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En las grandes ciudades el excluido laboral muchas veces se inventa su propio oficio, entre ellos los llamados “cuidacoches” y los “limpiavidrios”. Personas que cuidan los automóviles a cambio de una paga a voluntad o te limpian el vehículo cuando lo dejas estacionado en la vía pública.

En la diócesis de Córdoba, centro geográfico del país, el arzobispo local y cardenal jesuita, Ángel Rossi, este miércoles 13 de mayo recibió a los “naranjitas”, como se los llama localmente a los cuidacoches, llenando la Catedral de esto trabajadores de la economía popular muchas veces estigmatizados desde las dirigencias políticas o desde los medios de comunicación.

“Te acogen con una sencillez y un calor hermoso. Había sintonía de corazón. Es lo que se privan los que estigmatizan, los que condena, los que prefieren llamarlos malos. Se pierden el abrazo de personas dignisimas que nos hace bien a todos”, sostuvo el cardenal Rossi a un medio, Cadena 3, a la salida de su bendición a los trabajadores de chalecos naranjas que están siendo foco de debate en el parlamento de Córdoba por su regulación.

“Poner a la persona en el centro y sobre todo a los más vulnerables. Atendemos a todos, pero Jesús priorizó a los más frágiles, sin dejar afuera a los otros. No aflojemos en cuidarnos unos a otros y respetarnos frente a la insensibilidad de la dirigencia o nosotros mismos. Cuidar al cercano, de la familia, en el barrio”, concluyó Rossi siguiendo el camino de sus mentores, entre ellos Jorge Mario Bergoglio, a quien conoció al ingresar al seminario jesuita.

La bendición del cardenal a los “naranjitas” fue organizada por la Vicaría de los Pobres y la Pastoral Social de la arquidiócesis cordobesa, acompañado por las cooperativas de los trabajadores de la economía popular.

“Desde diciembre el gobierno, impulsado por legisladores de la Libertad Avanza, quería prohibir la actividad de los naranjitas. Entonces articulamos con la Vicaría de los Pobres, de Pastoral Social, entonces no se prohibió y terminó pasando que logramos avanzar en un proceso de regularización con cobro digital, que es una ley a favor a los trabajadores”, explicó para este artículo Sergio Job, abogado e integrante de Córdoba Comunidad, que forma la triada con las cooperativas de los “naranjitas” y la Vicaría de los Pobres.

“Ayer nos juntamos en la Plaza San Martín, la Capital de Córdoba, las distintas cooperativas y no recibió en diálogo Rossi. Fue emocionante el recibimiento. Fue histórico. La catedral estaba repleta de naranjitas y limpiavidrios. Los más pobres de los pobres”, cerró Job.

La Asociación Civil Club Social y Deportivo Justicialista abrió una nueva convocatoria para que vecinos, compañeros, amigos y simpatizantes puedan sumarse como socios y socias de la institución y acompañar el crecimiento de un proyecto deportivo y comunitario en expansión.

Actualmente, el club desarrolla actividades de:

fútbol masculino

fútbol femenino

hockey femenino

básquet

truco competitivo

además de distintas iniciativas sociales, culturales y recreativas orientadas a fortalecer la comunidad organizada a través del deporte.

Con más de 10.700 seguidores en redes sociales, alrededor de 200 socios y socias activos y presencia en distintas competencias deportivas, el Club Justicialista continúa consolidándose como un espacio de referencia para el deporte social con identidad colectiva y fuerte compromiso comunitario.

Modalidades de asociación

La campaña contempla tres opciones para acompañar al club:

🔹 Cuota Simple – $3.000 mensuales

Incluye:

acceso a actividades del club

descuentos en torneos y eventos

participación en la comunidad deportiva y social

🔹 Suscripción Plena – $6.000 mensuales

Incluye:

acceso prioritario a disciplinas deportivas

beneficios exclusivos

prioridad en actividades y torneos

🔹 Donación mensual de monto libre

Una modalidad pensada para quienes deseen colaborar de forma solidaria con el sostenimiento y crecimiento institucional del club, eligiendo libremente el monto del aporte mensual.

Desde la institución destacaron que los aportes permiten:

sostener actividades deportivas populares

ampliar la participación comunitaria

fortalecer el desarrollo institucional

impulsar nuevos proyectos sociales y deportivos

“Seguimos construyendo un club abierto, participativo y con fuerte compromiso social. Cada socio y socia ayuda a que podamos seguir creciendo”, señalaron desde la comisión directiva.

📩 Quienes quieran asociarse o recibir más información pueden comunicarse a:

📧 csdjusticialista@gmail.com

📱 011 5565-2815

📲 Instagram: @clubjusticialista

💙🤍 “Todos unidos triunfaremos"

“Veo clave cuidar la universidad pública. Porque es un mecanismo de progreso para un país. De allí salen los profesionales que pueden poner el hombro para la construcción de una patria. Tenemos ejemplos probados de tantos que pasaron por la universidad. Hay que apoyar la universidad pública”, aseveró Gustavo Carrara, la máxima autoridad de Cáritas Argentina y a la vez el líder de la iglesia católica en la arquidiócesis de La Plata, con sede en la capital de la provincia de Buenos Aires.
 
En el reportaje a “Somos Radios AM 530”, monseñor Carrara también hizo un pedido a quienes marchan por las universidades públicas: “debemos estar atentos a otros que no pueden marchar pero que necesitan de nuestro cuidado y capacidad, como los discapacitados. Seguramente esta movilización nos debe hacer presentar sobre aquello que no pueden hacer una gran movilización”.
 
En otro momento del reportaje, que encabezó el periodista Roberto Caballero, el gobernador eclesial reveló las preocupaciones que surgieron de la consulta a 1300 comunidades de todo el país: “El trabajo como primer tema. La falta del mismo, no llegar a fin de mes, o trabajos que no llegan a completar un mediano ingreso. No podemos ir a una sociedad del descarte de las personas. Cada uno de nosotros tiene una dignidad infinita. El modo de expresarla, realizarla, es el trabajo. Porque una persona que no trabaja no solo no puede llevar el pan a su casa, sino que está herido en su dignidad, siente que está de sobra, que es invisible, que ya no vale, esto le pasa a una persona sin trabajo. A parte la patria se pierde de alguien que quiere poner el hombro, sacar el país adelante. No tener trabajo es un impacto en una persona. Las iniciativas para generar trabajo y las opciones políticas son claves a la hora de que algunas opciones generan trabajo y otras lo suprimen”. 
 
La encuesta, por así decirle a la consulta interna, desde Cáritas Argentina inició en octubre de 2024 y concluyó en junio de 2025, sobre 1300 comunidades que trabajan con los más vulnerables, que les permitió votar las líneas de acción para los años siguientes. 
 
La segunda preocupación de las comunidades con los más pobres son las adicciones. “Su crecimiento, el avance de la pandemia silenciosa del narcotráfico, cuando el Estado se retira la criminalidad organizada avanza”, contó Carrara.
 
Luego habló en Radio de Las Madres de Plaza de Mayo, de la ludopatía, “la adicción al juego, que no había surgido con esa fuerza en la escucha anterior. En un celular uno puede tener un casino, con la expectativa que si juego mejoro mi situación, pero me la complico más”. 

El tercer punto del relevamiento fueron los suicidios: “Esto muestra una falta de proyectos de vida. Las comunidades frente al suicidio no saben cómo encarar, la salud mental, la fragilidad emocional”. 
 
De la consulta intraeclesial, vía Cáritas, la vida comunitaria fue otra preocupación. “Eso que decía Francisco que nadie se salva solo, en las comunidades más pobres, la fuerza está en hacer caminos juntos, proyectos juntos, se veía ese resquebrajarse de las comunidades, y por último, las emergencias climatológicas. Los incendios en la Patagonia, que se produce en verano, o las inundaciones como hubo en Bahía Blanca. Frente a estos fenómenos que parecen más frecuentes, cómo organizar los equipos de emergencia y sobre todo para después de esas situaciones que dejan tanto desastre”.
 
El conductor del programa radial preguntó al arzobispo de La Plata (que incluye su jurisdicción eclesial a la capital provincial, como a las ciudades de Berisso, Ensenada, Magdalena y Punta Indio) sobre el recibimiento y la comunicación de este relevamiento al gobierno nacional que preside Javier Milei.
 
Carrara fue prudente, y evitó contar que el presidente nunca recibió a la conducción de los obispos argentinos, pero sí dijo que “la comisión ejecutiva que preside monseñor Colombo, el cardenal Rossi, el obispo Fernández en Jujuy, con el secretario general Raúl (por Pizarro, auxiliar de la diócesis de San Isidro), son quienes hacen esos puentes de diálogo con el ejecutivo, a veces con el canciller”, y respecto a su tarea en Cáritas él intenta vínculos “con el ministerio de Capital Humano (Sandra Petovello) o Salud (Mario Lugones), por los temas que acompaña, alimentario, de adicciones (Sedronar), discapacidad con salud”, agregando que “se tiende al dialogo para el bien de la gente, con el convencimiento que hace falta una presencia del Estado inteligente y eficiente, sabiendo que en algunas situaciones si el Estado no interviene es una tragedia”.
 
Caballero indagando aún más sobre el recibimiento en el gobierno autodefinido anarco-capitalista, monseñor contestó que “a veces cuesta esos diálogos, cuesta dialogar con profundidad, pero uno nunca rompe puentes; en el fondo hay que buscar que las cosas se visualicen, se comprendan y bueno empujar. Porque bueno si uno rompe puentes no llega algo tan básico como alimento a los comedores, no se paga una pensión por discapacidad”.
 
La comarca católica platense alcanza casi los 900 mil bautizados, poco más del 86 por ciento del millón de personas que allí habitan, según encuesta del año 2021. Mientras que la estructura del clero para toda esa grey, en poco más de 4600 kilómetros cuadrados, implica 78 parroquias, con 136 sacerdotes, esto sin contar las instituciones educativas y las órdenes o congregaciones en la populosa arquidiócesis de la provincia más grande de la Argentina.
 
Otro de los periodistas en el programa radial, Marcelo Cittadini, le preguntó al obispo platense desde diciembre de 2024, qué percibe de la violencia en la sociedad.
 
“Se percibe un deterioro de los vínculos, hay niveles de violencia, lo vemos en las redes sociales, en las escuelas por las amenazas, pero el problema no es el adolescente si no que hacemos nosotros como adultos, la violencia aparece en los barrios populares en distintas maneras, la violencia aparece en el Congreso. Es algo que preocupa, genera desaliento y desesperanza”, respondió Carrara, de 53 años de edad y ordenado cura por el entonces Jorge Mario Bergoglio.
 
Por último, el líder del pastoreo platense sumó una luz de esperanza con un ejemplo concreto: “Se reunieron tres universidades, la pública La Plata, la tecnológica y la católica de La Plata, programa de extensión se unieron para un trabajo en común con movimientos popular, y una empresa tecnológica para medir el nivel de infraestructura en los barrios populares. Lo más lindo es ver a 300 estudiantes, capacitación, tres sábados, estuve una vez, están haciendo ese relevamiento. A mí me dan esperanzas esas acciones. La potencia que puede tener una universidad para transformar la realidad y una universidad en este caso tres que pusieron en perspectiva alguien estudia en la universidad en definitiva para pensar en los más frágiles. Recuerdo una visita de Francisco a la universidad católica, en Ecuador, planteaba que quienes llegan allí es para tener más herramientas para incluir a quienes no tuvieron su oportunidad, para cuidar la casa común, para trabajar por la paz, entonces ver en esa línea, a mí me da esperanza, y así encuentro muchas personas que se unen para hacer bien a otro”.

