Obras públicas K: las inconsistencias de Ercolini (un fallo para la tribuna)

Por Juan Cruz Guido

En línea con lo publicado por la Agencia Paco Urondo a principios de Noviembre del 2016, el informe de Vialidad Nacional sobre el que se sustentan los procesamientos y embargos dictados por el juez federal Julian Ercolini reviste de poco valor probatorio sobre los supuestos pagos de sobreprecios en obras viales en la provincia de Santa Cruz.

A pesar de que los grandes medios se han empecinado en utilizar el informe como justificación de la causa que tramita en Comodoro Py, el contenido del mismo es muy endeble a nivel jurídico. No obstante, los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahíques utilizan el documento como la piedra angular de su primera presentación en la causa caratulada como “administración fraudulenta”. Ambos consideran reveladora la auditoría encargada por las nuevas autoridades de la Dirección de Vialidad y realizada por funcionarios de la administración macrista.

El informe ya en su inicio señala que “entre los principales aspectos que surgen del examen practicado no se evidencian deficiencias constructivas de relevancia, como así tampoco tareas que hayan sido certificadas sin ejecutarse”.

A partir de allí se hace una descripción de las 83 obras realizadas en la provincia, de las cuales se finalizaron 44 sin irregularidades importantes según los auditores. Las 39 restantes se encuentras en ejecución, varias de ellas paradas a partir del cambio de gobierno y ya desde fines de 2015. Lo mismo ocurre con los fondos reconocidos por la agencia. De los casi 22 mil millones de pesos adjudicados, mas de 13 mil millones fueron finalmente girados a la concreción de las obras, guardando una estrecha relación con las ejecuciones antes mencionadas.

Uno de los puntos señalados por la presentación es la cantidad de obras adjudicadas a la constructora de Lázaro Báez, Austral Construcciones. De las 83 obras que se realizaron en la provincia, 51 fueron adjudicadas al empresario. Es esa la línea que intentan seguir, intencionalmente, los fiscales y el juez a cargo de la instrucción de la causa contra empresario de la construcción y la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Los magistrados buscan presentar un escenario de conexión comercial entre CFK y el constructor, para poder tipificar la asociación ilícita que ronda todas sus presentaciones.

En ese sentido se denota lo absurdo del embargo dictado por Ercolini y que alcanza la cifra de 10 mil millones de pesos. En el caso de Santa Cruz las obras ejecutadas y pagas al empresario apenas superan los 16 mil millones. ¿Cómo es posible que habiendo realizado las obras sin “deficiencias constructivas” el empresario haya pagado lo adjudicado a la ex presidenta en sobreprecios?

En cuanto al direccionamiento de las obras a las empresas del Grupo Austral, la defensa del empresario asegura que se debe a los altos costos de traslado y trabajo en una región considerada laboralmente como “desfavorable”. De esa manera justifican la evidente falta de competencia en la obra pública de la provincia.

Sin embargo, y en sintonía con lo manifestado por la propia ex presidenta, debe auditarse toda la obra pública para confirmar y en todo caso juzgar el proceso de cartelización de la construcción. El informe presentado es bastante deficiente en ese sentido ya que está claramente direccionado con una intención política. Se audita de manera exclusiva la provincia de Santa Cruz sin profundizar en el posible entramado empresario a nivel nacional.