Bahía Blanca: el SPB deberá permitir el ingreso de fiscales federales a las cárceles

El juez federal Alejo Ramos Padilla, que cierra con importantes decisiones su paso por Bahía Blanca, resolvió el lunes 28 hacer lugar a una acción de amparo solicitada por los fiscales federales Miguel Palazzani y José Nebbia contra el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), que el 3 de septiembre último les impidió el ingreso a la Unidad Penal 4 de la Villa Floresta bahiense para una inspección de rutina.

El hecho ocurrió cuando los fiscales se presentaron en el establecimiento provincial en el marco de una inspección ordenada por el fiscal general Alejandro Cantaro, que oficia como coordinador de distrito, en cumplimiento de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal, que expresamente obliga a los fiscales a “concurrir periódicamente a las cárceles y otros lugares de detención, transitoria o permanente” a los efectos de controlar las condiciones de detención de las personas allí alojadas.

El director de la Unidad, el prefecto mayor Carlos Brunetti, los derivó entonces al Jefe del Complejo Penitenciario Zona Sur del SPB, el también prefecto mayor Hugo Gauna, quien impidió a los fiscales Palazzani y Nebbia el ingreso a la cárcel argumentando que se trataba de un establecimiento provincial y no federal, en una reescritura  de la ley invocada, que no traza tal distinción ni autoriza a ello. Además, Gauna se negó a suscribir el acta labrada entonces. Nebbia ya había sufrido la misma interpretación de la ley poco antes, cuando concurrió a la misma Unidad Penal en el marco de un trámite de hábeas corpus en favor de una interna que padece HIV y Brunetti lo invitó a retirarse por carecer, a su criterio, de jurisdicción sobre el penal.

La resolución de Ramos Padilla comparte la lectura que los fiscales hacen de la Ley Orgánica que regula sus funciones, por lo que el fallo del juez podría sentar un precedente nacional favorable para la inspección de establecimientos provinciales por la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) que el mismo Palazzani encabeza.

En su escrito, el magistrado también adhirió a otro de los argumentos brindados por los amparistas: que las inspecciones como la obstaculizada tienen por objeto asegurar la protección de derechos humanos y garantías constitucionales en las cárceles, por cuya vigencia es responsable ante el mundo el Estado nacional, con independencia de la jurisdicción que se encuentre administrativamente a cargo de la dependencia en cuestión.

Por todo ello, Ramos Padilla decidió hacer lugar a la acción de amparo y ordenó a las autoridades correspondientes que permitan el acceso “sin restricciones” de los representantes del Ministerio Público Fiscal a “las unidades carcelarias” del SPB, por lo que su resolución tendrá vigencia en todas ellas. En la demanda, el gobierno bonaerense estuvo representado por el abogado José Luis Centurión, cercano a Néstor Montezanti, el suspendido camarista que transita un receso estival en su jury de enjuiciamiento y está acusado de haber integrado la Triple A y los servicios de inteligencia de la última dictadura cívico militar.