Las instituciones, según Cambiemos
Por Mauro Benente (UBA/CONICET)
Aunque buena parte de las políticas desarrolladas durante los doce años de gobierno del Frente Para la Victoria fueron aprobadas por leyes del Congreso, una de las mayores críticas recibidas se encuentra en el rubro de la institucionalidad. Incluso, las medidas que desde el progresismo son más criticables –la ley antiterrorista, la ley de A.R.T., el nombramiento de Milani-, han pasado por el Congreso. Los reproches sobre el escaso respeto a la institucionalidad creo que valen en algunos casos –el del INDEC es el más emblemático- pero me parece que el gran problema de las alas progresistas del kirchnerismo en el plano institucional ha sido otro. Primer no haber creado un sólido poder popular, y segundo no haber delineado instituciones más democráticas y horizontales a las que pudieran ingresar las –escasas- bases populares. El progresismo tiene ciertas dificultades con el plano institucional porque cuesta mucho sentirse vinculado con instituciones tan poco democráticas como las existentes, y no resulta sencillo articular un diseño institucional menos alejado de los sectores populares. De todos modos, sin olvidar que la agenda del progresismo debe ser la apuesta por una institucionalidad más horizontal y participativa, es posible realizar un pequeño contraste entre el gobierno de Cristina Fernández y las primeras semanas del gobierno de Macri en lo que refiere a las instituciones ya existentes. Me parece que es interesante hacer la comparación a partir de dos medidas políticas que marcaron, con éxitos y fracasos, la gestión de Cristina Fernández: la resolución 125 y la ley de medios.
La resolución 125, firmada por el Ministro de Economía Martín Lousteau, fue dictada en uso de atribuciones del artículo 755 del Código Aduanero, que facultaba al Poder Ejecutivo a establecer derechos de exportación. Por su lado, el Decreto 2752/91 había subdelegado estas atribuciones en el Ministerio de Economía. En medio del conflicto suscitado por la resolución el Poder Ejecutivo envió un proyecto de ley, y una vez rechazado la derogó. El gobierno no estaba obligado a enviar el proyecto de ley, ni tampoco a derogar la resolución una vez rechazado el proyecto de ley, pero en una muestra de institucionalidad procedió de ese modo. Sobre este asunto, hay que aclarar que la reforma constitucional de 1994 estableció que la delegación legislativa que no tuviera plazo de vigencia caducaría en 1999 a menos que el Congreso la ratificara expresamente. A través de las leyes 25.148, 25.645, 25.918, 26.135 y 26.519, el Parlamento prorrogó esos plazos y con la última de las normas creo una Comisión Bicameral para evaluar la delegación legislativa. La comisión emitió un dictamen y las normas tenían que ser ratificadas antes del 25 de agosto de 2010 para no perder vigencia pero la entonces oposición –hoy oficialismo-, en una decisión que no me parece objetable, no prestó el acuerdo y la delegación legislativa anterior a 1994, dentro de la cual estaba el artículo 755 del Código Aduanero, caducó. Lo notable es que el decreto 133/2015, mediante el cual el Presidente Macri derogó las retenciones al agro, se dictó en uso de facultades delegadas por el citado artículo 755, que no está vigente. En este primer contraste, la Presidenta autoritaria y gritona hizo uso de atribuciones vigentes, y oyendo al Parlamento –pero sin obligación legal de hacerlo- derogó la Resolución. Por su lado, el amable Presidente y abanderado de la institucionalidad, hizo uso de facultades otorgadas por un artículo que no está vigente, cuya caducidad fue promovida y festejada por su propio partido, y por ello tendría que haber modificado los derechos de exportación por ley del Congreso.
Con la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual el contraste también es notable. Hubiera sido interesante un tratamiento parlamentario más intenso, puesto que el proyecto de ingresó el 27 de agosto de 2009 y fue aprobado el 10 de octubre, y parece poco tiempo de debate parlamentario para una ley de tamaña envergadura. Sin embargo hay que aclarar que el 18 de marzo de 2009 se había presentado un anteproyecto que fue discutido en veinticuatro foros públicos, recibiendo ciento treinta y nueve aportes. Además, el proyecto fue apoyado por diversos movimientos sociales y políticos, y en particular por la Coalición por una Radiodifusión Democrática. En el plano institucional, se instituyó al AFSCA como órgano de aplicación de la ley cuyo directorio sería integrado por un presidente y un director designados por el Poder Ejecutivo, tres directores propuestos por la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual -uno por la mayoría o primera minoría parlamentaria, uno por la segunda minoría, y otro por la tercera minoría- y dos directores a propuesta del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual. A escasos días de asumir la Presidencia, Macri dictó un DNU para modificar la Ley de Ministerios y ubicar al AFSCA dentro de la órbita del recientemente creado Ministerio de Comunicaciones y luego intervino el AFSCA. Esto motivó una medida precautelar que impedía realizar modificaciones en la estructura del AFSCA, pero el Presidente desoyó la resolución judicial y mediante el DNU la dinamitó y la sustituyó por el Ente Nacional de Comunicaciones. Lejos de crear un órgano más plural y participativo, con globos de diferentes colores, estos serán fundamentalmente amarillos puesto que de los siete miembros cinco responderán al Presidente. Cuatro ya fueron nombrados - ex Secretario de Medios porteño Miguel De Godoy, el ex legislador del PRO Agustín Garzón, el abogado Alejandro Pereyra, y el ex gerente de Telefé Heber Martínez- y hasta que inicien las Sesiones Ordinarias del Congreso el Enacom funcionará sin representantes de la oposición.
Desde 1999 la Corte Suprema tiene dicho que los DNU sólo pueden dictarse si el Congreso no puede reunirse por catástrofes naturales, o si la urgencia del caso es incompatible con los trámites parlamentarios ordinarios. De todos modos, como ninguno de los supuestos existe, no hay razones para el dictado del DNU que destruyó el AFSCA y buena parte de la estructura de le ley de medios. Si entre que comenzó la discusión del anteproyecto de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y fue finalmente aprobado transcurrió un año y medio, y si el proyecto fue discutido durante más de un mes en el Parlamento, el gobierno de Macri, supuesto garante del diálogo pero en absoluto silencio, en menos de veinte días de gobierno y desde sus vacaciones en Villa La Angostura, mostró con gran nitidez su respeto por las instituciones. Además, si el kirchnerismo ha tenido grandes dificultades, o gran desprecio, para institucionalizar la participación popular, y de movimientos sociales y de base, ya sabemos que esto no forma parte de la agenda de Cambiemos. Si en los fundamentos de la Ley de Medios se mencionaba expresamente la lucha de las organizaciones y movimientos, en los fundamentos del DNU la referencia es a las necesidades y urgencias del mercado y la industria de la comunicación.
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