IAF y CGT presentan el curso "Innovación Cognitiva" para "comprender cómo pensamos, cómo tomamos decisiones y cómo transformamos ideas en soluciones concretas"  que forma parte de los desafíos del trabajo en el contexto actual. Se impartirá el 26 de mayo a las 18:30 vía zoom.

El curso explorará:

* Marco conceptual y nuevas perspectivas de trabajo en entornos inciertos.
* Etapas técnicas para pasar de la inspiración a la ejecución.
* El valor del componente emocional en el desarrollo de proyectos.
* Cómo comprender los procesos cerebrales para implementar soluciones actuales en el trabajo.•  Incrementar las habilidades humanas en entornos laborales  desde una óptica innovadora y escalable.

La inscripción se hace a través de este link.

APU PODCAST dialogó con Ricardo Koos y Rodolfo Teber, economistas del Foro Economía y Trabajo, sobre cómo debería ser una reforma impositiva pensada desde el peronismo.   

APU: Desde el Foro Economía y Trabajo compartieron un documento sobre una reforma impositiva integral. Antes: ¿Cómo piensan el equilibrio fiscal? ¿Es un valor en sí mismo o depende de cómo se logra?

Ricardo Koos: Con respecto a déficit fiscal sí o déficit fiscal no, yo no creo que sea un enfoque lo suficientemente abarcador. ¿Quién no quiere tener ingresos suficientes como para sustentar todos los gastos en los que incurre? Todos queremos tener ingresos lo suficientemente altos como para vivir dignamente.

Ahora bien, ¿cómo se soluciona esto desde el presupuesto fiscal? Se pueden recortar gastos, que es lo que hace el actual gobierno, o se pueden aumentar los impuestos recaudados, o una combinación de ambos elementos.

No queremos que los hospitales se queden sin insumos. Entonces, ¿cómo hacemos para financiarlos? Podemos recortar gastos de educación para darle recursos a los hospitales, pero ahí aparece el problema de la manta corta.

APU: ¿Qué se hace?

RK: La solución puede ser recaudar más impuestos de una manera eficiente. ¿Por qué digo eficiente? Porque la presión tributaria argentina está muy por debajo de la de países desarrollados como Francia, España o Italia.

El problema no es cuántos impuestos se cobran, sino quiénes los soportan. En Argentina, el 70% de la recaudación proviene de impuestos indirectos, y eso recae principalmente sobre los sectores de menores ingresos.

Entonces, hay que aumentar la recaudación combatiendo la evasión, que es muy alta, y transformar el sistema tributario regresivo que tenemos, reduciendo el peso de los impuestos indirectos y aumentando el de los impuestos directos.

APU: ¿Qué diferencia hay entre alcanzar superávit mediante crecimiento económico o mediante ajuste?

Rodolfo Teber: Si uno tiene superávit fiscal porque aumentó la producción y creció la actividad económica, eso habla de un círculo virtuoso. Distinto es cuando el superávit llega por una reducción brutal de la inversión social.

La variable fiscal no determina por sí sola la inflación, ni la actividad económica, ni el empleo, ni la pobreza. Hay que poner la cuestión fiscal dentro del marco de los objetivos y los mecanismos con los cuales se genera ese superávit o déficit.

Hoy el gobierno de Milei busca equilibrio fiscal recortando inversión pública y concentrando la carga impositiva sobre los trabajadores, mientras beneficia a los sectores concentrados de la economía.

También se puede llegar al equilibrio fiscal cobrando más a los que más tienen y aliviando a trabajadores y sectores populares. Eso permitiría fortalecer el mercado interno y generar empleo.

Incluso un período de déficit fiscal puede ser positivo si está vinculado a una etapa de reconstrucción industrial y crecimiento económico. Por eso, los parámetros fiscales no pueden evaluarse solamente mirando el número.

APU: Si mañana asumiera un gobierno peronista, ¿cuáles deberían ser las primeras medidas de una reforma impositiva?

Ricardo Koos: En principio, hay que reducir la carga tributaria sobre los sectores de menores ingresos, especialmente a través del IVA. Una medida concreta sería devolver el IVA en compras realizadas con tarjeta de débito o crédito vinculadas a trabajadores. Eso ya se hizo en gobiernos anteriores y dio buenos resultados.

Después hay que avanzar sobre impuestos directos. Por ejemplo, gravar más la renta financiera y las ganancias de capital, porque eso genera mayor equidad tributaria.

También habría que reemplazar la desaparición del impuesto a los bienes personales por impuestos sobre herencias, donaciones y transferencias patrimoniales.

Y hay un cuarto punto clave: fortalecer la capacidad del Estado para fiscalizar y controlar la evasión tributaria.

APU: Rodolfo, ¿cómo resumirías los ejes centrales de esa reforma?

Rodolfo Teber: El objetivo principal tiene que ser reconstruir el mercado interno argentino, industrializar el país y volver a generar empleo. Para eso, hay que reducir impuestos sobre los trabajadores, especialmente IVA y ganancias.

También hay que renacionalizar la inversión pública para garantizar igualdad de infraestructura, salud y educación en todas las provincias.

Y, por último, hay que diferenciar entre empresas que invierten en producción y empleo y aquellas que actúan con fines especulativos.

La riqueza que se produce en Argentina tiene que servir para desarrollar fábricas, empresas y trabajo argentino, no para fomentar la fuga de capitales.

* Artículo publicado en la revista El Cisne en marzo de 2026

Pensar la discapacidad es ingresar a un campo en disputa, donde se entrecruzan discursos médicos, jurídicos, sociales, políticos y subjetivos. No se trata simplemente de describir una condición corporal o funcional, sino de interrogar cómo ciertas vidas son nombradas, clasificadas y tratadas bajo determinadas lógicas de poder. Definir la discapacidad es ya un acto político, pues conlleva decisiones sobre lo que se considera normal, válido, productivo y visible.

A lo largo de la historia, el concepto ha oscilado entre el estigma, la caridad, la exclusión, el encierro y, más recientemente, el reclamo por derechos y reconocimiento. Hoy, en un mundo marcado por el neoliberalismo, el rendimiento y la estetización del cuerpo, la discapacidad se vuelve un lugar privilegiado desde donde pensar la alteridad, la fragilidad humana y las formas de resistencia frente al mandato de lo homogéneo.

Pienso la discapacidad como una construcción social que debe ser leída desde múltiples saberes, con una apuesta clara: desarmar las matrices de exclusión que sostienen el capacitismo y habilitar nuevas formas de reconocimiento y justicia.

Pensar la discapacidad es ingresar a un campo denso de sentidos, donde se entrelazan discursos médicos, jurídicos, sociales, políticos y subjetivos. No es simplemente una categoría clínica ni un diagnóstico funcional, sino una construcción social históricamente situada que refleja jerarquías, relaciones de poder y estructuras simbólicas que determinan qué cuerpos y modos de vida son considerados legítimos. En otras palabras, definir la discapacidad no es una cuestión neutra, sino profundamente política.

En el devenir histórico, la discapacidad ha sido leída desde diversas matrices: como castigo divino, como desvío biológico, como objeto de caridad o como amenaza social. Más recientemente, se ha convertido en un terreno de lucha por derechos, reconocimiento y autonomía, a partir de los aportes del modelo social de la discapacidad y los movimientos de personas con discapacidad que interpelan el capacitismo dominante.

Lejos de reducirla a una condición individual, buscamos comprenderla como una construcción social que opera en el cruce entre lo biológico, lo simbólico y lo político, y que exige ser pensada desde una ética del reconocimiento, la justicia y la diferencia.

La discapacidad, tal como la entendemos hoy, no ha sido una categoría fija ni universal a lo largo del tiempo. Por el contrario, es el resultado de procesos históricos, culturales, científicos y políticos que han modelado las formas en que las sociedades definen la diferencia corporal, funcional o cognitiva. En este sentido, el origen de la noción de discapacidad no puede desligarse de la forma en que las culturas han gestionado la otredad corporal, ni de las matrices de normalización que emergen con la modernidad.

La antigüedad y la relación con lo sagrado y lo monstruoso

En las civilizaciones antiguas, la diferencia corporal era comprendida desde una perspectiva espiritual o cosmológica. En algunas culturas, las personas con malformaciones o diferencias físicas eran consideradas portadoras de una marca divina, ya sea como castigo o como don. En otras, eran asociadas con lo monstruoso, lo demoníaco o lo profético. La diferencia era significativa, pero no siempre implicaba exclusión sistemática, sino formas particulares de inscripción simbólica.

En la Antigua Grecia, por ejemplo, si bien existía una fuerte idealización del cuerpo simétrico, fuerte y armonioso (como se evidencia en el arte y la filosofía clásica), también coexistían prácticas eugenésicas, como el abandono de niños con malformaciones en Esparta. Estas acciones anticipan el surgimiento de una lógica de selección basada en la utilidad del cuerpo para la polis.

La Edad Media: pecado, caridad y encierro

Durante la Edad Media, el cristianismo resignificó la diferencia corporal bajo el prisma de la teología. La discapacidad era interpretada como castigo divino, prueba de fe o señal de pecado original. A su vez, el cuerpo “fallido” se transformó en objeto de caridad y misericordia, reforzando una figura pasiva y dependiente del sujeto discapacitado. Esta etapa dio lugar a las primeras formas institucionales de confinamiento, como hospicios y asilos, donde los “incapacitados” eran agrupados con otros considerados “improductivos”, como pobres, locos y huérfanos.

Modernidad, medicina y el nacimiento de la normalidad

Es con la modernidad y el surgimiento de la medicina como saber hegemónico que la noción de discapacidad comienza a cristalizarse como una categoría técnica y científica. A partir del siglo XVIII, con el desarrollo de la biopolítica (Foucault, 1976), el cuerpo se convierte en objeto de intervención, clasificación y corrección. La medicina construye un ideal de cuerpo sano, funcional y productivo, contra el cual se define lo patológico, lo anómalo y lo disfuncional.

Surgen entonces los primeros dispositivos institucionales modernos: hospitales especializados, escuelas diferenciales, manuales diagnósticos y prácticas de rehabilitación. La discapacidad se concibe como un desvío del estándar, un “déficit” que debe ser corregido, o al menos contenido. Este paradigma inaugura lo que se conoce como el modelo médico de la discapacidad, que reduce el problema a una falla individual, ignorando las barreras sociales y simbólicas que la agravan.

Higienismo, eugenesia y exclusión social

A fines del siglo XIX y principios del XX, el pensamiento positivista, el darwinismo social y las políticas higienistas refuerzan una mirada profundamente excluyente hacia la diferencia corporal. La discapacidad se asocia con la degeneración de la raza, la amenaza al orden social y el peligro biológico. Se legitiman así prácticas eugenésicas —como la esterilización forzada, el internamiento y, más adelante, en el nazismo, el exterminio— que buscan purificar el cuerpo social.

Este período refuerza la idea de que ciertos cuerpos no merecen habitar el espacio público ni participar de la ciudadanía. La discapacidad no solo es medicalizada, sino también criminalizada y deshumanizada.

La emergencia del sujeto político discapacitado

No es hasta mediados del siglo XX que comienza a emerger una nueva subjetividad: la del sujeto con discapacidad como actor político, con voz y agencia. Las guerras mundiales, que dejaron miles de veteranos heridos y amputados, visibilizaron la necesidad de repensar las políticas públicas de inclusión. Más tarde, en las décadas de 1960 y 1970, con la expansión de los movimientos por los derechos civiles, comienzan a consolidarse movimientos de personas con discapacidad que rechazan el modelo médico y exigen un enfoque basado en derechos, accesibilidad y justicia social.

Esta evolución histórica muestra que la discapacidad no puede entenderse como una realidad natural, sino como una construcción social e histórica que ha sido utilizada para marcar, excluir y controlar a determinados cuerpos. Como sostienen autores como Lennard Davis (2013), el concepto de “normalidad” es relativamente reciente y funciona como un instrumento político para sostener estructuras de poder.

