Chile, ante un cambio histórico

Por Carlos Iaquinandi Castro (*)

“La historia es nuestra y la hacen los pueblos”

Salvador Allende (“Ultimas palabras”, 1973)

El Pueblo chileno está viviendo un cambio histórico. Así lo confirma la elección de Elisa Loncón Antileo (foto), dirigente del pueblo originario mapuche por el voto de 96 de 155 integrantes de la Asamblea Constituyente. Una mayoría que supera holgadamente el 50% y conformada por representantes independientes, de movimientos de izquierda y de pueblos originarios.

Cuando el Pueblo ganó las calles

El estallido inicial se produjo en octubre de 2019, cuando miles de estudiantes comenzaron sus protestas por el alza del boleto del Metro.

En aquel momento, el gobierno de Sebastián Piñera respondió a las demandas reprimiendo duramente. Eso no hizo más que alentar un malestar subterráneo que alcanza a grandes capas de la ciudadanía chilena.

Durante meses, cientos de miles de personas se manifestaron el Santiago y otras ciudades chilenas. Hubo 34 muertos, los heridos fueron más de 12.000, decenas perdieron un ojo por disparos balas de goma y las detenciones se estiman en más de 15.000.

A pesar de la violencia represiva, las y los manifestantes, principalmente jóvenes, siguieron expresándose. El 21 de octubre de ese año se concentraron 1.200.000 personas en Plaza Italia, ahora rebautizada Plaza Dignidad. Es la cifra que reconoció el propio gobierno chileno.

Luego, la pandemia frenó las protestas callejeras, pero la organización siguió en barrios y por las redes electrónicas. Ya era imparable.

Motivos sobran

Las causas principales de las protestas son las que hacen a la vida cotidiana: en salud, por ejemplo, se estima que solo el 20% de la población puede pagar un seguro privado; el resto –la gran mayoría- depende de la sanidad pública, que tiene graves carencias.

La educación ha originado las grandes movilizaciones de protestas estudiantiles en 2006 (la llamada “revolución pinguina”) y en 2011.

El dictador Augusto Pinochet sacó una ley de educación cuatro días antes de dejar el cargo, en la que fijaba que el Estado pagaba el 25% y el restante 75 el o la estudiante. Y dio amplias ventajas a la privada.

Se consiguieron mejoras, pero hay mucho camino por recorrer:

• el transporte, que especialmente en la capital es caro e ineficiente. Otro capítulo indignante para las mayorías sociales son los escándalos por corrupción que afectan a parte de la clase política y empresaria, el ejército y carabineros. Y por lo general, afectan fondos o intereses del Estado chileno.  
• el agua está parcialmente privatizada, y según la ley, los particulares pueden tener derechos de aprovechamiento de carácter perpetuo de las fuentes.
• para los mayores o quienes están en edad de jubilarse, el grave problema de las famosas AFP -Administradoras de Fondos de Pensiones-. La presidenta de la fundación Chile 21, Gloria de la Fuente, explica que “las personas que trabajan y cotizan (NdR: aportan) toda su vida, terminan recibiendo una miseria”. Y añade que “el 80% de las personas en Chile recibe pensiones que son menores al sueldo mínimo”. La privatización se hizo durante la dictadura de Pinochet, que prometía “pensiones dignas” pero en realidad ha colaborado con la concentración de la riqueza y la desigualdad del ingreso, al mantenerse el sistema con los gobiernos siguientes.
• En el caso de los pueblos originarios, su no reconocimiento formal y el hostigamiento constante contra sus líderes naturales y las poblaciones.

Un objetivo común: una nueva Constitución

Por todo eso, la principal demanda que unía a todas las demás era la de una nueva Constitución, que sepultara definitivamente la de Pinochet. Y el Pueblo votó de forma abrumadora a favor de una convocatoria de Asamblea Constituyente, y también se defendió en las protestas populares que todos los chilenos pudieran ser candidatos, no sólo los pertenecientes a los partidos.

