Presentan informe sobre responsabilidad empresarial en la dictadura

La sala “Emilio Mignone” de la sede porteña de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), en Ayacucho 555 de la Capital Federal, será desde las 19 horas de esta tarde escenario para la presentación de un informe sobre Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad elaborado por investigadores pertenecientes al programa “Verdad y Justicia” del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, su Secretaría de Derechos Humanos, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el área de Economía y Tecnología de la Facultad anfitriona.

El informe, que consta de dos extensos tomos y demandó más de un año y medio de trabajo, incluye fuentes inéditas y archivos no muy explorados hasta el momento. Su objetivo es colaborar con la tarea judicial en cada uno de los veinticinco casos estudiados de empresas comprometidas, seleccionadas entre muchas otras por su diversificación de rubros y actividades de incumbencia, haber sido apuntadas por las fuerzas de la represión como relevantes para sus planes y representar a distintas regiones geográficas del país.

En todas las firmas se verificó participación o complicidad de sus propietarios o directivos con crímenes de lesa humanidad de los que resultaron víctimas sus trabajadores, y en algunas se registró la existencia de Centros Clandestinos de Detención (CCD) en sus propios predios.

En la provincia de Buenos Aires, el informe repasa los casos emblemáticos de las firmas Ford, Mercedes Benz, Dálmine- Siderca, Astrasa y Mestrina, Loma Negra, Astilleros Río de la Plata, Propulsora Siderúrgica, Petroquímica Sudamericana, Swift, Lozadur y Cattáneo, Alpargatas, Molinos Río de la Plata y La Nueva Provincia, que el último miércoles 25 de noviembre vio cómo un Tribunal comenzaba a hacer justicia por los casos de sus dos obreros gráficos asesinados por su militancia sindical y le ordenaba desmentir en sus páginas las operaciones psicológicas con que en 1976 encubrió los secuestros y homicidios de nueve personas. La investigadora Belén Zapata, que tuvo a su cargo el estudio de este caso, llegó a entrevistar al director del diario y actual dueño de la empresa, Vicente Massot, quien contestó con evasivas y contradicciones a sus preguntas sobre los homicidios de los delegados gremiales.

En Jujuy, el informe examina lo ocurrido en el Ingenio Ledesma y la Minera Aguilar, en Salta los casos de La Veloz del Norte, en Corrientes se centra en la productora de yerba mate Las Marías, en Santa Fe repasa los hechos vinculados a Acindar, en Córdoba los registrados en torno a FIAT y en Tucumán focaliza en los ingenios Concepción y La Fronterita y Grafa y Grafanor. Cada una de las empresas encuentra un capítulo propio y desarrollado en el informe.

Del panel de presentación del trabajo participarán el secretario de Derechos Humanos de la Nación Martín Fresneda, los investigadores Eduardo Basualdo y Elizabeth Gómez Alcorta y el periodista y presidente del CELS Horacio Verbitsky, cuya última columna dominical estuvo centrada en el tema y aportó un primer adelanto de lo que esta tarde se abordará: la necesidad de la búsqueda de un nuevo concepto para definir la participación empresaria en delitos de lesa humanidad, que excede la complicidad y requiere hablar de responsabilidad en lo ocurrido.

Foto 1: Tapa del primer tomo del informe.

Foto 2, tomada por Luis Salomón: lámina colocada por organismos de derechos humanos de Bahía Blanca en el acto que acompañó a la sentencia contra veintidós represores, el 25 de noviembre pasado.