Brenda, Morena y Lara: la violencia como oportunidad económica

La narcocriminalidad opera en el marco de un mercado ilegal, esto es en un espacio en el que personas transaccionan mercancías y servicios al margen de la ley con el objetivo de tener ganancias económicas. Los grupos criminales, dada su organización, tienen la capacidad de imponer la dinámica del mercado al margen de la legalidad, la ausencia del Estado de derecho permite la presencia de la violencia para imponer voluntades y la sumisión al más fuerte. 

Según especialistas sobre el crimen organizado, estas organizaciones que tienen como objetivo cometer delitos para obtener un beneficio económico, tienen determinadas características. Primero, son un sistema con jerarquías y asociaciones temporales; segundo, suministran bienes y servicios ilegales; tercero, tienen capacidad de coacción y el uso de la violencia contra quienes los enfrentan, ya sea otro grupo criminal o el Estado; cuarto, tienen perdurabilidad en el tiempo.

Asimismo, estas organizaciones establecen vínculos con la legalidad. Por un lado, el mantienen un nexo político-criminal que se define por el grado de cooperación entre el sistema político y los criminales, como por ejemplo financiando carreras políticas. Por otro lado, mantienen un nexo económico-criminal en donde se vinculan con las formas de la economía legal, han adquirido considerable peso en lugares en los que son una fuente de recursos y dinamizador de las inversiones, como la actividad inmobiliaria y distintas operaciones financieras.

Para mantener perdurabilidad en el tiempo funcionan estos nexos con la legalidad, pero también con la capacidad de establecer normas informales que cohesionan a la organización. Estas reglas y formas de proceder se basan en un sistema de premios y castigos.

El mercado ilegal en el que operan estas organizaciones criminales, tiene un anclaje territorial sobre el que se desenvuelven en convivencia con el resto de la sociedad. No son organizaciones que vienen de marte y operan sobre un consumo que no existía previamente.

Matias Dewey teorizó sobre el concepto de “Zona liberada” y plantea la idea de que estas zonas son un patrón de comportamiento estatal, un mecanismo informal de gobierno, espacios sociales en los que las autoridades estatales suspenden el Estado de derecho, construyendo una relación de poder.

El pasado mes de junio, la Pastoral Nacional sobre Adicciones y Drogodependencia público un comunicado alertando sobre el avance de grupos narcocriminales sobre barrios periféricos que ocupa sigilosamente. Sosteniendo que estos grupos van generando “trabajo” a la par de la desintegración de núcleos familiares, ampliando su campo de acción. Afectando a nuestros adolescentes y jóvenes que se vinculan con el narcotráfico, en un escenario en el que prima la violencia y no se encuentra la paz.

Este escenario social está marcado por el aumento del desempleo, la precarización y la caída del consumo, territorialmente la General Paz y el Riachuelo no lo delimitan. 

El informe del CEPA sobre el segundo trimestre del  2025 arroja una tasa de desempleo del 7,6% , el mismo nivel registrado en idéntico periodo del 2024. Son un total de 1.733.000 personas desocupadas de las cuales un 8,5% son mujeres y un 6,8% son varones. Por otro lado, la desocupación en mujeres y varones de hasta 29 años es del 28,5% y 22,7% respectivamente. Esto muestra que los jóvenes son los más afectados por la desocupación.

Los trabajadores con un empleo formal en el período analizado tuvo una disminución del 3,9%. Mientras que hubo un crecimiento del 1,7% de los trabajadores sin aportes a la seguridad social.

En relación a la actividad económica la “Intermediación financiera” tuvo un crecimiento interanual del 22,2% siendo la de mayor incidencia. Ahora bien la caída interanual de mayor incidencia la tuvo la “Industria manufacturera” con el 1,8%. A simple vista el plan económico de Gobierno beneficia más al capital financiero que al capital productivo, siendo este último un gran dinamizador del ingreso.

A mi entender vincular estos datos con el escenario social sobre el que opera la criminalidad  es de suma importancia, porque los mercados ilegales están atravesados por los intereses económicos. Desde el narcotraficante que gana dinero en el negocio y los distintos actores que buscan alguna forma de obtener ingresos a través de este mercado, hasta aquellos que cumplen el rol de mano de obra para sostener el negocio.

Si no hay oportunidades de obtener ingresos a través de un mercado laboral y poder proyectar al corto, mediano y largo plazo, las oportunidades serán buscadas en otros tipos de actividades y muchas veces con exposición a la violencia.

Los mercados ilegales en los que opera la narcocriminalidad se nutre de esta mano de obra, generando ingresos económicos para distintos actores, como sostiene Dewey en su descripción de la zona liberada. Dentro de esos actores que intervienen en esa zonas hay desde funcionarios policiales hasta funcionarios políticos que no intervienen.

En febrero de este año se realizó un megaoperativo en la zona comercial que atraviesa la calle Avellaneda en el barrio de Flores, para desalojar a los manteros. Durante los siguientes meses todos los fines de semana se observan patrulleros y policías corriendo a trabajadores que buscan una forma de obtener ingresos, acusados de ocupar ilegalmente el espacio público, lo cual puede ser discutible. Pero lo cierto es la efectividad de las fuerzas de seguridad y la decisión política para liberar el codiciado espacio público.

Ahora bien, a siete cuadras de la intersección de Avellaneda y Cuenca, en Flores, los vecinos vienen denunciando una zona liberada para realizar distintos tipos de actividades ilegales, como la prostitucion y la venta de drogas. En muchos casos la primera como pantalla de la segunda. Quienes pasaron en los últimos meses por la zona de Ramon Falcon desde Nazca hasta Cuenca, podrían observar el estado de situación muy evidente.

Mientras que en la zona comercial de la calle Avellaneda se realizan megaoperativos, en esta zona a siete cuadras de la otra hay vía libre para cualquier comercio ilegal.

Muchos jóvenes se vuelcan a estos mercados en busca de un ingreso porque la situación es de supervivencia, en un escenario social muy deteriorado. Y se vinculan con distintos grupos narcocriminales que operan en la zona de Flores y el conocido Bajo Flores.

Nuevamente volviendo a los conceptos de zona liberada, mercados ilegales y narcotráfico. Se entrelazan dinámicas y características que utilizan la violencia para imponerse sobre otros, pero también exponer un adoctrinamiento interno. Eso sumado al deterioro socio-económico, genera un cocktail aberrante.

Es nuestro pueblo quien sufre la inseguridad sin oportunidad de pagar seguridad privada. La señora que le roban un celular que todavía está pagando en cuotas. O el pibe que le roban la moto que compró con un crédito y no la puede tener asegurada contra robo porque el seguro es muy caro.

Y ante el hecho de público conocimiento que impacta socialmente abre un registro con características que dejan una marca muy potente. Anteriormente hubo un hecho de generalidades similares el caso del empresario Fernando “el lechuga” Perez Algaba, asesinado en el marco de un ajuste de cuentas por motivos financieros.

Pero el asesinato de Brenda, Morena y Lara tiene particularidades que marcan un antes y un despues. Un registro social para toda la sociedad en general y un registro interno para el mercado ilegal de drogas en particular.  Los autores ideales y materiales son reemplazables, mientras los grupos narcocriminales continúen operando en estos mercados ilegales que se potencian con el deterioro social y económico, se abre la puerta a una dimensión del delito que desconocemos.

La desigualdad social, la pobreza y la falta de oportunidades tienen estas consecuencias. El origen de la injusticia es económico.