Se advertía una creciente desconfianza en la clase política en general. El gobierno tuvo que ceder. Pero previamente y a puertas cerradas, los partidos, incluyendo algunos de los de izquierda, acordaron en el Parlamento que fuera necesario tener los 2/3 de los votos para que una reforma pudiera ser aprobada. Esta cláusula prácticamente obligaba a que toda nueva norma tuviera que ser negociada con el oficialismo que tendría capacidad de veto. Y, en tal caso, se establecía que quedaría tal como estaba en la de la dictadura. 

El voto popular

Pero la sorpresa inesperada para la coalición de derechas, fue que no alcanzaron siquiera ese mínimo tercio de representantes.

La estructura de poder político-empresarial construida sobre lo heredado de la dictadura comenzó a derrumbarse por los embates democráticos de la protesta popular, pero fundamentalmente por su voto.

El gobierno de Piñera pasó a ser algo irrelevante. Y en el horizonte, el calendario electoral marca elecciones presidenciales para el próximo 21 de noviembre. Todavía no hay candidaturas en firme.

Puesta en marcha de la Asamblea

La sesión de la Constituyente inició dando posesión legal de sus cargos a los electos. Luego correspondía la elección de quien presidirá el organismo.

Hubo una interrupción porque el gobierno había dispuesto vallas y fuerzas de carabineros y elementos antidisturbios en un amplio perímetro del lugar donde sesionaba la Asamblea.

Y llegaron datos de que la gente que quería acercarse -familiares, amigos y compañeros de los asambleístas- estaba siendo atacada con gases y cañones lanza agua.

Tras el reclamo y el pedido del cese de la represión, se inició la elección de las autoridades de la Constituyente.

Amplia mayoría de Elisa Loncón en segunda vuelta

En primera votación, Elisa Loncón obtuvo 58 votos, y el resto se lo repartieron otros cinco o seis candidatos.

La derecha concentró su voto en Harry Jürgensen, de la coalición gubernamental, pero solo alcanzó 36.

En la segunda vuelta, la dirigente mapuche recogió 96 votos, más que suficientes para ser proclamada.

Como vice, fue elegido Jaime Bassa con 84. Representa al Frente Amplio, un movimiento de izquierdas. Ambos hicieron una declaración conjunta, y afirmaron que inician un camino republicano y popular.

Elisa Loncón, de 58 años, es lingüista, profesora de inglés con estudios de posgrado en Holanda y Canadá. También tiene un doctorado en Humanidades por la Universidad de Leiden y otro de Literatura en la Católica. Cuenta con una larga trayectoria en defensa de los pueblos originarios, el multiculturalismo y los derechos de la mujer. Al asumir dijo “este sueño es un sueño de nuestros antepasados que se hace realidad. Es posible refundar este Chile. Establecer una nueva relación”. 

Jaime Bassa, de 44 años, es abogado constitucionalista y tiene doctorados en varias universidades, entre ellas la de Barcelona. Afirma que “la Convención debe tener claros los efectos de la Constitución que dejó la dictadura en la acumulación del malestar que debemos enfrentar”. Y añadió que la nueva Carta Magna “no debe ser simplemente un texto jurídico mejor redactado, sino una nueva estructura de relaciones de poder en la sociedad, tanto fuera del Estado como dentro de él.”

No será fácil, pero lo saben.

El Pueblo chileno, en especial quienes descienden de la generación que vivió las ilusiones de los años 70 y sufrieron la represión de la dictadura, fue quien decidió terminar con la herencia de Pinochet, reclamando igualdad, libertad y avances sociales.

Se trata de protagonistas de un proceso por cambios reales y profundos. Saben que las oligarquías sociales y económicas siempre se resisten a perder sus privilegios y su poder. Tienen la trágica experiencia del 73. Y la fuerza colectiva para avanzar. No será fácil. Pero lo saben. En las calles demostraron su madurez y su convicción.

Es inevitable que muchas y muchos recuerden hoy a su presidente Salvador Allende.

Y algunas de sus frases, que se hacen realidad por voluntad popular:       

“Se abrirán de nuevo las grandes alamedas por donde pase el hombre libre, para construir una sociedad mejor.”

(*) Por el Servicio de Prensa Alternativo (Serpal). Foto: página de Elisa Loncón en Facebook.