Comienza juicio por la masacre de Curuguaty: ningún policía investigado

El lunes en el Palacio de Justicia de Asunción inició el juicio a los campesinos acusados por la masacre de Curuguaty, ocurrida el 15 de junio de 2012 y en la que fallecieron once labriegos y seis policías. El desalojo, cuyo resultado derivó en la destitución del entonces presidente Fernando Lugo, fue llevado a cabo con una orden de allanamiento en unas tierras que habían sido donadas al Estado paraguayo, pero que se encuentran hasta ahora ilegalmente explotadas por la empresa Campos Morombí, propiedad del fallecido político colorado Blas N. Riquelme.

Rubén Villalba, Felipe Benítez, Luis Olmedo, Adalberto Castro, Arnaldo Quintana, Néstor Castro, Lucía Agüero, María Olmedo y Dolores López se encuentran acusados por invasión de inmueble ajeno, asociación criminal y homicidio doloso en grado de tentativa; Alcides Ramírez y Juan Carlos Tillería por invasión de inmueble y asociación criminal, mientras que Felipe Nery Urbina está procesado por “frustración a la persecución penal” al haber pasado por el lugar tras el tiroteo e intentado auxiliar a uno de los heridos. La joven RRVO será sometida a un proceso penal adolescente porque al momento de los hechos era menor de edad, en tanto que el también menor RABC ya fue condenado en un proceso abreviado.

Entretanto, fueron sobreseídos Juan Alberto Caballero, Marcelo Trinidad y Miguel Ángel Correa, quienes fueron detenidos cuando fueron al hospital regional para averiguar si había algún familiar entre las víctimas de la masacre.

Ningún policía investigado

El fiscal Jalil Rachid solo acusó a los campesinos y no hay un solo policía investigado ante las denuncias de torturas y ejecuciones extrajudiciales que habrían cometido las fuerzas de seguridad durante el procedimiento. El agente del Ministerio Público es también cuestionado por los lazos políticos que lo unen con la familia Riquelme y a pesar de haber sido recusado por parcialidad manifiesta fue confirmado en el caso.

Rachid funda su acusación en que las tierras son propiedad de Campos Morombí y que a sabiendas de ello los campesinos conformaron una asociación criminal jerárquicamente organizada para matar policías y apropiarse del inmueble. Esto a pesar de que la titularidad de las tierras se encuentra aún en litigio entre el Estado y la firma privada.

Acusados renuncian a su defensa

Los acusados del Caso Curuguaty alegan que no confían en la defensa de Vicente Morales y Guillermo Ferreiro. Renunciaron a sus abogados y eligieron al defensor público.

Primeramente se levantó Néstor Castro y dijo que no tiene abogado, le siguió Lucía Agüero, alegando que no hay confianza en los abogados Morales y Ferreiro, seguidamente eligieron al defensor público Joaquín Díaz. Se sumaron los demás acusados a 40 minutos del inicio del juicio.
El defensor público Joaquín Díaz, quien ya representaba a Felipe Balmori, se mostró sorprendido ante la decisión de los labriegos y pidió la suspensión del juicio oral y público.

“Esta decisión llegó en forma inesperada, solicito la suspensión para contactarme con la defensora pública y que asigne a otros defensores públicos. Si era uno o dos no había problema, pero ya son varios”, expresó.

Díaz representaba a un solo acusado, Felipe Nery Urbina. Dijo que a pedido de los procesados asumirá la defensa de algunos y buscará a otros abogados que puedan acompañar a los demás. Considera conveniente que el juicio se suspenda por una semana.

Se tomó un receso de 5 minutos para analizar la suspensión del juicio, que inició a las 9.00 de este lunes, con una hora de retraso, primeramente llegó Rubén Villalba, luego los acusados que vinieron desde el interior del país.

Familiares de víctimas temen “sentencia cantada”

Martina Paredes, hermana de dos de los labriegos fallecidos, manifestó su temor a que el resultado del proceso esté decidido de antemano y sea una condena para los acusados. “Nos daba miedo que esta sentencia estuviera ya cantada, que ya se supiera de inicio lo que iba a pasar con los compañeros acusados y el juicio no sirviera. Y mientras, no sabemos quién mató a nuestra gente, ni uno solo está procesado”, dijo.

Paredes hizo estas declaraciones después de que el juez suspendiera hasta el próximo lunes el juicio contra doce de estos campesinos, todos ellos se reparten cargos que oscilan entre tentativa de homicidio, invasión de inmueble ajeno, coacción grave y asociación criminal. La última de las acusadas, menor de edad en el momento de los hechos, será juzgada el próximo 2 de noviembre con arreglo al sistema penal adolescente.

El juez Ramón Trinidad Zelaya, presidente del tribunal a cargo de la causa contra los doce adultos, suspendió el proceso hasta el próximo lunes 3 de agosto a pedido del nuevo defensor de once de los acusados, después de que estos renunciaran ayer a los abogados de su defensa. El nuevo abogado pidió más tiempo para estudiar la causa, pero Zelaya argumentó que no se concedería un plazo mayor a tres días, dado que “la prensa y la gente quieren conocer ya la sentencia”.

Paredes consideró “ridículo” que para el juez sea más importante “la prensa y la gente” que los afectados por la sentencia. La campesina está apoyada por otros familiares de las víctimas y de los acusados, que se han desplazado a Asunción desde el departamento de Canindeyú para seguir el proceso. También los acompañan personalidades del mundo de la cultura, defensores de los derechos humanos y observadores internacionales que asisten al juicio.

“Queremos ser como ustedes, que también luchan por la justicia”, expresó Paredes a la argentina Nora Cortiñas, una de las fundadoras de las Madres de la Plaza de Mayo, que viajó a nuestro país para acompañar el proceso. Después de cada sesión del juicio, los familiares y miembros de la sociedad civil se reúnen en las gradas de la plaza aledaña al Palacio de Justicia, en la que se ha instalado una pantalla gigante para que se pueda seguir el proceso también desde el exterior. En estas reuniones intercambian sus impresiones sobre el avance del proceso, las declaraciones de jueces, abogados y fiscales y las posibles acciones a adoptar.

Perla Álvarez, activista campesina, presentadora de televisión y miembro de la Academia de la Lengua Guaraní, explicó a sus compañeros en esta reunión posterior al juicio que se debe “acompañar tanto el proceso judicial como la ocupación de las tierras de Marina Kue”. Se trata del lugar donde ocurrió la masacre, un terreno en disputa que fue reocupado por familias campesinas hace un mes. “Pedimos que se investigue la muerte de los campesinos en Curuguaty y las torturas que sufrieron muchos de nuestros compañeros. Y reclamamos la nulidad de este juicio”, aseguró. Opinó además que “el caso de Curuguaty marca una tendencia” a nivel regional que apunta a una “mayor opresión y represión de los campesinos”.

Más de 300 policías acudieron a Curuguaty, departamento de Canindeyú (norte), el 15 de junio de 2012 a desalojar a alrededor de 70 campesinos que ocupaban unas tierras que reclamaban para la reforma agraria en ese distrito. Durante el desalojo se produjo un tiroteo, cuyo origen aún es desconocido y en el que perdieron la vida once campesinos y seis policías, además de dejar varios heridos. No hay ni un solo imputado por la muerte de los once campesinos en la masacre.

Fuente: Resumen Latinoamericano