Definir la discapacidad no es una tarea meramente técnica, sino una operación cargada de sentido ideológico. Las definiciones que las sociedades adoptan impactan directamente en las políticas públicas, las prácticas institucionales, las subjetividades que se habilitan o anulan, y las formas de ciudadanía posibles. A lo largo del tiempo, distintas corrientes han disputado el significado de esta categoría, revelando que la discapacidad no es un hecho en sí mismo, sino una construcción relacional.

Modelo médico: la discapacidad como déficit individual

El modelo médico o rehabilitador ha sido históricamente dominante. Define la discapacidad como un problema individual causado por una deficiencia física, sensorial, intelectual o mental. El foco está puesto en la patología, el diagnóstico, el tratamiento y la rehabilitación. El sujeto aparece como portador de una “falla” o “anormalidad” que debe ser corregida, compensada o contenida.

Este enfoque, si bien permitió avances en atención médica, ha sido criticado por reforzar una imagen pasiva y dependiente de las personas con discapacidad, centrada en la “cura” y no en la participación. La discapacidad se convierte así en una marca de exclusión, muchas veces utilizada para justificar la segregación educativa, laboral o institucional.

Modelo social: el entorno como generador de discapacidad

Frente a esta mirada individualizante, el modelo social de la discapacidad, gestado en las décadas de 1970 y 1980 por activistas y académicos del Reino Unido (como Mike Oliver y Vic Finkelstein), propone una ruptura epistemológica. Sostiene que las personas no son discapacitadas por sus cuerpos, sino por las barreras físicas, sociales, culturales y actitudinales del entorno.

Este modelo desplaza el problema del individuo al sistema social. Por ejemplo, no es una persona en silla de ruedas la que “tiene” un problema, sino una sociedad que construye escaleras en vez de rampas. La solución, entonces, no es la rehabilitación del sujeto, sino la transformación de las condiciones estructurales que impiden su participación.

Este modelo fue clave en el diseño de legislaciones antidiscriminatorias y convenciones internacionales como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (ONU, 2006), que consagra la discapacidad como una cuestión de derechos humanos y no solo de salud.

Modelo biopsicosocial: intento de síntesis

En un intento de integrar ambos enfoques, la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF), promovida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 2001, propuso un modelo biopsicosocial. Este reconoce que la discapacidad es producto de la interacción entre condiciones de salud (enfermedades, lesiones, alteraciones) y factores contextuales (sociales, ambientales, personales).

Si bien este modelo ha sido valorado por su enfoque más integral, ha recibido críticas por mantener una ambigüedad conceptual que puede, en la práctica, seguir reproduciendo lógicas biomédicas cuando no se problematizan las estructuras sociales de exclusión.

Enfoque de diversidad funcional: crítica al capacitismo

Desde España y otros países de habla hispana ha surgido el concepto de diversidad funcional, acuñado por el Foro de Vida Independiente, como una alternativa al término “discapacidad”. Esta noción busca despatologizar la diferencia corporal y promover una mirada no jerárquica sobre las distintas formas de funcionamiento.

El término parte de una crítica al capacitismo, sistema de valores que jerarquiza las capacidades corporales e intelectuales, construyendo la norma como medida de lo humano. Desde este punto de vista, todos los cuerpos tienen “funcionalidades diversas” y ninguna debería ser inferiorizada o medicalizada por sistema.

En resumen, la definición de discapacidad se ha movido desde una mirada médica centrada en el déficit individual hacia enfoques más críticos que consideran la discapacidad como una construcción social, política y relacional. Estas definiciones no son neutrales: configuran formas de vida posibles, habilitan o clausuran derechos, y reflejan los valores de la sociedad que las produce.

Hasta aquí hemos analizado la discapacidad desde una perspectiva histórica, social y política. Sin embargo, para una comprensión profunda, es necesario incorporar una dimensión menos evidente pero igualmente determinante: la subjetividad y los regímenes de sentido que organizan nuestra relación con el cuerpo, la norma y la diferencia. Es decir, ¿cómo se inscribe la discapacidad en la vida psíquica y simbólica de los sujetos? ¿Qué lugares ocupa en el imaginario social? ¿Qué representa para el Otro?

El cuerpo como lugar de inscripción simbólica

Desde el psicoanálisis lacaniano, el cuerpo no es simplemente un organismo biológico, sino una construcción simbólica. El sujeto se constituye en relación con el lenguaje, y el cuerpo se articula como imagen, goce y resto. En este marco, la discapacidad puede leerse como una interrupción o torsión de la imagen especular del yo, aquella que Lacan describe en el estadio del espejo (1949). El cuerpo discapacitado desafía la unidad imaginaria del yo, desestabiliza la ficción de completud y devuelve una imagen de castración real que la cultura intenta reprimir.

En otras palabras, la discapacidad irrumpe como lo que no encaja en el ideal narcisista del cuerpo entero, funcional, bello y autónomo. De ahí que muchas veces sea objeto de miradas invasivas, de ocultamiento, o de exotización, formas de defensa frente a lo que no puede ser simbolizado fácilmente.

Lo abyecto y el rechazo de lo informe

Julia Kristeva (1982), en su teoría de lo abyecto, ayuda a pensar cómo ciertos cuerpos son expulsados del campo simbólico porque amenazan los límites entre el yo y el otro, entre lo humano y lo no-humano, entre lo vivo y lo muerto. La discapacidad, en tanto diferencia corporal o cognitiva visible, puede operar como lo abyecto: lo que se rechaza pero no se puede eliminar del todo, lo que genera asco, compasión, miedo o fascinación.

Este lugar simbólico refuerza la tendencia social a "tolerar" a las personas con discapacidad desde la piedad o el asistencialismo, pero sin otorgarles plena condición de sujeto.

La mirada del Otro y la posición del sujeto

Para Lacan, el sujeto está estructurado por la mirada del Otro. En el caso de la discapacidad, la mirada social muchas veces no se dirige a un sujeto del deseo, sino a un objeto de cuidado, de corrección o de marginación. El sujeto discapacitado queda entonces atrapado en una posición donde su diferencia define su ser: es reducido a su condición.

Esto genera efectos subjetivos de alienación, culpa, resentimiento o incluso negación. Pero también puede habilitar resistencias, resignificaciones y nuevas formas de subjetividad cuando la persona con discapacidad logra hablar desde sí y no solo desde la mirada médica, institucional o familiar.

El capacitismo como fantasma cultural

El capacitismo no es solo una estructura política, sino también un fantasma cultural, un deseo de borramiento de la diferencia que se expresa en múltiples niveles: en los medios, en la educación, en la arquitectura, en el lenguaje. Es el deseo colectivo de habitar un mundo sin fragilidad, sin dependencia, sin cuerpos que “molesten” o “ralenticen” el funcionamiento del sistema.

Desde una lectura foucaultiana, el capacitismo es un dispositivo de normalización que produce sujetos “aptos”, deseables, productivos, y condena a la invisibilidad o a la intervención constante a quienes escapan de ese molde.

Narrativas posibles y subjetividades resistentes

A pesar de estos mecanismos de exclusión, las personas con discapacidad han construido narrativas contrahegemónicas, donde la diferencia se vive no como falta, sino como forma legítima de estar en el mundo. Desde el arte, la literatura, el activismo y las redes de apoyo, emergen subjetividades resistentes que no piden permiso para existir, sino que interpelan activamente los discursos dominantes sobre lo normal, lo deseable y lo humano.

Como afirma Judith Butler (2009), todo sujeto emerge en la vulnerabilidad, y es desde allí donde se construye una ética del cuidado mutuo. La discapacidad, entonces, no es un límite de la humanidad, sino una de sus expresiones más radicales.

Esta sección nos permite pensar que la discapacidad no es solo una categoría jurídica o médica, sino también una posición subjetiva, una forma de ser mirado y de mirarse, un lugar simbólico cargado de sentidos que deben ser interrogados. La producción de sentido en torno a la discapacidad nos habla, en última instancia, de cómo pensamos la diferencia, la fragilidad y el deseo en nuestras sociedades.

La discapacidad no es solo una condición corporal, ni siquiera únicamente una construcción simbólica o cultural: es también una categoría política, atravesada por relaciones de poder, por disputas sociales y por luchas históricas por el reconocimiento. En este sentido, la discapacidad se inscribe en un campo más amplio: el de la ciudadanía, los derechos humanos y la justicia social.

De objeto de asistencia a sujeto de derecho

Uno de los cambios más profundos de las últimas décadas ha sido el pasaje del paradigma asistencial al paradigma de derechos. Mientras que el primero concibe a la persona con discapacidad como dependiente, pasiva y necesitada de cuidados, el segundo la reconoce como sujeto autónomo, portador de derechos y protagonista de su propia vida.

Este cambio fue impulsado por movimientos sociales de personas con discapacidad que comenzaron a organizarse a nivel internacional desde mediados del siglo XX, especialmente luego de la Segunda Guerra Mundial. El Movimiento de Vida Independiente (originado en EE.UU. en los años 60), por ejemplo, promovió la idea de que las personas con discapacidad deben tener control sobre su entorno, decisiones y cuerpos, incluyendo la posibilidad de elegir apoyos sin ser institucionalizadas.

Este proceso culminó, en el plano jurídico internacional, con la adopción de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas (CDPD, 2006). Este tratado marca un antes y un después al establecer que:

La discapacidad resulta de la interacción entre personas con deficiencias y barreras que impiden su plena inclusión.

Los Estados deben garantizar derechos como educación inclusiva, acceso al trabajo, salud, vida independiente y participación política.

Se rechaza explícitamente la discriminación y se promueve la accesibilidad como principio transversal.

Este instrumento no solo reconoce la discapacidad como una cuestión de derechos humanos, sino que obliga a los Estados firmantes a transformar sus instituciones y normativas para garantizar la equidad.

El capacitismo como sistema político y económico

El capacitismo —sistema de valores que privilegia ciertos cuerpos, funciones y rendimientos— no es solo una ideología, sino una forma estructural de violencia. Desde una mirada crítica, el capacitismo está íntimamente vinculado al capitalismo y al neoliberalismo: produce cuerpos útiles, controla la improductividad, castiga la dependencia y oculta la fragilidad estructural de la vida humana.

Los cuerpos que no cumplen con los estándares de productividad, estética o autonomía son excluidos del mercado laboral, invisibilizados en el espacio público o medicalizados para ser “normalizados”. Así, la discapacidad se convierte en un marcador de “ineficiencia” que justifica prácticas de marginación, institucionalización o precarización.

Como plantea Angela Davis (2006), la discapacidad se entrecruza con la lógica carcelaria: hospitales psiquiátricos, asilos y centros de reclusión han funcionado como dispositivos para apartar lo que no encaja con el ideal moderno de ciudadano productivo y racional.

Políticas públicas y accesibilidad

El rol del Estado es fundamental para garantizar —o negar— los derechos de las personas con discapacidad. En muchos países, las políticas públicas aún responden a una lógica asistencial, centrada en subsidios o pensiones sin que esto implique transformaciones estructurales en accesibilidad, empleo o participación.

La accesibilidad —física, comunicacional, digital, educativa— no puede ser entendida como un “extra”, sino como una condición de ciudadanía. Desde la perspectiva de los derechos humanos, la falta de accesibilidad constituye una forma de discriminación estructural.

Además, el concepto de ajustes razonables, reconocido en la Convención de la ONU, obliga a los Estados y a las instituciones privadas a modificar entornos, prácticas y normativas para garantizar la igualdad real de oportunidades.

