Duro cuestionamiento a la Corte Suprema: “Se arrogaron facultades del Poder Legislativo”
Por Corriente de Abogados Porteños - la Corriente Judicial Porteña - Corriente Gremial Porteña
Ante la gravedad institucional en la que nos ha sumido la Corte Suprema de Justicia de la Nación al arrogarse facultades propias del Poder Legislativo, produciendo en ello un profundo deterioro del sistema republicano, no podemos dejar de expresarnos en tanto organizaciones que nuclean a diferentes operadores de del Poder Judicial.
Advertimos que con el fallo, la CSJN al poner en vigencia una ley que fue derogada hace ya 16 años para poder así presidir nuevamente el Consejo de la Magistratura, que es el órgano que nombra y destituye jueces, se ubica en el lugar de juez y parte puesto que ante cualquier anomalía que se produzca en ese ámbito el afectado que recurra a la justicia podrá volver a encontrarse con el presidente del Consejo, ahora investido del poder de sumo magistrado, destruyendo así el derecho de defensa, pilar de nuestro sistema de justicia.
Notamos con honda preocupación la enorme discrecionalidad en el manejo de los plazos que tuvo la CSJN para dictar el fallo, más de cinco años, y la celeridad de 120 días corridos que le otorgó al Consejo de la Magistratura para resolver la nueva composición, conforme la ley derogada, en tanto no fuese sancionada una nueva ley que organice el Consejo de la Magistratura de la Nación.
Asimismo, este organismo tiene la función constitucional de administrar el Poder Judicial, por lo que además pasarían a tener los miembros de la Corte una herramienta más para disciplinar a magistradas y magistrados. Cabe hacer notar en este sentido que no se han caracterizado por ser prolijos y eficientes en el manejo de fondos, tal como quedó demostrado en la administración de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación.
En nuestra condición de mujeres y hombres del derecho, pero fundamentalmente en la de ciudadanas y ciudadanos argentinos, consideramos que, más allá de los medios legales que utilicen los otros dos poderes del Estado para restablecer el orden determinado por nuestra Constitución, es primordial la movilización de todo el pueblo en defensa del estado de derecho y el sistema democrático.