Tarjetas rojas

En Argentina el mundial empieza antes. Empieza en las oficinas armando el prode, en los grupos de Whatsapp, con los pibes en las escuelas buscando las figuritas para llenar el álbum y la ilusión intacta de ver a Messi levantando la copa.

Pero mientras aparecen las camisetas y las figuritas, hay otra escena mucho menos épica que se repite todos los meses en aparente soledad: millones de personas abriendo la app del banco con miedo para ver cuánto vino de tarjeta. Las tarjetas rojas no se ven en los partidos, están en el resumen.

La deuda dejó de ser una excepción para convertirse en una forma de vida cada vez más normalizada. Familias que pagan el mínimo hace meses, jubilados que financian remedios, trabajadores que usan crédito para comprar comida o llegar a fin de mes y terminan atrapados en una rueda de intereses que nunca termina de arrancar pero tampoco deja bajar.

Las cifras demuestran hasta qué punto el problema dejó de ser individual. La tasa de morosidad en tarjetas de crédito llegó al 11,6 por ciento en febrero de este año, un máximo histórico. Para sostener la deuda con el sistema financiero hacen falta, en promedio, 2,5 salarios por hogar. Son ya dieciséis meses consecutivos de deterioro. La plata no alcanza, sale de las familias y se la queda el sistema financiero: el gran ganador de este proyecto.

Pero el promedio esconde una realidad más cruda. La crisis de endeudamiento no golpea a todos por igual. El lugar desde donde uno se endeuda determina cuánto paga, con quién, y si alguna vez puede salir.

Los sectores medios —asalariados formales, empleados públicos, monotributistas— acceden al crédito principalmente a través de los bancos tradicionales. Ahí la mora ronda el 8 o 10 por ciento. No es poca cosa: de cada diez personas endeudadas en ese segmento, al menos una no puede pagar. Son deudas de consumo acumuladas durante años de salario real a la baja. La tarjeta que empezó pagando el súper se convirtió en una trampa de intereses que se renueva sola cada mes.

Por otra parte, los sectores populares —trabajadores informales, cuentapropistas, personas que no reúnen los requisitos para que un banco tradicional les abra una cuenta de crédito— llegan al sistema financiero por la ventana. La ventana se llama billetera virtual, fintech, Tarjeta Naranja, tarjeta del supermercado. Plataformas que en pocos clics ofrecen crédito sin turno, sin trámite, sin sucursal. Lo que no dicen tan fácilmente es la tasa: en el segmento no bancario, la mora ya supera el 24 o 27 por ciento. De cada diez personas endeudadas en ese circuito, entre dos y tres no pueden pagar. Y lo que deben no es un auto ni un viaje: es el supermercado, el gas, los remedios del mes.

La paradoja es brutal. Las personas con menor capacidad de repago son exactamente las que acceden al crédito más caro. No porque sean irresponsables. Sino porque el banco les cerró la puerta y el mercado les mandó un algoritmo que les aprobó el crédito en treinta segundos, sin explicar que los intereses podían devorarles el ingreso en pocos meses. El crédito que consigue quien no tiene banco cuesta el doble o el triple que el que consigue quien sí lo tiene. Y cuando no puede pagar, no hay gerente que atienda: hay un algoritmo que le corta el acceso.

El mercado les prometió acceso pero lo que terminó dando fue dependencia financiera permanente. Esto no es un problema de cultura financiera ni de decisiones individuales. Es una estructura que empuja hacia abajo a los que ya están más abajo y que, mientras tanto, sigue siendo enormemente rentable para arriba. Cuando millones de personas necesitan refinanciar comida, medicamentos o servicios básicos, ya no estamos frente a errores personales: estamos frente a un modelo económico que transformó el endeudamiento cotidiano en un mecanismo de extracción sistemática sobre los ingresos de las familias.

