Caso Joaquín Paredes en Córdoba: “La responsabilidad del Gobierno es directa y vemos complicidad judicial”
Joaquín Paredes, de 15 años, trabajaba en la cosecha de papas y asistía a clases en el Instituto Provincial de Educación Agrotécnica (I.P.E.A.) N° 306 “Doctor Amadeo Sabattini”. La madrugada del 25 de octubre de 2020, tras haberse reunido con amigos en una casa de Paso Viejo, pequeño pueblo cordobés del departamento de Cruz del Eje, fue asesinado de un tiro por la espalda por la Policía de Córdoba. Además, otros dos jóvenes fueron heridos y varios de los testigos aseguraron que cinco uniformados esperaron que salieran del lugar para actuar de manera totalmente desproporcionada. El poder judicial de la provincia frenó la causa antes de definir la fecha del juicio oral y la familia reclama respuestas.
La versión de la fuerza alegando que habían sido agredidos con anterioridad se diluyó a las horas, ya que en la escena se hallaron más de cien vainas y las únicas armas secuestradas fueron las reglamentarias de los policías. Los cuatros agentes y un sargento fueron pasados a “situación pasiva”. Los implicados, que fueron respaldados por el comisario mayor Leonardo Páez Stelmach, son Maykel Mercedes López, Enzo Ricardo Alvaro, Ronald Nicolás Fernández Aliendro, Iván Alexis Luna y Jorge Luis Gómez.
Tras la recolección de pruebas, cambios de carátulas y de fiscales, y detenciones y excarcelaciones, sólo dos se encuentran en prisión al día de hoy. López, el autor del disparo mortal, y Alvarado, por entorpecimiento procesal. La familia de la víctima y de algunos de los responsables viven a pocas cuadras de distancia, y ya se denunciaron amenazas e intimidaciones a testigos y sobrevivientes, que incluyeron allanamientos injustificados.
Los cinco están acusados de homicidio agravado por uso de arma de fuego y su condición de policías, tentativa de homicidio calificado, y abuso de armas. Se suma el subcomisario Alberto Daniel Sosa Gallardo por amenazas calificadas por uso de arma de fuego. La fiscal Fabiana Pochettino estuvo mayormente a cargo de la investigación, reemplazando como subrogante a Daniel Raymundo Barrera, quien regresó en septiembre del año pasado tras una licencia. Luego, el Juez de Control de Cruz del Eje, Rogelio Archilla, elevó la causa a juicio oral, pero aún no hay fecha definida porque la Cámara del Crimen de Villa Dolores no resuelve los planteos de los abogados defensores de los implicados.
Con la excusa de las restricciones por la pandemia en la provincia de Juan Schiaretti se sucedieron distintos casos de violencia institucional, entre los que destacan José Ávila y el antecedente inmediato de Valentino Blas Correas. La política de seguridad del gobernador, que apuesta siempre a que los hechos pierdan impulso mediático, debe volver a estar en el centro del debate. En ese contexto, a dos años del asesinato de Joaquín, AGENCIA PACO URONDO dialogó con Soledad Paredes, la madre del joven.
Agencia Paco Urondo: ¿Qué nos dicen estos dos años que se cumplen?
Soledad Paredes: No sólo significa dolor emocional, extrañarlo y desear tenerlo cerca, sino que se suma el desgaste físico y mental de vivir pidiendo algo que por ley o sentido común tenemos, que es justicia. Son dos años de lucha en las calles y en el hogar. Luchamos para seguir fuertes pero en estas fechas parece imposible.
APU: ¿Cuál es la situación de la causa y el recorrido que ha tenido hasta ahora?
SP: La causa está estancada en la Cámara del Crimen de Villa Dolores, que debía resolver la apelación que realizaron los abogados de los policías para frenar la fecha de juicio. Se presentó un pronto despacho porque no están haciendo su trabajo y la respuesta fue que han estado ocupados. Es una burla, para justificarse dicen que están con el caso de Cecilia Basaldúa, pero ya terminó hace varios meses. Nosotros lo vemos como complicidad judicial.
APU: ¿Cuál ha sido la actitud y responsabilidad del gobierno provincial?
SP: La responsabilidad del gobierno es directa. La policía es una fuerza que responde a sus intereses y el aumento de víctimas de gatillo fácil sin condenas es un claro ejemplo de que le sirve porque no hace nada por cambiarlas.
APU: ¿Qué actividades van a llevar a cabo por la fecha?
SP: Vamos a llevar a cabo una marcha de antorchas en silencio el 2 de noviembre, desde el cementerio hasta el mural de mí hijo. El 25 de octubre son los dos años del asesinato de Joaco y el 2 de noviembre hubiese cumplido sus 18 años, por lo que decidimos hacer la convocatoria ese día.