No hay salud mental sin derechos humanos

La historia de la salud mental en nuestro país es una larga historia de vulneración de derechos. Ya en la década del 30, la Liga Argentina de Higiene Mental formuló las primeras críticas a los manicomios, específicamente a su hacinamiento y maltrato.

Con la construcción del primer Ministerio de Salud de nuestro país, el ministro Carrillo propuso designar como “enfermos mentales” a quienes hasta ese momento se nombraba como “alienados”, a fin de que se los trate como “a cualquier otro enfermo” e internarlos en hospitales generales[1].

Otro hito importante en el campo de la salud mental y los Derechos Humanos fue el informe "Vidas Arrasadas: la segregación de las personas en los asilos psiquiátricos argentinos" (2008)[2], señalando que 25.000 personas con padecimiento mental se encontraban internadas, y que más del 80% de estas personas estaban encerradas hacía más de un año, y el promedio de internación rondaba los 10 años.

En dicho informe se describe fundamentalmente la situación de las instituciones públicas de salud mental; denunciando internaciones sin criterio, abusos en el interior de las instituciones, muertes que no fueron investigadas, privación de la libertad en celdas de aislamiento, abusos físicos y sexuales, falta de atención médica, condiciones insalubres de alojamiento, ausencia de rehabilitación, tratamientos inadecuados y sobrepoblación. Además, destaca que las autoridades políticas y administrativas manifestaron que, entre el 60% y el 90% de las personas internadas, eran “pacientes sociales”, es decir, personas en condiciones de alta, pero sin lugar a donde ir.

Dicho informe visibilizó las condiciones de vida de las personas internadas, la vulneración de derechos y fundamentalmente el vacío legal respecto a la salud mental, destacando la importancia de que el Estado elabore políticas públicas para abordar las violaciones a los derechos humanos de las personas internadas.

La Ley Nacional de Salud Mental y Adicciones N° 26.657 sancionada el 25 de noviembre de 2010 tiene como objetivo asegurar el derecho a la protección de la salud mental de todas las personas y el respeto de los derechos humanos de las personas con sufrimiento mental.

Dicha Ley es una política pública que apunta a mejorar, no solo las condiciones de vida de miles de usuarios del sistema de salud mental, sino que además impulsa una inclusión social plena. Muchas personas alojadas en los llamados hospitales psiquiátricos son personas excluidas y abandonadas por la sociedad, donde a la “locura” se le suma la expulsión social.

Otro punto central de la Ley es la prohibición de construcción de nuevos hospitales monovalentes,  planteando reemplazarlos por dispositivos de atención vinculados con la comunidad.

Durante largo tiempo, profesionales de la salud, de la justicia, organizaciones de derechos humanos, asociaciones de familiares y usuarios de servicios de salud mental, impulsaron una legislación que fuese capaz de provocar un cambio de paradigma; cambiar viejas prácticas institucionales que atentan contra la dignidad de los usuarios, como así también cuestionar el modelo médico hegemónico, dando lugar a un abordaje interdisciplinario basado en una rehabilitación psicosocial.

Actualmente la Provincia de Buenos Aires viene llevando adelante el Programa Buenos Aires Libre de Manicomios que impulsa una transformación en el modelo de atención en salud/salud mental, restituyendo derechos y respetando la dignidad de las personas, generando dispositivos y modalidades de asistencia con un acompañamiento con abordaje comunitario que garantiza externaciones sostenibles.

La Organización Mundial de la Salud (OMS)[3] destacó que en la provincia de Buenos Aires, entre enero de 2020 y junio de 2021 el número de personas en instituciones se redujo de 1810 a 1391. Esto se logró mediante la suspensión de internaciones prolongadas, el otorgamiento de un apoyo económico para acompañar a 381 personas en proceso de externación y la provisión de apoyos para la vida en comunidad a 306 residentes dados de alta. Estos cuentan con el apoyo de los servicios comunitarios de salud mental existentes.

Una publicación de Alejandra Barcala y Silvia Faraone en la prestigiosa revista científica The Lancet[4], describieron los puntos más importantes de la reforma en salud mental que está llevando a cabo la Provincia de Buenos Aires, en el marco del cumplimiento de la Ley 26.657, destacando la expansión de las unidades residenciales comunitarias: “de 76 unidades con capacidad para 212 personas en junio de 2020 a 136 unidades con capacidad para 533 personas en junio de 2021” y que se crearon 38 equipos interdisciplinarios en los hospitales generales y se incorporaron 114 profesionales nuevos, incluidos psiquiatras, psicólogos y trabajadores sociales.

Teniendo en cuenta todo lo anteriormente dicho, nos extrañan las críticas corporativas de un sector del campo de la salud mental al cierre de pabellones de internación crónica en hospitales monovalentes de la Provincia de Buenos Aires.

Un cartel que recuerda a quienes vivieron y murieron en pabellones de encierro manicomial, no pretende ser un agravio a ninguna disciplina de la salud mental, sino una forma de empezar a horadar un viejo paradigma hospitalario manicomial que incluye a la sociedad toda. Es un llamamiento a poner en cuestión la naturalización de las prácticas, formas de asistencia y tratamiento que reciben quienes tienen padecimientos de salud mental.

No se han cerrado ni se cerrarán salas para internaciones breves, se han cerrado pabellones de internación prolongada que respondían a viejos modelos asilares. Y a su vez se han ampliado sustancialmente las camas de internación por salud mental en hospitales generales.

No es posible una trasformación del sistema de salud mental sin una perspectiva de derechos humanos que erradique dispositivos de abordajes con más de 100 años de antigüedad que vulneraron numerosos derechos.

Nos encontramos en un momento de cambio de paradigma en el abordaje de la salud mental, en el que ninguna disciplina sobra ni debe sentirse excluida ni atacada, sino todo lo contrario; se trata de estrechar e integrar esfuerzos para seguir avanzando hacia lo que falta, para construir un sistema de salud/salud mental integrado, justo, equitativo y respetuoso de los derechos humanos.

Por supuesto que no es lo mismo una sala de internación psiquiátrica que un centro clandestino de detención, pero eso no nos priva de observar que durante gran cantidad de años se han llevado a cabo prácticas deshumanizantes y no respetuosas de los derechos humanos en el campo de la salud mental en contexto de encierro.

No se les pretende cargar las tintas a los trabajadores de la salud mental sobre un modelo asilar antiguo que en algunos ámbitos se sigue reproduciendo, pero sí es responsabilidad de todos cuestionarlo y aunar esfuerzos para transformarlo.

* El autor es Director del Centro de Asistencia a Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos “Dr. Fernando Ulloa” de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Integrante del Equipo de Investigación del Informe Vidas Arrasadas: la segregación de las personas en los asilos psiquiátricos argentinos. CELS, 2008.

[1] Stolkiner “Un largo camino hasta la Ley Nacional de Salud Mental”. Revista Soberanía Sanitaria. https://revistasoberaniasanitaria.com.ar/tag/alicia-stolkiner/

[2] https://www.cels.org.ar/common/documentos/mdri_cels.pdf

[3] OMS https://t.co/wO4PUHF6AD

[4] Revista The Lancet https://t.co/sAEyQmI4aK