Se viene la reforma judicial de Macri
Por Redacción APU
En la próximas semanas desde Cambiemos se enviara al Congreso una serie de leyes y reformas que buscarán una redistribución de las competencias de la Justicia Federal. Parte del proyecto legislativo que se enviara al Congreso tiene como objetivo la creación de un nuevo fuero “anti-narcotráfico ” que intervendría sobre las competencias de la Justicia Federal y parte de la Justicia Porteña.
Esta nueva cámara judicial tendría similitudes de competencia con el viejo fuero “antisubversivo” creado en 1971 en la dictadura de Agustin Lanusse. El denominado “Camarón” o “Cámara del Terror” funcionaba en Capital Federal pero tenía competencia sobre causas en todo el país. En sus investigaciones fueron denunciadas torturas y el fuero fue disuelto finalmente en 1973.
La creación de la nueva justicia contra el narcotráfico, ideada desde Cambiemos, implicaría una avanzada política del batallón judicial macrista sobre tribunales de Comodoro Py. Esta reforma implicaría que muchas de las causas donde intervendrían jueces federales como Ariel Lijo, Daniel Rafecas, Claudio Bonadío y María Servini de Cubría, ahora pasarán a disposición del nuevo fuero. El proyecto tiene un perfil similar aquel impulsado por el ex ministro de Justicia, Gustavo Béliz en 2004, en la presidencia de Néstor Kirchner. Pero el Plan Estratégico de Justicia y Seguridad de Béliz no llegó a buen puerto. En su momento el diario La Nación acusó al plan de querer "licuar el poder de los jueces federales porteños."
La interna dentro de la justicia macrista, entre los operadores judiciales “halcones”: Daniel “el Tano” Angelici y Fabián “Pepín” Simón Rodríguez también se derivó a un enfrentamiento contra la línea de “palomas” del Ministro de Justicia, German Garavano. La disputa entre estos tres continúa acrecentando tensiones. Sin embargo la creación del nuevo fuero significaría un desembarco que podría beneficiar a los tres. La creación de la nueva cámara judicial haría funcionar a una justicia hecha a imagen y semejanza del macrismo, interviniendo sobre causas federales en todo el país.
La reforma judicial haría que jueces nacidos y formados en CABA dejen de tener competencias sobre delitos comunes, como “hurtos” y “robos” y pasen a tener competencias sobre delitos de alta complejidad sobre los cuales no tuvieron competencia. El proyecto legislativo limitaría la influencia y el poder de gran parte de los jueces federales que perderían causas en temas sensibles como asociación ilícita, trata de personas, lavado de dinero y narcotráfico.
Los alcances del proyecto podrían llevar a un fuerte conflicto entre el Poder Ejecutivo Nacional con las provincias. Los gobernadores de las provincias podrían ver en la creación de “una nueva justicia”, una vulneración de los principios federales.
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