Y es acá donde aparece una pregunta política tan pertinente como profunda: ¿Para qué existe un banco público? Porque la Ciudad de Buenos Aires tiene uno. El Banco Ciudad acumuló durante años capacidad técnica, patrimonio y presencia territorial en cada barrio. Sin embargo, durante casi dos décadas el PRO lo administró como si fuera un banco privado con logo estatal: eficiente para mostrar balances, pero completamente ausente cuando las familias empezaron a caer en la trampa de la deuda cotidiana.

La diferencia entre un banco público y uno privado no debería ser solamente el nombre en la fachada. Debería verse, sobre todo, en momentos como este. Cuando el mercado financiero deja de funcionar como herramienta de desarrollo y empieza a operar como un sistema que captura una parte cada vez más grande del ingreso social.

Durante años se habló de gestión como si la administración eficiente fuera un fin en sí mismo. Pero administrar no es solamente ordenar cuentas: también implica decidir para qué existen las instituciones públicas y a quién protegen cuando las cosas se complican.

El resultado está a la vista. Mientras las familias financian consumos básicos con tasas cada vez más altas, el sistema financiero atraviesa uno de sus momentos más rentables en años. Los bancos sostienen ganancias extraordinarias incluso en un contexto de caída del salario y aumento de la mora. No es una anomalía: es el resultado de reglas diseñadas para proteger al prestamista mucho más de lo que protegen al deudor.

Y lo que los libertarios proponen como solución no corrige ese problema: lo profundiza. Más desregulación financiera, menos controles, fintech operando sin límites efectivos y un Estado que abandona la única cancha donde todavía podría equilibrar algo de esa relación desigual.
Para el vecino de Flores, Lugano o Barracas que quedó atrapado pagando intereses sobre intereses en una billetera virtual, eso no es libertad. Es quedarse solo frente a un sistema que ya le ganó de mano.

Desde el Partido Intransigente creemos que Buenos Aires necesita abandonar la pasividad frente al endeudamiento social. Y tenemos propuestas concretas, no solo diagnóstico.

En primer lugar el Banco Ciudad debería liderar un programa porteño de renegociación de deudas de consumo, con quitas reales para hogares en mora, priorizando a los trabajadores informales y sectores populares atrapados en el circuito fintech. No hace falta inventar nada — Brasil acaba de hacerlo con el Desenrola de Lula: once millones de personas renegociaron sus deudas, con descuentos de hasta el 90 por ciento y tasas máximas del 1,99 por ciento mensual. Un banco público porteño podría hacer algo equivalente. El PRO lleva veinte años de gestión y no se le cayó una sola idea en esa dirección. Nosotros proponemos empezar.

Por otro lado, la Ciudad tiene que dejar de mirar para otro lado mientras las fintech y billeteras virtuales operan sin los mismos estándares de transparencia que los bancos tradicionales. Tasas visibles, contratos legibles, límites a los intereses punitorios. No puede haber un régimen de privilegio para los actores que prestan a quienes el banco rechazó y les cobran el doble o el triple.

Finalmente un registro público de endeudamiento por barrio. Saber en qué comunas se concentra la mora, qué segmentos están más expuestos, qué tipo de crédito está haciendo más daño. Sin datos propios, el Estado toma decisiones a ciegas mientras las plataformas operan con precisión quirúrgica. Esa asimetría no es técnica: es política, y se puede corregir.

Ninguna de estas medidas es radical. Son las que cualquier Estado medianamente serio implementa cuando ve que el sistema financiero captura sistemáticamente el ingreso de los más vulnerables.

La cuarta puede venir. Ojalá. Pero cuando terminen los partidos y volvamos a mirar el resumen de la tarjeta, el problema va a seguir ahí. Las tarjetas rojas no desaparecen solas. Desaparecen cuando alguien decide que el Banco Ciudad no es un banco privado con logo del gobierno, que las fintech no pueden operar en las sombras y que los vecinos de Flores, Lugano o Barracas merecen las mismas protecciones que cualquier cliente del centro. Eso no es una utopía. Es una decisión política. Y como toda decisión política, puede tomarse.