El macrismo habilitó la tortura pública

Por Esteban Rodríguez Alzueta*

Se dice que la picana eléctrica fue introducida a la policía por el hijo de Leopoldo Lugones, Polo, ex jefe de la Policía Federal durante la dictadura de José Félix Uriburu y autor de “El azagadero de los malechores”. Desde entonces forma parte de los repertorios de tortura de las distintas fuerzas policiales en Argentina. Fue además, el instrumento de rigor en todos los Centros Clandestinos de Detención durante la última dictadura cívico-militar, pero los policías y penitenciarios continuaron utilizándola durante la democracia.

Hasta ahora su uso era secreto. Todos sabíamos que formaba parte de las rutinas policiales, pero se usaba a espaldas de la sociedad. El macrismo introdujo una variante: los golpes eléctricos podrán hacerse a la vista de todos. Cuando el gobierno de la Ciudad equipó a la Policía Metropolitana con las pistolas “Taser x 26” habilitó la tortura pública. El fundamento que utilizó el macrismo es cínico: es preferible reducir o inmovilizar a una persona que se resiste a la autoridad a través del pasajes de corrientes eléctricas que bajarlo de un corchazo, es conveniente dejarlo grogui que matarlo o producirle secuelas irreversibles cuando los policías manipulan una pistola 9 mm. 

Acaso por eso mismo las pistolas “Taser x 26” fueron rápidamente denunciadas por legisladores y organismos de derechos humanos y cuestionadas en la justicia a través de un amparo por entender que se trataba de armas de extrema peligrosidad porque su uso se prestaba a la tortura y por tanto comprometía los derechos a la vida, la salud y la integridad física de los habitantes de la Ciudad. El Tribunal Superior de Justicia rechazó la demanda al considerar que no se estaba frente a un agravio actual, es decir, subrayando que no se había demostrado la existencia de un daño concreto para impugnar la adquisición de esas armas. Peor aún, las autorizó pero atándolas a la implementación de un protocolo de actuación que nunca se elaboró. Es decir, los magistrados no sólo proponen reglamentar la tortura, sino que legitiman los excesos de las fuerzas públicas. La sentencia fue apelada y días atrás, la Corte Suprema, con las firmas de su presidente Ricardo Lorenzetti, además de Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda, decidió no tomar intervención por razones formales, desestimando el recurso de queja presentado por el Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires (ODH) y la Defensoría General de la Ciudad por considerarlo "prematuro". En otras palabras: se borró.

“Taser” es el nombre genérico que reciben las pistolas aturdidoras que disparan dardos eléctricos, en razón de que la marca comercial Taser fue la primera que las lanzó al mercado y durante años tuvo el monopolio de su venta. Pero en la actualidad varias  empresas ofrecen productos parecidos. En la mayoría de los países la comercialización de armas de electrochoques está prohibida, reservándose su uso exclusivo a determinadas fuerzas de seguridad públicas. Estados Unidos y Canadá son los dos países que más la han utilizado y, acaso por eso mismo, que más denuncias ha recibido.

Las pistolas Taser constan de dos dardos sostenidos por hilos que trasmiten una descarga paralizante de 50.000 voltios. El impacto e intensidad de las descargas eléctricas puede variar, por un lado, de acuerdo al voltaje, la intensidad de la corriente, la duración de la aplicación, incluido el estado de la batería y, de otra parte, por la constitución corporal de la persona que recibe la descarga, así como condiciones ambientales, tales como humedad.

El uso de las pistolas Taser ha sido muy cuestionado. Un informe de Amnistía Internacional de 2007 sobre el uso de estas armas eléctricas en España, “Voltios sin control”, es muy elocuente: “La experiencia ha demostrado que en numerosos casos el uso de este tipo de armas ha infringido las normas internacionales sobre el uso de la fuerza, así como la prohibición del uso de la tortura y de otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”. En efecto, las armas tipo Taser, por sus características se prestan fácilmente para cometer abusos. Son portátiles y fáciles de usar, tienen la capacidad de infligir un dolor severo de manera instantánea con sólo pulsar un botón, y no deja marcas importantes. Más aún cuando la tortura y los apremios son prácticas rutinarias que nunca terminaron de ponerse en crisis en Argentina.

Amnistía Internacional además ha constatado que las pistolas suelen emplearse contra personas que no representan una amenaza real para sí mismas ni para terceros (niños, personas con trastornos mentales o intoxicados, o presuntos delincuentes o contraventores desarmados que huyen del lugar donde tuvo lugar la contravención o el delito de muy poca importancia y que no cumplen inmediatamente la orden de que se detengan) o directamente contra personas que ya están en custodia o control policial, es decir, que fueron reducidas. De modo que su función no es tanto la neutralización o paralización sino generar docilidad y, sobre todo, infligir un castigo extra. La bronca del policía, su venganza, se mide en el tiempo de exposición a la corriente eléctrica. 

Las empresas encargadas de comercializarlas afirman en sus anuncios que no son armas letales y que, desde el punto de vista médico, son inofensivas si se utilizan adecuadamente. Pero según Amnistía Internacional no se ha demostrado exhaustivamente que las armas sean seguras: “No se ha realizado un estudio riguroso, independiente e imparcial sobre el uso y los efectos de las armas tipo Taser. (…) La opinión médica, por ejemplo de numerosos forenses de Estados Unidos y Canadá, sigue expresando preocupación por los posibles riesgos para la salud derivados de la aplicación de este tipo de armas, especialmente a personas que sufren enfermedades del corazón o que están bajo los efectos de ciertas drogas.”

En definitiva, las pistolas constituyen un dispositivo que, por las características inherentes, resultan susceptibles de ser fácilmente utilizadas en forma abusivas. Tenemos entonces sobradas razones para suponer que las pistolas paralizantes de electrochoques se convertirán rápidamente en un mecanismo de tortura. So pretexto de reducir a una persona le aplicarán dosis de dolor a través de pasajes de electricidad. La técnica no es inocente. Su sentido se averigua en las rutinas donde se inscribe. Cuando el uso de la fuerza letal y no letal en las policías se encuentra al orden del día, cuando la discrecionalidad policial no es objeto de contralores externos ni judiciales, entonces tenemos motivos suficientes para estar preocupados.

*Docente e investigador de la UNQ y la UNLP. Autor de Temor y Control. Miembro de la Campaña Nacional Contra la Violencia Institucional y del CIAJ (Colectivo de Investigación y Acción Jurídica), organismo de ddhh de la ciudad de La Plata.