Se agravan las condiciones de detención de Milagro Sala

Por Diego Kenis

Mientras el junio jujeño se acerca al invierno con temperaturas cercanas al cero, Milagro Sala debe bañarse con agua helada en el Penal de Mujeres de Alto Comedero donde desde hace casi cinco meses se encuentra detenida a instancias del fiscal de Estado que responde a Gerardo Morales y por disposición de una Justicia cuya Suprema Corte fue moldeada a su antojo por el gobernador radical.

La denuncia se desprende de un comunicado emitido el domingo 5 por la organización Túpac Amaru, desde cuya dirección Sala edificó un formidable trabajo social y político en el norte argentino durante la década que precedió a su detención. El documento indica que la referente y otras internas permanecen “desde hace más de 25 días sin agua caliente en el establecimiento que tampoco cuenta con calefacción de ningún tipo”, mientras se impide “el ingreso de ropa de abrigo para las detenidas por parte de sus familiares”.

“En la Comisaría de Mujeres, en donde en forma irregular se encuentran detenidas hace más de un mes las compañeras de la Túpac Amaru María Molina y Jesús Elba Galarza, desde hace más de 20 días tampoco hay agua caliente. Pese a las bajas temperaturas deben bañarse con agua helada”, amplía el comunicado de la Túpac Amaru.

Los hechos conforman un recrudecimiento de las condiciones en que Sala se encuentra detenida, en forma ilegal según dictaminó la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin). El organismo, que controla los abusos de poder por parte del Estado, consideró para ello la violación de los fueros parlamentarios de los que Sala goza como miembro del Parlasur. El dictamen fue desoído por el Ejecutivo y la Justicia provinciales y los principales medios de comunicación, por lo que Sala no pudo jurar el cargo y el gobierno acentuó el papelón institucional.

“En este estado de situación, el Presidente Mauricio Macri y su ministro de Justicia Germán Garavano son responsables frente a la comunidad internacional por permitir la violación de los estándares mínimos respecto a las condiciones de detención de personas privadas de su libertad”, dice el documento de la Túpac Amaru, que circula conceptos vertidos en un recurso de hábeas corpus elevado el viernes por Elizabeth Gómez Alcorta, abogada defensora de Sala.

Desde la organización entienden que “Morales y Macri toman revancha” por las convocatorias lanzadas por la organización, que incluyen una edición de su Congreso Nacional y un Encuentro Nacional de los Comités por la Liberación de Milagro Sala, que se concretará el sábado 11 en Jujuy. Desde que se produjeron esas convocatorias, dicen desde la Túpac, se suspendió la provisión de agua caliente y se incrementaron “las requisas y los maltratos del personal del penal a familiares y amigos de las detenidas”, a quienes  “no les permiten entrar ni siquiera ropa de abrigo para las internas en un penal que no cuenta con calefacción de ninguna índole”.

No es la primera situación irregular que le toca vivir a Sala desde que fue detenida en enero último. A su ilegítima detención se sumaron los métodos utilizados para la búsqueda de pruebas que rellenen las imputaciones, lo que incluyó allanamientos nocturnos que el Código Procesal Penal prohíbe expresamente y los apremios sobre testigos, denunciados por la defensa de Sala.

La dirigente social vio obstaculizado incluso el ejercicio de su derecho de defensa, ya que comenzaron a llover denuncias contra los letrados que la patrocinaron. Como informó AGENCIA PACO URONDO, el abogado Luis Paz fue imputado por presuntas “amenazas coactivas” sobre una testigo que formuló la denuncia tras haber sufrido una crisis nerviosa en su declaración y luego de ser retenida durante más de siete horas en las oficinas del magistrado interviniente, sin que se permitiera el acceso de Paz ni de sus pares defensores. Su colega Gómez Alcorta, en tanto, fue denunciada a mediados de mayo por dos jueces del tribunal interviniente por la arcaica figura de “usurpación de títulos y honores”, en razón de que habría ejercido profesionalmente en Jujuy sin estar autorizada para ello. Sin embargo, el mismo día de la denuncia el Movimiento de Profesionales para los Pueblos hizo saber que la abogada tenía asignada la fecha del 13 de junio próximo para jurar su matrícula federal para intervenir en el interior, contando con un aval de la Cámara de San Martín para actuar en situaciones de urgencia en cualquier jurisdicción.

El caso de Milagro Sala no sólo ha motivado las convocatorias nacionales que enfurecieron a Morales, y que incluyeron el pedido por la libertad de la dirigente en la marcha “Ni una menos”, sino que llegó a concentrar el interés de la comunidad internacional. A los planteos en tal sentido en la órbita del Parlasur que Sala debería estar integrando se han agregado audiencias europeas como la que el 12 de mayo promovió en Roma la diputada italiana Giovanna Martelli o las comunicaciones que más de medio centenar de abogados argentinos especializados en derechos humanos remitieron a las Naciones Unidas para denunciar el hostigamiento a los defensores de Sala. Cada día que pasa, el Estado argentino compromete más su responsabilidad ante el mundo por la afrenta a los derechos humanos y las garantías individuales que admite contra la dirigente social, que padece además la estigmatización mediática pero no se rinde: su último mensaje, escrito en lápiz y enviado a través de Gabriel Mariotto, dice que “me quitaron la libertad, pero no los pensamientos revolucionarios”.

“Esta situación de ensañamiento hacia nuestra dirigente ha llevado a que Milagro esté evaluando iniciar una huelga de hambre con otras internas a partir de la semana que viene para reclamar por esta situación y para exigir la eliminación de las celdas de castigo” que padecen, puntualizó el documento emitido por la Túpac Amaru este domingo 5. Las celdas de castigo fueron eliminadas incluso del penal de Villa Devoto, a instancias de la Procuvin y por orden judicial. En Jujuy todavía se consiguen.