En este marco, la discapacidad se revela como un problema político central: nos interpela sobre qué cuerpos son legítimos, qué vidas merecen ser vividas y qué condiciones estructurales hacen posible o imposible la inclusión. No se trata solo de integrar a las personas con discapacidad a un sistema injusto, sino de transformar el sistema mismo, repensando nuestras nociones de ciudadanía, autonomía y humanidad.

A lo largo de este ensayo hemos recorrido diversas dimensiones de la discapacidad: su origen histórico, las definiciones que la han configurado, los sentidos que circulan en torno a ella, y los múltiples atravesamientos políticos que condicionan su existencia. Lejos de ser una categoría fija, la discapacidad se revela como un campo de disputa, donde se juegan tensiones entre la inclusión y la exclusión, entre la diferencia y la norma, entre el reconocimiento y la marginalidad.

En ese sentido, definir la discapacidad es ya un acto político: implica decidir quién pertenece, quién tiene voz, quién accede a los bienes sociales y bajo qué condiciones. Implica también reconocer que la discapacidad no es una excepción dentro del orden social, sino una expresión radical de la vulnerabilidad humana, esa que el neoliberalismo y el capacitismo intentan suprimir bajo la lógica del rendimiento y la autosuficiencia.

Frente a esto, el desafío no es solo integrar a las personas con discapacidad al orden existente, sino transformar ese orden, reconociendo la interdependencia como condición de la vida y la diferencia como valor político y ético. Esto exige repensar las políticas públicas, la arquitectura institucional, las prácticas educativas, los marcos legales y, sobre todo, los modos de relación con los cuerpos no normativos.

Así, la discapacidad nos obliga a reformular una pregunta fundacional:

¿qué tipo de humanidad queremos habitar y construir?

UNA DEFINICIÓN CRÍTICA DE DISCAPACIDAD

Discapacidad puede definirse como:

Una condición relacional y socialmente construida que emerge de la interacción entre diversidades corporales, sensoriales o cognitivas y un entorno que impone barreras físicas, simbólicas, culturales y políticas que limitan la participación plena, equitativa y digna en la vida social.

Esta definición incorpora varios elementos clave:

Condición relacional, no meramente individual o médica.

Diversidad corporal, sensorial o cognitiva, sin reducirla al “déficit”.

Barreras impuestas por el entorno, reconociendo la construcción social.

Limitación de la participación, como núcleo del problema.

Dimensión política, porque las barreras responden a estructuras de poder.

Además, podríamos agregar que:

La discapacidad no reside en el cuerpo, sino en la relación entre ese cuerpo y una sociedad que produce normas de normalidad, utilidad y autonomía excluyentes.

¿Por qué es difícil definir la discapacidad?

Porque cualquier definición es siempre ideológica, es decir, refleja una postura ética y política:

El modelo médico la define como una enfermedad, una deficiencia.

El modelo social la ubica en el entorno.

El modelo biopsicosocial intenta una síntesis.

Las perspectivas críticas (feministas, decoloniales, psicoanalíticas) la ven como una categoría de control social, culturalmente moldeada.

Los activismos (como el de la diversidad funcional) la resignifican como diferencia y no como falta.

Entonces, definir la discapacidad no es describir una realidad objetiva, sino tomar posición en una disputa simbólica, política y social sobre qué cuerpos importan y cómo los pensamos.

Bibliografía:

Palacios, Agustina (2008) El modelo social de discapacidad: orígenes, caracterización y plasmación en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Cermi.

Eroles y Fiamberti. (2008) Los derechos de las personas con discapacidad. UBA

Butler, J. (2009). Marcos de guerra. Las vidas lloradas. Paidós.

Foucault, M. (1976). Historia de la sexualidad I: La voluntad de saber. Siglo XXI.

Kristeva, J. (1982). Powers of Horror: An Essay on Abjection. Columbia University Press.

Lacan, J. (1949). El estadio del espejo como formador de la función del yo tal como se nos revela en la experiencia analítica. En Escritos. Siglo XXI.

Organización de las Naciones Unidas. (2006). Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. https://www.un.org/disabilities/

Rincón, O. (2019). Discapacidad, colonialidad y cuerpos en disputa. En Pensar la discapacidad desde el sur. CLACSO.

En los últimos tiempos comenzó a instalarse con cada vez más fuerza un discurso que intenta asociar la inclusión con la idea de “demagogia”. Esa posición aparece en notas periodísticas, intervenciones públicas, videos y debates donde se presenta a la inclusión como una especie de ilusión ingenua, un exceso discursivo o una propuesta imposible de sostener en la realidad concreta de las instituciones.

Ese clima no surge de la nada. Se apoya en problemas reales: escuelas sin apoyos suficientes, docentes sobrecargados, ausencia de accesibilidad, recursos insuficientes y políticas públicas que muchas veces reducen la inclusión a una declaración formal vacía de condiciones materiales concretas. Las dificultades existen y negarlas sería profundamente deshonesto. También es real la enorme distancia que muchas veces separa las normativas “inclusivas” de las condiciones efectivas en las que funcionan las instituciones educativas.

Sin embargo, el problema comienza cuando ese fracaso estructural se transforma en una crítica a la inclusión misma. Allí se produce un desplazamiento conceptual y político muy delicado: el problema deja de ser la producción social de barreras y pasa a ser el derecho reclamado por quienes históricamente fueron excluidos.

No es la primera vez que ocurre. A lo largo de la historia, muchas ampliaciones de derechos fueron consideradas exageradas, utópicas o demagógicas. También se sostuvo que el voto femenino era una amenaza para el orden social, que determinados sectores populares no debían acceder a la universidad o que ciertas personas no estaban preparadas para participar plenamente de la vida pública. En todos esos casos, el problema nunca fue el derecho en sí mismo. El problema era que esos derechos alteraban jerarquías previamente naturalizadas y obligaban a revisar privilegios que parecían incuestionables.

Con la discapacidad ocurre algo similar. Existe todavía una enorme dificultad social para aceptar que las instituciones no fueron diseñadas para todos y que, justamente por eso, deben transformarse. La inclusión no consiste en integrar excepcionalmente personas a estructuras ya existentes y pensadas para un sujeto considerado normal. Esa lógica pertenece a paradigmas anteriores, donde ciertos cuerpos debían adaptarse individualmente para poder participar. La perspectiva inclusiva plantea exactamente lo contrario: transformar las estructuras existentes desde el diseño universal, la accesibilidad y los ajustes razonables para que cualquier persona pueda participar en igualdad de condiciones. No se trata de “hacer un lugar” dentro de un sistema rígido, sino de revisar el propio sistema y sus criterios de funcionamiento.

Muchas veces, cuando se intenta cuestionar este enfoque, aparece un mecanismo discursivo bastante conocido: utilizar situaciones excepcionales para desacreditar principios universales. Se afirma entonces que existen personas que no podrían asistir a determinadas escuelas, que requerirían otros abordajes o que no podrían participar de ciertos espacios del mismo modo que el resto. Pero ningún derecho universal funciona eliminando toda singularidad o toda excepción posible. El hecho de que existan personas que no voten no invalida el sufragio universal. El hecho de que algunas personas no accedan a la universidad no invalida la educación pública. Del mismo modo, la existencia de trayectorias singulares o de personas que requieran apoyos intensivos no invalida el horizonte inclusivo ni el principio general de accesibilidad y participación.

Confundir excepción con regla constituye una operación política muy antigua. Porque muchas veces la apelación a lo “imposible”, a lo “irreal” o a lo “demagógico” no expresa solamente una dificultad técnica o institucional. Expresa también la resistencia a transformar estructuras sociales que continúan organizándose alrededor de privilegios históricamente naturalizados. Transformar instituciones para que cualquier persona pueda participar efectivamente implica revisar distribuciones de poder, recursos y legitimidad social. Implica discutir quiénes fueron históricamente considerados sujetos plenos y quiénes quedaron ubicados en posiciones subordinadas o marginales. Y justamente por eso ciertos discursos necesitan reinstalar permanentemente la idea de excepcionalidad: porque si la exclusión aparece como algo inevitable o natural, entonces ya no resulta necesario transformar profundamente las estructuras existentes.

Como docente universitario, investigador y persona con discapacidad, conozco de cerca esas tensiones. No hablo desde una abstracción teórica. Durante años tuve que enfrentar barreras institucionales y prejuicios para poder estudiar y ejercer profesionalmente en el campo de la educación física. Incluso debí recurrir a la justicia para acceder a derechos que deberían haber sido garantizados desde el comienzo. Esa experiencia me permitió comprender que el problema no se agota en las políticas públicas, aunque estas sean fundamentales. El capacitismo también se reproduce cotidianamente en prácticas sociales, instituciones, vínculos y representaciones culturales sostenidas por actores concretos: universidades, medios de comunicación, espacios laborales, profesionales, docentes y ciudadanos comunes que continúan interpretando el mundo desde criterios normativos acerca de qué cuerpos son legítimos, autónomos o socialmente valiosos.

Y ahí aparece una cuestión todavía más profunda. El capacitismo no funciona solamente como una forma de discriminación hacia las personas con discapacidad. Funciona también como una lógica de interpretación del mundo basada en clasificaciones binarias y simplificadoras: lo normal y lo anormal, lo productivo y lo improductivo, lo válido y lo descartable. Ese tipo de pensamiento tranquiliza porque ordena rápidamente la realidad y permite decidir qué merece atención y qué puede ser desestimado sin demasiada incomodidad moral. Por eso el capacitismo comparte una matriz común con otras formas históricas de exclusión, como el racismo o el sexismo. No porque sean idénticos, sino porque todos producen jerarquías humanas que terminan justificando distintos grados de exclusión, violencia o expulsión social.

Muchas veces esas lógicas operan de manera silenciosa. Cuando algo no importa, se lo descalifica rápidamente, se lo reduce, se lo simplifica o se lo vacía de profundidad para no tener que interrogar aquello que incomoda. Y eso también ocurre con ciertos debates sobre inclusión, discapacidad y derechos humanos. Se intenta quitarles complejidad porque asumir esa complejidad obliga a revisar las formas en que organizamos simbólicamente la sociedad y los criterios con los que definimos quién pertenece plenamente y quién no.

Vivimos en una época donde muchas veces se premia la simplificación inmediata, el juicio rápido y la reducción de todo aquello que incomoda. Y justamente ahí prolifera una forma de empobrecimiento humano y cultural que distintos autores han señalado con preocupación. Primo Levi, por ejemplo, advertía sobre los riesgos de las simplificaciones extremas y de aquellas formas de pensamiento que reducen al otro a categorías rígidas, clasificables y fácilmente descartables.

El problema no pasa por exigir capacidades intelectuales extraordinarias ni por suponer que todas las personas deban relacionarse del mismo modo con la complejidad teórica o abstracta. La cuestión es otra: la capacidad humana de dejarse afectar por el otro, de reconocer su existencia, de construir sensibilidad, vínculos y responsabilidad compartida frente a aquello que incomoda o desafía nuestras certezas.

Existe, efectivamente, una inclusión vaciada y burocrática. Existe una inclusión utilizada como discurso mientras faltan recursos básicos y condiciones concretas de implementación. Pero eso no convierte a la inclusión en demagogia. Lo que revela es algo bastante más incómodo: que muchas sociedades e instituciones aceptan enunciar determinados derechos siempre y cuando esos derechos no alteren demasiado las estructuras de poder, los privilegios existentes o las formas tradicionales de organizar la vida social.

Porque garantizar plenamente procesos inclusivos no implica solamente incorporar recursos o modificar normativas. Implica también revisar posiciones históricas de autoridad, criterios de legitimidad y modos de distribución del reconocimiento social. Y justamente allí aparecen resistencias muchas veces silenciosas, incluso dentro de espacios que discursivamente se presentan como comprometidos con la inclusión.

