Defensa fue representada por Alfredo Vitale. El pasado 31 de marzo fue la última jornada, con el sabor amargo que las y los integrantes del jurado no pudieron llegar a una resolución por unanimidad. 

La legislación vigente establece que en caso que no haya un fallo consensuado de las 12 personas, debe realizarse una nueva instancia judicial, con el nombramiento de otro juez o jueza técnica, y la constitución de un nuevo jurado popular. El panorama, además de las demoras ya naturalizadas, obliga a que la familia del joven asesinado, como las personas que testificaron pese a las presiones, tengan que volver a enfrentarse a un Tribunal; casi como una espiral de revictimización, que tampoco tiene la certeza de un resultado justo en esta ocasión. Lo cierto es que si el jurado en esta segunda etapa no logra un veredicto unánime, el sargento Gómez, quien tiene elementos concretos para ser condenado, puede quedar absuelto por el beneficio de la duda. Como vemos, de mal en peor. 

Una cadena de violencia institucional 

Siguen en la memoria de la familia de Iván toda esa marea de imágenes de integrantes de fuerzas de seguridad ingresando sin permiso en las casas del barrio, o la violencia indiscriminada en las detenciones, o la arbitrariedad cotidiana contra jóvenes y adultos por su ropa, sus hábitos, su color de piel o la música que se escucha. Muchos años pasaron, entre la naturalización y la impunidad, profundizada aquella mañana de octubre que el joven de 24 años fue asesinado en el sur de la localidad entrerriana. 

Desde aquel 9 de octubre, Rosa y la familia de Iván comenzaron un camino de lucha, al que se plegaron las amistades, las organizaciones sociales y los organismos de derechos humanos. En el camino, mientras el juicio fallido se desarrollaba, policías de la misma seccional de Gómez, amenazaron y golpearon en la vía pública a un testigo clave, de identidad reservada, de 17 años. Lo increparon durante la mañana del sábado 27 de marzo, a pocas horas de haber dado su testimonio, lo pusieron contra la pared, le hicieron saber que ellos lo conocían y sabían quién era. Lo golpearon, lo esposaron, lo llevaron a la Comisaría e intentaron generarle una causa.

Sin fechas

Se desconoce todavía el cronograma con los plazos del segundo juicio. Un recorrido plagado de irregularidades, que pone en relieve los desafíos en materia del rol de las fuerzas de seguridad y del Poder Judicial, que son dos ejes del debate general de la sociedad que se quiere construir y de las estrategias más adecuadas hacia esos nuevos horizontes. 

En algunos meses se cumplirán dos años de un nuevo caso de gatillo fácil, que en su tránsito tuvo a la familia, casi en soledad, para visibilizar y avanzar por la verdad y la justicia frente a los obstáculos de las corporaciones policiales y judiciales. A la espera del nuevo calendario, la historia de Iván, como la vida cotidiana de la comunidad Molinari, representan distintas experiencias que ratifican las brechas de desigualdad e injusticia. Hoy Gómez se encuentra en su casa, como Molina e Íbalo en Paraná, mientras las familias resisten a las postergaciones que acentúan la impunidad.