La política represiva del radicalismo en Mendoza: “Más que represiones son cacerías”

Por Diego Moneta

El 29 de septiembre de 2019 Rodolfo Suárez, candidato del Frente Cambia Mendoza, ganó las elecciones generales y se convirtió en gobernador. Suárez sería la continuidad de Alfredo Cornejo, su antecesor, por varias razones. Primero, partidaria, por la pertenencia de ambos al radicalismo. Segundo, ideológica, por las políticas impulsadas. Por último, la connivencia de los medios de comunicación hegemónicos de la provincia.

En el plano de las políticas la evidencia es clara desde su asunción en diciembre. Uno de sus primeros proyectos fue la reforma de la ley 7.722, que limitaba el uso de sustancias químicas en las explotaciones mineras para evitar la contaminación del agua. Al finalizar la masiva marcha que hubo en protesta, efectivos policiales reprimieron con balas de goma y gases lacrimógenos, a pesar de la presencia de menores. El gobierno provincial se excusó en que varios policías terminaron heridos y las reformas finalmente fueron derogadas.

En la Ciudad de Mendoza los trabajadores municipales, a lo largo de más de un mes de reclamos, fueron reprimidos por las fuerzas provinciales, lo que demostró el aval del intendente Ulpiano Suárez, sobrino del gobernador. La falta de pago de los bonos por ser personal esencial, el desdoblamiento del aguinaldo y los sueldos precarizados eran algunas de las causas. La única respuesta fue la detención y la imputación con orden de captura y prisión domiciliaria de 40 trabajadores, incluyendo dirigentes gremiales y un periodista de La Mosquitera que cubría los acontecimientos. La represión fue justificada a través de redes sociales por Luz Faingold, directora de Derechos Humanos de la provincia.

En septiembre la situación volvió a repetirse. El reclamo de un grupo de jóvenes que pedía la apertura del parque de skate terminó con decenas de heridos y detenidos. Tras conocer la noticia de que los afectados iban a iniciar acciones contra la Municipalidad, el intendente Suárez informó que se revisaría la actuación de los preventores.

En el mismo mes, distintas movilizaciones lograron postergar para el año que viene la reforma de la Ley Provincial de Educación propuesta de manera inconsulta por el gobernador. El proyecto, iniciado en la época de Cornejo, atentaba contra la estabilidad de los cargos docentes, no garantizaba la educación artística ni sexual integral y apuntaba a darle más peso a la virtualidad. Mientras tanto, los trabajadores no son convocados para discutir paritarias desde el año pasado y el presupuesto educativo está por debajo del porcentaje mínimo establecido por ley.

En diálogo con Agencia Paco Urondo, la histórica dirigente provincial Raquel Blas, integrante del Sindicato de Trabajadores Estatales Autoconvocados (SITEA), analizó la política de ajuste y represión del gobernador radical mendocino.

Agencia Paco Urondo: ¿Con la asunción de Rodolfo Suárez hubo un cambio o una profundización de las políticas que venía aplicando Alfredo Cornejo?

Raquel Blas: Las prácticas represivas han sido y son permanentes. La política represiva que inauguró Cornejo fue muy simbólica. El primer hecho importante fue cuando Mauricio Macri anunció los primeros despidos en el Estado Nacional y hubo una movilización de estatales que terminó con muchos dirigentes imputados. En línea con este proceso, y ya cuando asumió Suarez, fueron condenados. Cornejo prácticamente no tuvo conflicto para aplicar el ajuste, salvo escasas excepciones. Hubo cierto acompañamiento de las dirigencias sindicales de la provincia. De su época nos quedó no sólo el sistema represivo sino un sistema de paritarias que dejó los salarios recortados en un 40%. Llegamos a este punto de la pandemia con un sistema de salud destruido, con más de 3.000 trabajadores precarizados, cobrando salarios de $20.000 y con prestaciones de trabajo en negro.

La llegada de Rodolfo Suarez ha agrandado el esquema represivo. Cada movilización o paro ha significado imputaciones con causas que siguen abiertas. A esto hay que agregarle el Código Contravencional, que fue hace que cada vez que un grupo no cercano al gobierno se moviliza se terminen aplicando multas y desalojos. La doble vara es clara porque el intento policial de controlar y evitar que se realice una movilización no sucede con grupos afines, como son las marchas anticuarentena.

APU: ¿Cuáles fueron los casos de represión policial que más resaltaron?

RB: Tuvimos un caso muy concreto con los trabajadores municipales de la Ciudad de Mendoza, cuyo intendente, Ulpiano Suárez, ha sido secretario de Modernización de Cornejo. Se estaba desarrollando una protesta pacífica, que ante la falta de respuestas hizo que los compañeros llegasen a encadenarse. Se produjo un violento desalojo, en donde se llevaron presos a todos, incluido un periodista de un medio alternativo. Tuvimos que movilizarnos para que recuperaran su libertad.

Después, la represión que se desató cuando fue la lucha por la ley 7722. Ante las movilizaciones masivas del pueblo en contra de la reforma, que Suarez había arreglado votar en la Legislatura con el Partido Justicialista, hubo una cacería de manifestantes.

Ha habido represiones durante las protestas frente al Consulado chileno. Más que represiones son cacerías. Ahí pudimos ver a Roberto Munives, Jefe de la Policía de la provincia, pateando manifestantes y sigue en el cargo. Se han modificado artículos del Código Contravencional para agravarlo, introduciendo ítems que tienen que ver con, por ejemplo, no poder hablar de la pandemia. Esto ha hecho que muchos jefes de servicios intensivos sean separados de su cargo por denunciar la falta de recursos y el hacinamiento.

APU: ¿Hay directamente una política represiva instalada desde la Gobernación, que es justificada por la Directora de Derechos Humanos?

RB: La política represiva sigue intacta, el hostigamiento policial y los controles permanentes continúan. Siempre cuando se movilizan trabajadores y no en marchas anticuarentena. Los trabajadores seguimos luchando pero muchos enfrentamos procesos judiciales. La protesta se ha judicializado de una manera impresionante, pero seguimos tratando de organizarnos porque el conflicto crece en todos los sectores. Se profundiza la política represiva para poder aplicar un brutal plan de ajuste sobre todo el pueblo trabajador.