Por eso el problema no puede reducirse únicamente a una falta de recursos o a una deficiencia técnica del Estado. También existe una dificultad cultural y política más profunda: la resistencia a transformar seriamente estructuras que continúan funcionando a partir de jerarquías naturalizadas acerca de quiénes ocupan el centro y quiénes permanecen en los márgenes.

La salida no es menos inclusión. Tampoco consiste únicamente en transformar determinadas políticas o instituciones, aunque eso sea indispensable. La salida también implica recuperar nuestra capacidad de comprender la complejidad humana sin reducirla permanentemente a clasificaciones simples, binarias y expulsivas.

El problema de ciertas formas de capacitismo no es solamente que excluyen personas. Es que también reducen nuestra capacidad colectiva de comprendernos como sociedad. Porque cada vez que simplificamos brutalmente al otro para volverlo clasificable, descartable o irrelevante, también empobrecemos nuestra propia humanidad.

Por eso la inclusión no debería entenderse solamente como una política pública o una discusión técnica. Es, en el fondo, una disputa ética, cultural y profundamente humana sobre el tipo de sociedad y de seres humanos que estamos dispuestos a construir.

 

En diálogo con “Más o menos bien” (sábados de 18 a 20hs por Radio con vos), Juan Marino, diputado nacional y titular del Partido Piquetero, analizó la inserción internacional de Javier Milei. 

A continuación, sus principales declaraciones y luego la nota completa:

“Presenté un proyecto de resolución, con muchas diputadas y diputados nacionales del bloque de Unión por la Patria, pidiéndole informes al gobierno nacional para que expliquen el contenido de las reuniones sobre la visita de Peter Thiel”.

“Por primera vez en la historia de Estados Unidos designaron tenientes coroneles de las fuerzas armadas, entre otros, a directivos de Palantir, que también tiene convenios con el Estado de Israel y ha participado de las operaciones asistiendo con inteligencia artificial en el genocidio en Palestina y al ejército estadounidense en los recientes ataques contra Irán”.

“A Thiel algunos lo traducen como iluminismo oscuro, una doctrina que básicamente plantea que la libertad de los monopolios es incompatible con la soberanía y el voto popular”.

“La humanidad tiene el desafío de si va a lograr utilizar a la tecnología a los fines de sus propios intereses o lo que pretende Thiel, que es esta creación de una nueva especie que ellos consideran que es superior y que por lo tanto se arrogan por así el derecho a cometer genocidios, es tecno fascismo”.

“La gran diferencia es que en el caso de China la IA está subordinada políticamente a la dirección política del Estado, que está en manos de humanos, que son el Partido Comunista Chino. Thiel propone crear una nueva especie, que es el transhumanismo, donde el control lo tengan los monopolios privados tecnológicos, que son las empresas que son dueños ellos”.

“En la izquierda estamos nosotros, como Partido Piquetero, discutiendo en contra de lo que dice Miriam Bregman y a favor del frente anti Milei”.

“La política mayoritariamente en Argentina no está discutiendo lo que viene haciendo Milei en relación con la guerra de Trump, que es reivindicarla públicamente, involucrarnos y hacer ejercicios militares con Estados Unidos sin pasar por el Congreso”.

Al comenzar 2026, el planeta se encamina hacia una tormenta perfecta de crisis materiales y geopolíticas. La escalada bélica que protagoniza Oriente Medio, los cuellos de botella persistentes en materias primas y energía, e incluso las anomalías climáticas confluyen para amenazar la seguridad alimentaria global en los próximos seis a doce meses. Anticipar los efectos de este cóctel explosivo no es catastrofismo: es un ejercicio racional que surge de las lecciones más recientes. La guerra de Ucrania en 2022 reveló la fragilidad del sistema agroalimentario mundial; la actual crisis en el Estrecho de Ormuz –por donde hasta febrero transitaba un quinto del petróleo mundial– confirma esa fragilidad desde otro ángulo. Y, como suele suceder, los países con economías periféricas y vulnerables serán los más afectados, lo que en la práctica se traducirá en tensiones macroeconómicas, precarización social e incluso hambre y disturbios en puntos críticos de África y Asia. Dicho sin eufemismos: las vidas más precarias acabarán pagando el costo de decisiones estratégicas ajenas, a menos que se instrumente una respuesta global cooperativa a la altura de la amenaza.

Ormuz: la llave de la canilla petrolera

Cada crisis geopolítica tiene su disparador. El de esta coyuntura se ubica en un estrecho marítimo lejano, pero de importancia vital para el mundo: Ormuz, el paso estrecho entre el Golfo Pérsico y el océano Índico. Por este corredor de 50 km cruzaba a diario un promedio de casi 180 buques antes del conflicto, incluyendo petróleo equivalente al 20% del abastecimiento mundial y grandes volúmenes de gas natural licuado (GNL). Sin embargo, un bombardeo masivo sobre Teherán –ejecutado a finales de febrero por Israel con apoyo logístico de EEUU– acabó con la vida del líder supremo iraní, Alí Jamenei. Como represalia, Irán declaró la “guerra total” en el Golfo Pérsico, anunció que cerraba el Estrecho de Ormuz y amenazó con hundir cualquier navío que intentara cruzarlo. En los días posteriores, la Guardia Revolucionaria iraní cumplió su amenaza: atacó al menos cinco buques comerciales, provocando un colapso instantáneo del tráfico regional. En la práctica, solo un 5% de los buques lograron pasar en las jornadas siguientes; aproximadamente 2.000 barcos quedaron varados a la espera de novedades, paralizando el comercio en la zona.

Infraestructura invisible: seguros y rutas. Un detalle clave: la tragedia que se cierne sobre Ormuz no es tanto un bloqueo físico total –algunos buques aún se aventuran– sino un cierre de facto por la retirada del mercado de seguros. Apenas declarada la zona de guerra, las grandes aseguradoras marítimas se negaron a cubrir a los barcos en el Golfo, disparando las primas al punto de volverlas impagables. El Comité de Guerra de la asociación Lloyd’s de Londres re-categorizó al Golfo entero como “zona de alto riesgo”, y la prima de seguro de guerra para cruzar Ormuz saltó de 0,25% a 5% del valor del buque en pocos días (estimaciones de aseguradoras recopiladas por Al Jazeera). Esto significa que cada viaje demanda millones de dólares extra en cobertura, un obstáculo insalvable para la mayoría de los operadores privados. “Cuando los tanqueros no pueden conseguir seguro, el tráfico queda paralizado”, resumió un informe del Foro Económico Mundial (WEF) de abril de 2026. La comparación con Suez en 1956 o el Golfo de Adén en 2008 es inevitable: Ormuz, arteria energética del planeta, se ha transformado en un punto de estrangulamiento global por la conjunción de dos factores –altísimo riesgo militar y un mercado de seguros llevado al límite.

La salida del Golfo implica, a su vez, encarecer la logística en las rutas alternativas. Para evitar Ormuz, los tanqueros deben rodear África por el Cabo de Buena Esperanza, agregando miles de kilómetros y días a los viajes de petróleo y GNL desde Oriente Medio hacia Asia y Europa, con enorme sobrecosto. Es un ejemplo más de cómo los conflictos bélicos, cada vez más, se libran también en el terreno económico: no hace falta hundir cada barco del adversario; basta con volver intransitables sus arterias comerciales clave y minar la confianza para frenar la circulación.

Shock de oferta: energía y producción

La combinación de menos energía disponible y seguros imposibles ha generado de inmediato el mayor shock de oferta de las últimas décadas. El petróleo trepó vertiginosamente a más de 100 dólares por barril, y los combustibles refinados se volvieron escasos en mercados críticos: el jet fuel duplicó su precio en EEUU en un mes, mientras en Europa y Asia alcanzó récords históricos (más de 210 dólares/barril equivalente, según Argus Media, marzo 2026). Diésel y naftas también acusaron el golpe, con aumentos generalizados del 30–50% en mercados mayoristas. Este salto de costos –un shock de oferta en origen– arrastra tras de sí subas de precios en cascada a través de la logística y los insumos productivos. Basta recordar la crisis de falta de gasoil en Argentina en 2022, provocada por la combinación de la guerra de Ucrania con errores locales de gestión: bajaron las importaciones de diésel, subió la demanda interna y el resultado fue un faltante generalizado. Aquel año, la logística argentina registró un aumento acumulado de 37% en sus costos en apenas cinco meses (Focus Market), superando ampliamente la inflación general (23% en igual período). El transporte de cargas se encareció y llegó a operar con gasoil “en negro” a precios hasta 50% más caros que los oficiales. Además, la malograda campaña agrícola 2022 vio camiones varados por falta de combustible, lo que golpeó la cosecha y la distribución, generando un cuello de botella que dejó centenares de miles de toneladas de granos sin llegar a los puertos a tiempo. Situaciones como esta terminan provocando un aumento ineludible de los precios al consumidor, porque los productores y transportistas, en última instancia, trasladan los mayores costos a los alimentos –la demanda de comida puede contraerse en las familias más pobres, pero las familias de mayores ingresos siguen comprando. Este encarecimiento súbito de los costos de producción se traduce automáticamente en inflación global –una realidad que Occidente conoce desde comienzos de 2022. Esta es inflación de costos, muy distinta de un sobrecalentamiento por exceso de demanda: no se “cura” con tasas de interés, porque su origen está en la oferta.

Jet fuel como termómetro. Un factor ilustrativo de la presión en la infraestructura productiva es el precio del combustible de aviación. Golpea no solo al turismo y el transporte aéreo, sino que incide en el valor de exportación de productos de alto valor (como la fruta fresca que viaja por avión) y en la conectividad de las cadenas globales de suministro (muchos componentes tecnológicos se envían por aire). En esta crisis hemos visto no solo precios récord del jet fuel –más que duplicando su costo en Asia y Europa–, sino también reacciones proteccionistas en algunos gobiernos: Japón restringió sus exportaciones de querosén para priorizar a sus aerolíneas y aeropuertos. La consecuencia es un encarecimiento prolongado de la energía, con su impacto de segunda ronda sobre el resto de la economía.

Sin fertilizantes, no hay cosecha

Tras la energía, la siguiente víctima en esta cadena de shocks son los fertilizantes. Los fertilizantes nitrogenados –base del rendimiento agrícola moderno– son por definición insumos energético intensivos: demandan enormes cantidades de gas natural para sintetizar amoníaco y urea. Por eso, cuando se corta o encarece el gas, ese costo se traslada inmediatamente al precio del fertilizante. Con Ormuz paralizado, India y Bangladesh tuvieron que recortar drásticamente su producción local de urea, al depender del GNL de Qatar y Emiratos. En India se buscó compensar la merma con importaciones extra y un refuerzo multimillonario de subsidios para que los campesinos no queden desabastecidos: el Estado absorbe gran parte de la suba del insumo para que el costo no pegue de lleno en sus agricultores. Sin embargo, esta medida necesaria tiene un efecto ambivalente. Por un lado, evita –en el corto plazo– una catástrofe productiva y social que se traduciría en hambre generalizada; pero por otro, impide el ajuste de la demanda, prolongando la tensión en los mercados internacionales (donde continúan actuando compradores solventes) y trasladando la carga a la espalda fiscal del Estado. En otros países, la solución bordea lo imposible: en Bangladesh el gobierno no tiene margen para subsidiar y debió clausurar cuatro de sus cinco fábricas estatales de fertilizantes a fin de destinar todo su gas a la generación eléctrica. La escasez global de urea derivada de estos factores ha disparado los precios: en Brasil, principal agroexportador sudamericano junto con Argentina, el fertilizante vale hoy un 60% más que hace un año y hay productores que contemplan reducir la siembra de maíz por temor a no poder costear los insumos.

