Cambiemos: el represor que pidió salir de la cárcel para fiscalizar para Macri

Por Nicolás Lovaisa *

Desde su celda en la cárcel de Las Flores, donde cumple una condena a 21 años de prisión por crímenes de lesa humanidad, Víctor Hermes Brusa rubricó un escrito para convertirse en fiscal de Cambiemos en el balotaje que se llevará a cabo el próximo domingo.

Su pedido, tal como se preveía, fue rechazado por el fiscal federal con competencia electoral, Walter Rodríguez, y está ahora en el juzgado federal de Reinaldo Rodríguez.

La presentación de Brusa, un represor de la dictadura que intenta fiscalizar una elección en democracia, sólo puede leerse como una provocación por parte de alguien que conoce la ley y sabía que su iniciativa no encontraría una respuesta positiva, ya que debía hacerlo con diez días de antelación y que, además, en su condición de condenado por crímenes de lesa humanidad, no puede ejercer ninguno de los derechos que hacen al Régimen Electoral, entre ellos, por supuesto, fiscalizar un comicio.

El intento de quien presenciaba sesiones de tortura en los centros clandestinos de detención durante la última dictadura tiene una carga simbólica indisimulable si se la pone en contexto: el apoyo público que Cambiemos recibió de parte de Cecilia Pando, la militante pro represores; las pintadas que aparecieron esta mañana, en la Mansión Seré, en cuyo frente puede leerse “el 22 se termina el curro” y la certeza de los abogados de genocidas de que un triunfo de Mauricio Macri traerá “vientos de cambio”, “ráfagas de optimismo” y “llamas de esperanza”.

El partido Cambiemos no avaló la presentación de Brusa como uno de sus fiscales, aunque en una elección en la que sólo habrá dos opciones, Brusa ya eligió y quiso ser fiscal de esa agrupación política y no del Frente Para la Victoria.

¿Quién es Brusa?

En el fallo de la denominada “causa Brusa” los jueces consideraron probado que Brusa ingresaba a centros clandestinos de detención “invocando ser Secretario del Juzgado Federal a cargo del Dr. Mántaras” y que luego de esa presentación “apremió ilegalmente a las víctimas con el fin de obtener las declaraciones necesarias para las causas judiciales”. “Para obtener su cometido y las firmas necesarias en las actas no sólo se negaba a tomar las denuncias de torturas de las víctimas, sino que las amenazaba con volver a ellas”, agregaron.

Además, el expediente sostiene que la presencia de Brusa, como representante de la justicia, “producía el primer desmoronamiento psíquico de los detenidos al comprobar que la presencia de una autoridad judicial no era más que la de otro integrante del plan de destrucción”.

Ya en democracia, el 9 de noviembre de 1997, Brusa conducía su lancha por la Laguna Setúbal y atropelló al guardavida Miguel Pedernera. Lejos de detenerse para socorrerlo, decidió seguir. Ese día comenzó su final. “Pedernera fue rescatado dos metros debajo del agua, con el cráneo fracturado. Con la misma velocidad con que le pasó por encima, la lancha que lo atropelló siguió de largo. El conductor, dijeron testigos, era un hombre que se parecía al entonces juez Víctor Brusa, el mismo que figura en los registros de la Conadep como cómplice de torturas durante la dictadura”, publicó Página 12 en aquellos días.

Brusa se convirtió en el primer juez destituido por el Consejo de la Magistratura, que lo encontró culpable de cuatro cargos. En primer lugar, de “haber instigado al personal de Prefectura Naval para que lo desincrimine de los hechos”, y de haber omitido “tomar las medidas pertinentes, ya que al conocer el accidente a escasos minutos del mismo no actuó con la premura profesional que correspondía”. “Su única preocupación fue librarse de su responsabilidad”, enfatizaron los jueces en la sentencia.

* Radio Nacional de Santa Fe