“Si quienes perdimos a un ser querido en un hecho de violencia pedimos la Ley del Talión nos equivocamos fiero”

Por Raquel y Jorge Witis

Deseamos  salir de este clima fabricado con criterios muy malintencionados por parte de opinadores varios y formadores de opinión, y en el que quedan involucradas personas de buena fe mezclando peras con manzanas. Ya hemos enfrentado con nuestra postura el cuestionamiento de muchos de nuestros pares, familiares de víctimas, pero parafraseando a Walsh nos toca hacer lo posible por testimoniar en momentos difíciles y separar la paja del trigo.

Prisión domiciliaria es prisión. Estará contemplada para los grupos de riesgo respecto al contagio del covid 19, excluyendo a los imputados por delitos graves y gravísimos. Usarán la pulsera o tobillera electrónica como medida de control y una vez concluida la pandemia volverán a la condición anterior, es decir a la unidad penitenciaria. Si hay una condena firme ésta debe cumplirse.

En cárceles superpobladas es imposible elaborar estrategias de prevención del covid 19, es imposible guardar las distancias recomendadas por OMS, y si sumamos la falta de hospitales carcelarios tendremos la certeza de una multiplicación exponencial de la enfermedad que afectaría a internos y al personal que allí trabaje con el consiguiente riesgo de transmisión hacia las respectivas familias. Esto implicaría el colapso del sistema de salud de la Pcia. de Bs. As. que seguramente no podrá atender ni resolver esta demanda, sobre todo teniendo en cuenta el abandono de los últimos cuatro años de macrismo  que pulverizó los recursos de los hospitales públicos. 

Quien dispone las condiciones de detención, de morigeración o de libertad es el Poder Judicial. Si alguien quiere reclamar allí es donde deberá golpear la puerta, presentar los recursos o cuestionamientos que considere pertinentes. 

El Poder Ejecutivo, como señala el Presidente Alberto Fernández que es profesor de la Facultad de Derecho y Abogado, no tiene injerencia en la cuestión. Pero sí el estado está obligado a garantizar los derechos consagrados en la Constitución y pactos Internacionales que nos conciernen a todos, incluidos los que están privados de su libertad.

Tenemos muy claro que con un poder judicial anquilosado, clasista y patriarcal, un servicio penitenciario poco consustanciado con valores democráticos y alejado del deber de cuidado, distan mucho del ideal de justicia, así como también que las cárceles adolecen de problemas estructurales de larga data, agravados por el endurecimiento de la legislación, desde Blumberg para acá, que potenciaron el encierro preventivo y agravaron las penas generando el hacinamiento en las unidades penitenciarias y en comisarías. En muchos discursos la línea que separa la razón de la emoción no existe y a eso alude el título de nuestra columna.

Si quienes hemos perdido un ser querido o alguien cercano en un suceso de violencia, pensamos en la Ley del Talión como paradigma de justicia nos equivocamos fiero. Lo hemos dicho mil veces y lo repetimos, los discursos sociales punitivistas son un bumerán que nos devuelve los golpes e incluso incrementa la virulencia de los delitos, si todo “delincuente” pierde la categoría de persona nos remontamos a las épocas más oscuras de la humanidad.

 Mantener el estado actual de hacinamiento en unidades penitenciarias, en esta pandemia, es condenar a la pena de muerte a todos los que allí se encuentren y esa pena no existe en el sistema legal argentino, amén de que muchos internos pudieran ya haber completado preventivamente la pena en expectativa respecto al delito que se les imputa.