La trampa se extiende al fosfato y sus insumos clave –como si todo ocurriera a la vez. En el Golfo Pérsico se produce una porción importante de fertilizantes fosfatados (como DAP y MAP, aproximadamente 18% del comercio global según la Asociación Internacional de la Industria de Fertilizantes (IFA)), pero más crítico aún, la región es gran abastecedora de un insumo básico: el azufre (cerca del 49% de los flujos internacionales). El Golfo exporta grandes cantidades de azufre obtenido en sus refinerías de gas, principalmente con destino a Asia y América. Con Ormuz cerrado, esas exportaciones de azufre se redujeron a cuentagotas. Por si fuera poco, China prohibió exportar ácido sulfúrico (abril 2026) para priorizar su propio uso en fertilizantes. Se generó así un cuello de botella mundial de azufre, un insumo clave desde la agroindustria hasta la minería: en Chile, gran productor de cobre, el precio del ácido sulfúrico se duplicó en pocas semanas; en países africanos, mineras medianas han debido frenar faenas por falta de insumos. Aunque el cobre y la agricultura parecen rubros lejanos, aquí se tocan: la tecnología de extracción SX-EW (extracción por solvente y electrodeposición) aporta cerca de 17% del cobre refinado a nivel mundial, y depende enteramente de ácido sulfúrico para funcionar. De ahí que incluso los mercados de metales estén alterados: la perspectiva de menor extracción hizo que analistas de Goldman Sachs proyecten un precio récord del cobre hacia fin de año (por encima de USD 12.000 la tonelada), evidenciando la interconexión sistémica de estas disrupciones.

Experimentos peligrosos: Sri Lanka 2021

El caso de Sri Lanka –país de 22 millones de habitantes– anticipó, a escala nacional, lo que hoy aparece como un riesgo global. En abril de 2021, el gobierno de Colombo prohibió las importaciones de todos los fertilizantes químicos (implantando de un plumazo una agricultura 100% orgánica), con la esperanza de revertir décadas de degradación ambiental y ahorrar divisas. Lejos de la utopía prometida, la medida resultó en un desastre productivo y socioeconómico: en seis meses la disponibilidad de fertilizantes se desplomó 99%, la producción de arroz cayó ~30%, hubo que gastar 450 millones de dólares para importar arroz de emergencia, la exportación de té –principal producto de exportación de Sri Lanka– se contrajo 35%, y el país tuvo cerca del 70% de inflación anual, la cual pulverizó el poder adquisitivo de una población sin mecanismos de indexación salarial ni paritarias, hundiendo a la clase media en una crisis de subsistencia sin precedentes. La debacle llevó a una crisis de balanza de pagos, default y al estallido de protestas masivas que terminaron con la huida del presidente Gotabaya Rajapaksa en julio de 2022. La lección de Sri Lanka es clara: cuando un insumo crítico desaparece, las repercusiones negativas se amplifican de forma no lineal (un pequeño ahorro en fertilizante puede causar enormes pérdidas de rendimiento una vez traspasado cierto umbral técnico), y además la contracción de la producción primaria golpea a toda la macroeconomía (balanza comercial, reservas, ingresos estatales, tipo de cambio e inflación). Lo que en un comienzo parecía un problema agronómico termina volviéndose un problema fiscal, monetario y político, con severas consecuencias humanitarias.

Clima y logística: un multiplicador imprevisible

Para empeorar el escenario, la naturaleza podría sumar su cuota de adversidad. A mediados de abril de 2026, los meteorólogos anticiparon con inusual consenso la llegada de un episodio de El Niño. Las proyecciones del International Research Institute for Climate (IRI) indican más del 70% de probabilidad de transición a El Niño en el futuro inmediato, perspectiva que sube a más del 90% para el período de septiembre a noviembre de 2026. Traducido: se espera un cambio drástico en el régimen climático global, cuyos efectos típicos incluyen sequías severas en Australia, buena parte de Asia y África austral, e inundaciones inusuales en el Cono Sur de Sudamérica (especialmente en la Pampa Húmeda argentina y cuencas como la del río Paraná). Con suelos ya debilitados tras la megasequía 2022-23, precipitaciones torrenciales en la región pampeana podrían afectar la siembra y la cosecha de diversos cultivos, y provocar trastornos logísticos en la exportación de granos. En simultáneo, el verano boreal 2026 se perfila crítico: la sequía en Centroamérica (otra cara del Niño) dificultará el tránsito por el Canal de Panamá, como se vio a fines de 2023 cuando bajantes históricas redujeron la capacidad diaria de paso del canal, poniendo en jaque envíos clave de manufacturas y granos. En síntesis, el clima corre el riesgo de potenciar los efectos de los shocks generados por la acción humana.

La espiral macro-financiera

A la crisis de suministros se suma, en todo el mundo, un estrés macroeconómico. Desde 2022, el mundo desarrollado arrastra inflación alta (8% anual en Estados Unidos y la Eurozona; 10–12% en Reino Unido y Europa del Este), originada en buena medida por shocks de costos (pandemia, energía, guerra de Ucrania). Esa inflación todavía no cede, y la crisis actual podría volver a encenderla. Los bancos centrales de Occidente han reaccionado de manera casi uniforme: subiendo sus tasas de interés a niveles no vistos en dos décadas. Esta medicina monetaria –pensada para frenar la demanda– sirve de poco contra una inflación de oferta (provocada por carencia de bienes) y, peor aún, al disminuir el ingreso disponible de familias endeudas, se produce efectos recesivos que contraen la inversión y el empleo. Sin herramientas mejores, se aplicó de forma simultánea en Estados Unidos, Europa y otras economías avanzadas. El resultado colateral es un drenaje de capitales desde la periferia hacia el centro: la suba de tasas en EEUU atrae fondos de regreso al dólar, apreciando la moneda norteamericana y devaluando las monedas emergentes, lo que encarece aún más las importaciones de energía y alimentos de estas últimas. Sin embargo, gran parte de la vulnerabilidad de las economías periféricas es previa y autogenerada: en el caso argentino, por ejemplo, la crisis iniciada en 2018 –con un endeudamiento externo récord y el regreso al FMI– dejó al país en una debilidad crónica de reservas, de la cual aún no se recuperó. En 2022, la suba de tasas de la Reserva Federal precipitó, sumada a estos factores domésticos preexistentes, la última gran devaluación del peso y el endurecimiento del cepo cambiario (control de capitales) para frenar la fuga de dólares y contener la inflación. Así, la medicina global contra la inflación –ya polémica incluso en los países ricos– se vuelve veneno para las economías más frágiles. La confluencia de inflación importada y contracción monetaria internacional enciende alarmas de recesión; varios indicadores en economías industrializadas ya comenzaron a caer.

Argentina: dilemas en la encrucijada global

Para el Gobierno y la sociedad argentina, esta crisis representa un desafío de alta política económica. Por un lado, el salto de los precios internacionales de granos y alimentos promete un ingreso inesperado de divisas para la Argentina, un país urgido de dólares. En 2025, las exportaciones argentinas rondaron los USD 87.000 millones y el agro aportó más del 65%, con un superávit comercial cercano a 11.000 millones (según el INDEC). A primera vista, la suba de los commodities alimentarios podría incrementar este superávit. Sin embargo, esa ventaja potencial está contrarrestada por vulnerabilidades estructurales. Argentina es un gran productor agropecuario, pero depende fuertemente de insumos importados: no produce localmente la mayor parte de la urea que demandan sus cultivos, debe importar gasoil para la cosecha, depende de herbicidas y piezas de maquinaria del exterior. Todos esos costos insumidos se han disparado, encareciendo tanto la próxima campaña que amenaza con reducir sus rindes y márgenes. Mientras en países desarrollados el shock alimentario global se manifestará sobre todo en subas de precios (con políticas sociales para amortiguar el golpe) –es decir, un “ajuste por precio”–, en países periféricos puede traducirse en “ajuste por cantidad”: se reducen los volúmenes de insumos aplicados y en consecuencia la producción, con riesgo de sacar del mercado a pequeños productores y agravar la pobreza rural. En simultáneo, la contracara del superávit comercial es la “restricción externa”: ante la escalada de costos para importar insumos, el saldo externo beneficioso podría esfumarse rápidamente. Así sucedió en 2008, cuando un boom de la soja duplicó su precio (beneficiando al agro local) pero obligó a importar combustibles a valores récord y presionó la balanza de pagos. Con pocas reservas y el cepo cambiario vigente, la capacidad de maniobra macroeconómica argentina es mínima.

Surge además el dilema de política agroalimentaria: ¿cómo aprovechar los precios internacionales sin que los precios internos de los alimentos se vuelvan inasequibles? Históricamente, la respuesta del Estado fue aplicar retenciones y controles, pero hoy cualquier cambio en ese régimen provoca tensiones políticas severas. La solución de fondo pasaría por encarar la falta de insumos con políticas de largo plazo: industrializar la producción local de fertilizantes, reforzar la capacidad de transporte y almacenamiento de combustibles y coordinar con países vecinos (Brasil, Bolivia) para asegurar suministros. Pero esas medidas requieren tiempo y un contexto de estabilidad macroeconómica que hoy no parece garantizado. El gobierno argentino está en una posición compleja: debe atender los estragos de la nueva crisis global sin permitir que se conviertan en excusa para otra espiral inflacionaria que erosione la ya debilitada paz social. La respuesta –como siempre– demandará decisiones políticas: se puede dejar que el “mercado” transfiera todos los costos a los precios (y asumir la conflictividad social resultante), o se puede intentar un plan de contingencia que distribuya los sacrificios de otro modo. Cuando la tragedia es global pero las herramientas de política son nacionales, afinar la puntería y leer la coyuntura se convierte en un deber existencial.

Mundos desiguales, riesgos comunes

Frente a esta crisis global, las asimetrías entre países ricos y pobres se agrandan. En las economías desarrolladas, el shock alimentario tendrá consecuencias inflacionarias importantes, pero no habrá hambrunas: los gobiernos disponen de reservas, de moneda fuerte para importar, y pueden ajustar vía precio (con subsidios focalizados para proteger a los ciudadanos más vulnerables). En las regiones más pobres, la disyuntiva es entre comer o no comer. En estos países la gente ya come menos y peor, con secuelas de malnutrición crónica, enfermedades y migraciones masivas. En cambio, en las sociedades ricas la comida está disponible, pero más cara, y se recurre a la asistencia del Estado para evitar el hambre. Este contraste acentúa una brecha global de bienestar que alimenta resentimientos geopolíticos difíciles de suturar.

Epílogo: la hora de las definiciones

Mientras la guerra en el Golfo continúa, los gobiernos de todo el mundo se ven obligados a tomar definiciones. Washington –que en su Estrategia de Seguridad Nacional de noviembre de 2025 proponía concentrarse en el hemisferio occidental, en un llamado “Corolario Trump” a la Doctrina Monroe– se ha visto arrastrado por los hechos y teme que la guerra degenere en una escasez global. Por eso, a mediados de marzo tuvo que salir a garantizar, junto a aseguradoras locales, un fondo de USD 40.000 millones para reasegurar los buques en Ormuz, sin el cual el tráfico seguiría completamente paralizado (según informó la agencia Reuters). En simultáneo, las agencias de Naciones Unidas y la diplomacia internacional exploran alivios puntuales: la FAO difundió en abril un plan para habilitar vías de transporte de fertilizantes al margen de Ormuz, y la ONU envió enviados especiales a negociar un alto el fuego prolongado que permita la reanudación controlada del tráfico marítimo. En la práctica, el riesgo de una “crisis alimentaria global” ya está instalado como uno de los ejes de 2026. Y con él, la necesidad de decisiones audaces y coordinadas.

La Argentina, que ejerce la presidencia temporal de la CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños) y se prepara para asumir la co-presidencia del G20 en 2027, tiene la oportunidad de llevar esta agenda a la mesa internacional. En un mundo cada vez más inestable, la soberanía alimentaria y energética se revaloriza como objetivo estratégico. Como una tormenta que hay que capear, la crisis perfecta de 2026 puede afrontarse con medidas inteligentes que repartan los costos y mitiguen los daños, o abandonarse a la inercia con consecuencias devastadoras. Lo que está en juego no es un bien más, sino el pan de los pueblos. Queda en manos de los Estados –y particularmente de aquellos con potencial productivo, como el argentino– adelantarse a la tragedia y convertir la crisis en una oportunidad de transformación.

Oportunamente en "La Depresión económica continúa ..." (BAE Negocios 14/07/25) Parte II se concluía que la actual Gestión descree de la producción, dado que el Ideario Anarcocapitalista, al renegar de la planificación en el hecho económico, no prioriza la Economía Real (1), situación palmariamente demostrada al estar ausente, como centro de atención, de la Agenda Pública.

Todo ello impacta catastróficamente en las empresas privadas, ya sea generando desempleo o incumpliendo con el Sistema Financiero y la cadena de pagos.

¡Paradojalmente, el "topo" que venía a destruir el Estado, como prerrequisito al "esplendor" de la actividad "privada", la está ahogando!

Naturalmente, todo ello es producto del desorden sistémico que la Administración libertaria ha generado entre las Políticas:

- Fiscal,

- de Ingreso,

y

- Monetaria

En este último caso, y para analizar su impacto en el Aparato Productivo, bien vale retrotraerse al origen de los Medios de Pago, entre ellos el dinero (una de las grandes creaciones de la Humanidad) que permitió transitar, desde una práctica de Trueque, a un intercambio de Bienes y Servicios mediados por la relación de precios.

En esta dirección, algunos historiadores adjudican a la "Orden Templaria" (Siglos XII, XIII y XIV de nuestra era) no la invención del dinero como tal (que ya existía en forma de monedas metálicas desde siglos atrás), pero si el de la moneda Fiduciaria, el perfeccionamiento de la banca moderna y las transferencias internacionales.

El "sistema" implementado, hace 800 años, por los "Caballeros" funcionaba así:

- El Problema del Viaje: en el siglo XII, tras la Primera Cruzada, viajar a Tierra Santa era extremadamente peligroso por los salteadores. Llevar oro o plata encima era una invitación al robo o al asesinato.

- 'Recibo' o Carta de Crédito: un peregrino o noble podía dejar sus valores (oro, tierras o dinero) en una casa templaria en Europa (como en París o Londres). A cambio, recibía un documento cifrado (un precursor de la letra de cambio o el cheque de viajero).

- Retiro en el Destino: al llegar a Jerusalén o Acre, el viajero presentaba ese papel en la sede local de la Orden. Los Templarios verificaban la autenticidad del documento (usando códigos propios para evitar falsificaciones) y le entregaban el equivalente en moneda local.

- Innovación Bancaria: fue que el dinero físico no viajaba con la persona. Los Templarios simplemente compensaban sus libros contables entre sus distintas sedes ('encomiendas'), actuando como una red financiera multinacional.

Gracias a este sistema, la Orden se convirtió en la institución financiera más poderosa de Europa, lo que les acarrearía los serios problemas que derivaron en su disolución.

Ahora bien, todos estos maravillosos instrumentos, diseñados a lo largo de centenares de años por diversos pueblos y comunidades, en nuestro país, la Autoridad monetaria (Banco Central de la República Argentina -BCRA-) los articula mal, determinando una...

Desastrosa Política Monetaria

Ello es así, ya que por todo lo ut supra señalado hay una relación simbiótica entre: la cantidad de transacciones que se realizan de Bienes y Servicios, el nivel de la Oferta Monetaria (OM) (2) y el aumento generalizado de precios o Inflación.

Va de suyo, que a una suba considerable de importes con la misma cantidad de medios de pago, solo le corresponde una disminución (Recesión) de compras y ventas.

En el primer cuatrimestre del corriente año, la Inflación acumulada es de aproximadamente el 12,50%, sin embargo, la cantidad de Dinero medida tanto por OM como por Base Monetaria (BM) (3) , es menor.

Así las cosas, el efecto es evidente: se mantiene la Depresión (4) que se observa en la Economía Urbana (5) .

La paradoja estriba en que una de las condiciones virtuosas de la expansión monetaria está dada por la compra de divisas. El Gobierno informa que ya van varias semanas donde el BCRA ofrece pesos para hacerse de dólares, entonces ¿qué genera la menor cantidad de dinero de alta potencia (BM) en el mercado? La esterilización (secar) que en la plaza realiza el propio Gobierno vendiendo bonos para honrar sus compromisos de Deuda.

Si así no lo hiciera, este tiene un enorme temor fundado que, con esos pesos se vuelvan a comprar dólares (dado lo "barato" de su precio), iniciando una corrida cambiaria.

¡Depresión con Inflación es una horrible Combinación, pero es lo que propicia esta Administración!

Naturalmente, las consecuencias son colosales. Los ajustes reiteradamente buscados por el equipo económico para tratar de equilibrar sus cuentas y alcanzar sus objetivos, derivan en una disminución pasmosa del crédito al Sector Privado sufriendo así los horrores de la actual Gestión.

¡El estado "tiene plata" para cumplir con sus compromisos, pero ahora, el que grita a los cuatro vientos: "No hay Plata", es el Sector Privado!

Pero aún peor: la Política Monetaria agrava las condiciones de funcionamiento, no solo del Sector Real sino que, ahora también, de las Jurisdicciones (Provincias y Municipalidades) Subnacionales.

Es hora de cambiar, dentro de la Ley y el Orden y antes de que sea demasiado tarde.

Para ello, la Dirigencia Empresarial, Sindical, Política, Social y Religiosa en forma mancomunada debe sentar las bases de un Modelo de Desarrollo Permanente y Sustentable (MoDePyS) con orientación a la producción.

¡¡Dios guie a nuestros decisores!!

Agradecemos la colaboración de Roberto Nuesch

Nota publicada originalmente en BAE. 

(1) Economía Real, se denomina a la productiva basada en el trabajo, la producción de bienes y servicios tangibles, y el consumo, diferenciándose radicalmente de la especulación financiera ('timba'). Esta se mueve por Demanda y no por Oferta, siendo el Consumo y la Inversión sus motores fundamentales para la generación de riqueza.

(2) Oferta Monetaria: es la Base Monetaria más el dinero generado por las entidades bancarias a partir de los préstamos que realizan a terceros, con los depósitos recibidos de las personas humanas o jurídicas.

(3) La Base Monetaria está compuesta por el Circulante ("tenencia" de privados y estados) y Encajes (idem del Sistema Bancario en su propia caja y en el BCRA).

(4) Una Depresión Económica es el grado más severo de una intensa Recesión. Se caracteriza por:

- una caída drástica de variados Grupos, Subgrupos y Ramas del Aparato Productivo,

- incremento del Desempleo,

- reducción del Consumo además de la Inversión,

y

- presenta una duración cuyo recuento es en años.

(5) Se denomina Economía Urbana, a aquel conjunto de actividades productivas, tanto de Bienes como de Servicios, que desarrollan tanto en ciudades, pueblos o parajes, o a la vera de estos, que no incluye a las grandes extensiones agrícolas o a las laboriosidades extractivistas (minería, energía, pesca, entre otras).

El rezo del Rosario es el arma más poderosa del católico decía el Papa Francisco. Ese método de oración, que se práctica hace siglos y en todo el mundo, viene siendo una prioridad para el dirigente político y 12 años secretario general del sindicato de la economía popular (conocido por la sigla UTEP), Esteban "Gringo" Castro. Entonces este viernes 8 de mayo, en el día de la Virgen de Luján, patrona de la Argentina, Castro se congregó en Plaza de Mayo, junto a "los peregrinos de la causa nacional", militantes del partido Principio y Valores, para rezar por la conversión de los funcionarios nacionales.

Con la imagen de la Virgen gaucha en andas ingresó Castro a Plaza de Mayo para llegar a la calle peatonal Balcarce, a metros de la reja que divide con la Casa Rosada. En ese instante, cuando ya estaba una mesa con imágenes de la Virgen de Luján, llegaron distintos efectivos policiales que intentaron disuadir de realizar el rezo. "Meté preso a Adorni y dejá la Virgen", lanzó un hombre que pasaba. El policía a cargo de la seguridad en la plaza dijo que "lo comprometía" el rezo allí pero sin explicar qué norma se violaba por rezar el Rosario. 

Pasado los minutos, mientras la policía filmaba y fotografiaba a los rezadores, hasta llegaron a pedir documentos a algunos de ellos, el sacerdote Claudio Uassouf (miembro de los Curas Villeros y párroco en la villa Rodrigo Bueno, en Costanera Sur) inició la bendición a distintas imágenes de la Virgen de Luján que van a peregrinar por el país a las unidades básicas del peronismo de Principios y Valores, que se referencia en el economista Guillermo Moreno.

"El pequeño pasaje del Evangelio, según San Mateo, que es muy importante para nosotros. Las Bienaventuranzas: 'Felices los pobres de espíritu porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Felices los mansos porque poseerán la tierra. Felices los que lloran porque serán consolados. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Felices los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Felices los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Felices  los que buscan la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Felices los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el Reino de los cielos. Felices cuando los injurien, los persigan y digan con mentira toda clase de mal por mi causa. Alegraos y porque vuestra recompensa será grande en los cielos", leyó y rezó el cura villero y luego bendijo con agua bendita las imágenes y a todos los rezadores.

Por su lado, el "Gringo" Castro explicó el motivo de ir a rezarle al presidente Javier Milei, su hermana, Karina, secretaría general, su ministro de economía, Luis Caputo ,y su jefe de gabinete, Manuel Adorni: "vinimos a Casa Rosada porque nos hace bien a nosotros y a ellos (a los funcionarios nacionales). Nosotros creemos en la conversión, mucha gente pasó de gorila a peronista. La fe y la lucha política tienen que ir de la mano. Es una tarea difícil. Muchos sectores no lo consideran y esto debe ser tomado por toda la militancia peronista. Debemos hacer esto presencial. Podemos hacerlos por zoom pero acá sostenerlo en la medida de nuestra propia organización", cerró Castro quien dirigió el rezo del Rosario, que implica 1 Padre Nuestro, 10 Ave María y 1 un Gloria, repetidos en cinco misterios, en el caso del viernes el llamado misterio doloroso. 

Esteban "Gringo" Castro de 59 años, dos hijos, abuelo, casado con Mariel Fernández (intendenta segundo período del municipio de Moreno), fue trabajador metalúrgico en una pyme familiar, luego vendedor ambulante, preceptor, en el barrio Cuartel V militó territorialmente mediante la cultura y la educación, luego uno de los fundadores del Movimiento Evita, fue concejal en Moreno, pasó a dirigir el primer sindicato de los trabajadores excluidos, llamado Unión de Trabajadores de la Economía Popular, (primero llamado confederación de la economía popular, CTEP) y luego de 12 años se retiró de su conducción para dedicarse a la fe con peregrinaciones y rezos del Rosario que con su mirada de la economía popular lleva al Movimiento Nacional Justicialista, con Guillermo Moreno y Miguel ángel Pichetto.

El canadiense Carl Honoré es referente mundial del movimiento slow, periodista, escritor y autor del best seller Elogio de la lentitud. Escribió además otros libros como Elogio de la experiencia y Bajo presión. Nació en Escocia, es ciudadano canadiense y vivió algunos años en la Argentina, donde fue corresponsal para varios medios extranjeros. En esta entrevista exclusiva con Agencia Paco Urondo, el autor reflexiona sobre el impacto de la velocidad en la vida contemporánea, la tecnología y la salud mental.

Por la profundidad de los temas abordados, la conversación se presenta en dos partes.

AGENCIA PACO URONDO: Hoy vivimos hiperconectados, con algoritmos que premian la velocidad y la reacción inmediata. ¿El movimiento slow sigue siendo una resistencia viable o se volvió una utopía difícil de sostener?

CARL HONORÉ: El movimiento slow nunca ha sido utópico; ha sido una respuesta sumamente pragmática al culto de la velocidad. En estos días de la inteligencia artificial y la explosión tecnológica, esa urgencia es aún mayor. Necesitamos reconectar con la tortuga interior porque estamos llegando a los límites que puede aguantar el ser humano —y el planeta— en términos de velocidad. Cuanto más avanza la tecnología, más necesitamos la lentitud, porque la tecnología es rápida y los seres humanos somos lentos. La misión es buscar el equilibrio.

APU: ¿La IA es una enemiga del tiempo humano o puede ser una aliada del enfoque slow?

CH: A mí me encanta la tecnología. En general es un arma de doble filo: podés optar por usarla para vivir mejor, vivir plenamente, para aprovechar mejor el tiempo, o podés esclavizarte a ella y caer en la vorágine. La opción está delante nuestro.

APU: ¿Por qué vivimos en una cultura de la prisa?

CH: Porque hay dos frentes: el externo, que nos empuja a una aceleración constante, y en muchos casos un impulso interno. Para mucha gente, a mi modo de ver, una vida de correcaminos es un mecanismo de negación: una huida de nosotros mismos, una manera de evitar lo que está ocurriendo por dentro. Esto lo podemos afrontar a nivel individual, mirando hacia adentro y reconectando con nosotros mismos para ir lidiando con las grandes preguntas de la vida: ¿quién soy? ¿cuál es mi propósito?

APU: Hablás de una huida de la condición humana. ¿Creés que hay un miedo a pasar tiempo a solas?

CH: Ese miedo al encuentro con uno mismo forma parte de la condición humana. Da miedo porque implica incomodidad, preguntas complejas; porque la vida no es perfecta y tenemos que lidiar con las imperfecciones, las dudas, las angustias. Es mucho más fácil entrar en modo avance rápido, llenarte la cabeza de distracciones y superficialidades; eso no exige ningún esfuerzo. Pero es muy vacío, no tiene riqueza. Sócrates nos dijo que el secreto de una vida digna es una vida examinada, una vida en la que lidiamos con esas grandes preguntas, y para lidiar con ellas tenés que bajar un cambio.

APU: En un contexto económico inestable, donde muchas personas tienen más de un trabajo o trabajan prácticamente todos los días, ¿cómo se puede "bajar el ritmo" sin que se vuelva un privilegio para unos pocos?

CH: Hay que admitir que todo es más fácil cuando se tiene estabilidad económica, pero eso no significa que sea imposible abrazar la lentitud sin ella. Desacelerar en momentos oportunos favorece que trabajes mejor. Sí, hay personas que hacen malabares con dos o tres trabajos y les costará mucho más. Pero si uno mira las estadísticas de uso de redes sociales —por ejemplo en Sudamérica, donde el argentino, el chileno o el uruguayo pasan en promedio horas al día mirando pantallas, scrolleando, viendo TikTok o Instagram— y luego se queja de que no tiene tiempo, ahí hay una palanca que todos tenemos a mano: usar mejor el tiempo, lo que implica usar mejor la tecnología y apagar el celular.

APU: Hoy la salud mental es uno de los temas centrales. ¿De qué manera el ritmo de la aceleración y el uso de tecnologías como las redes sociales contribuyen a problemas como la ansiedad y la depresión?

CH: El mal uso de la tecnología mina la salud mental: te pone en un estado hiperestimulado, sobrecargado, sobredistraído, y el resultado es que somos incapaces de centrarnos o reflexionar. Vivimos abrumados en una vorágine que nos hace mal. Esa es una de las razones por las que vemos una epidemia de trastornos mentales en el mundo: vivimos tan acelerados que no estamos en sintonía con los tiempos naturales del ser humano. El vínculo entre el cuerpo y la mente se ve sistemáticamente anulado por esta cultura del apuro y el bombardeo electrónico. Tenemos que reconectar, a través de la lentitud, el cuerpo y la mente para poder vivir sanos, felices, productivos y conectados con los demás. Los humanos no somos máquinas ni algoritmos ni robots; no estamos hechos para correr las 24 horas, los 7 días de la semana.

APU: ¿Las relaciones sociales también se ven afectadas?

CH: Una de las primeras cosas que sacrificamos cuando vivimos apurados son las relaciones humanas, porque no se pueden acelerar. No podés hacer que alguien se enamore de vos más rápido porque querés casarte la semana que viene; estas cosas tienen su tiempo y su atención. Lo que tiramos por la ventana al caer en ese modo correcaminos es el contacto profundo con los demás, y eso nos hace muy mal. Los últimos estudios muestran que el aislamiento social y la soledad profunda son peores para la salud física que fumar 15 cigarrillos por día; un impacto enorme y negativo del que no nos damos cuenta hasta que el cuerpo te pasa factura.

APU: Está por un lado la soledad deseada y por el otro la no deseada. ¿De qué manera esto beneficia al sistema de consumo y control?

CH: El sistema turbocapitalista y turboconsumista necesita consumidores ciegos que no piensen ni reflexionen en lo que hacen. Cuando vivís una soledad negativa y no deseada, cargás con un vacío, y para llenarlo salís de compras, comprás en Amazon, etc. Ese vacío nunca se llena a través de las compras.

APU: Hay una presión creciente en el trabajo, en la familia e incluso en la infancia y en las escuelas para rendir más, y cuanto antes mejor. ¿Qué impacto tiene esta aceleración en la creatividad?

CH: Desde la última generación les hemos transmitido el virus de la prisa a los chicos; es algo que se aprende en todos lados. Pero todo esto les hace mal, porque los chicos necesitan la lentitud, los momentos de descanso, de calma e incluso de aburrimiento. Hoy le tenemos tanto miedo al aburrimiento. Lo que hay que hacer es desacelerar, dejar que florezca ese aburrimiento para que vuele la imaginación, porque lentitud y creatividad van de la mano. Los grandes pensadores de las artes y las ciencias siempre han entendido que para catalizar la creatividad hay que desacelerar. Esto es algo que sacrificamos en la educación y en la niñez en general: los chicos pasan volando por su infancia sin poder cultivar el hábito de detenerse. Terminan siendo muy capaces de sacar buenas notas en los exámenes, pero ¿para qué sirve eso? No sirve.

APU: ¿Qué herramientas puede incorporar el movimiento slow al ámbito educativo?

CH: Se está dando un cambio muy importante. Suecia, por ejemplo, fue uno de los primeros países en adoptar las tecnologías en los colegios y ahora está dando un giro de 180°: está sacando las pantallas del aula para abrir un espacio más lento, con lapiceras, papel, diálogo, colaboración y escucha activa; cosas tradicionales que siempre fueron el motor del aprendizaje y el desarrollo infantil, y que tiramos por la borda con esa locura tecnológica que nos agarró por el cuello hace treinta años. Los países con más visión de futuro están cambiando el chip: se están dando cuenta de que, en algunos casos, una pantalla puede ser útil, pero que en general conviene buscar un enfoque más lento para los chicos. Esto me llena de optimismo, porque demuestra que las placas tectónicas se están moviendo. El péndulo se fue a un extremo y ahora está volviendo al punto intermedio: hacer buen uso de la tecnología y, en otros casos, dar espacio y tiempo para que florezca la lentitud.

APU: Además del elogio de la lentitud, ¿tiene que haber también un elogio de la escucha? ¿Hablamos más de lo que escuchamos?

CH: La escucha lenta, profunda y activa va de la mano con la lentitud. La escucha genuina no se puede acelerar: por más prisa que tengas, nunca podrás escuchar a otra persona más rápidamente. No tenemos un botón para que alguien hable a 1.5x; hay que desacelerar, estar presente y dar atención para establecer esa conexión humana profunda. Cuando hablo de lentitud, no es algo de un solo sentido: tiene que ser un intercambio, un diálogo. Creo que con mucha frecuencia, cuando nos toca escuchar, escuchamos para responder en lugar de escuchar para entender. Ese es el cambio de chip que nos toca hacer para volver a algo más humano, más conectado, más feliz y más solidario.

Tomás Orihuela, de 19 años, fue encontrado sin vida con signos de ahorcamiento dentro de una celda de la Comisaría Sexta en el barrio General Paz, Córdoba, tras ser alojado de manera provisoria en el marco de un procedimiento policial. El hecho ocurrió durante los últimos días de abril y, por el momento, la justicia provincial mantiene a cinco efectivos bajo investigación.

Orihuela había sido detenido en dos oportunidades en menos de 48 horas tras cumplir una condena de cuatro meses. Según lo informado, se vincularon a pedidos de captura antiguos que aún figuraban en los sistemas, y en ambos casos derivaron en su liberación. Durante la segunda detención, cuando estaba próximo a ser liberado, fue alojado en un calabozo, del cual saldría en coma. Horas después falleció en el Hospital Eva Perón y la familia denunció de inmediato que se trata de un caso de violencia institucional. 

El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, confirmó la intervención de las autoridades: “Mandamos como siempre a los directores que estén de turno y el órgano de control de conducta de la fuerza policial se pone en conocimiento”. A su vez, negó que haya lugar para el encubrimiento y garantizó el acceso a las pruebas: “Hay cámaras que tienen que haber registrado lo que sucedió y se secuestraron los celulares de los policías involucrados”. Por último, Quinteros reconoció que el caso expone posibles fallas en los controles: “Nos obliga a revisar protocolos internos de la policía sobre alojamiento y estadía de los detenidos”.

De acuerdo con la versión policial, el joven fue hallado colgado dentro de la celda. No hay cámaras en el interior de los calabozos, por lo que lo ocurrido no quedó registrado. La familia rechaza la hipótesis de suicidio y sostiene que no tenía motivos para quitarse la vida, ya que estaba a punto de recuperar la libertad.

Familiares y vecinos llevaron a cabo el martes 5 de mayo una protesta afuera de Tribunales II exigiendo avances en la investigación. En una reunión con el fiscal Andrés Godoy, a cargo de la causa, presentaron audios atribuidos a Orihuela en los que manifestaba temor hacia la policía. La querella insiste en una posible instigación al suicidio y privación ilegítima de la libertad. Por su parte, el poder judicial analiza los celulares de los efectivos involucrados y busca esclarecer por qué fue detenido sin orden vigente y alojado en una dependencia no adecuada.

Luego del encuentro, la abogada defensora Marta Rizzotti confirmó que el funcionario incorporó al expediente dos audios que Tomás le envió a su mamá días antes de morir donde expone situaciones de violencia policial. La autopsia reveló que murió por asfixia y en su cuerpo hay signos de ahorcamiento. En ese marco, pidió al fiscal que ordene la detención de los efectivos implicados: dos agentes que lo detuvieron en la calle y tres que se encontraban en la comisaría esa noche, pero hasta el momento no hay imputaciones. 

En el marco de la concentración, Mariana, hermana del joven, se expresó ante los medios de comunicación presentes: "Queremos sólo pedir justicia por Tomás. No creemos que se haya ahorcado, las pruebas y los testigos van a demostrar qué es lo que pasó realmente". Además, sostuvo que Tomás era objeto de hostigamiento por parte de la policía, lo que él expresa en los audios que envió a su mamá cuando fue detenido. Por último, exigió que sean imputados los efectivos involucrados.