El combate a la corrupción merece un debate responsable

Por Jorge Milton Capitanich
    
Cada vez que aparece un caso de corrupción se pretende maximizarlo o minimizarlo en la opinión pública según a que bando pertenezca el acusado, a que grupo mediático concentrado le interesa y cuál es la finalidad que se persigue.

Es hora de hablar en serio de un modo integral y sistémico.

El mundo posee dos grandes corruptores: la industria armamentista y el sistema financiero. Ambos condicionan la política, por ende la libertad, la igualdad y la fraternidad en la vida de la humanidad.

Hoy la desigualdad social, esto es, injusticia social es pavorosa. Solamente 62 ricos poseen la misma riqueza que 3500 M de pobres en el mundo. Hay 871 M de hambrientos. Miles de migrantes sin destino, muchos de los cuales mueren en el Mar Mediterráneo intentando un nuevo destino.

Pero estos datos pavorosos contrastan con los 300.000 M de dólares que moviliza el narcotráfico, o los 240 Billones de dólares de derivados financieros sin respaldo que pululan en el mundo engendrando una nueva crisis. O quizás con perplejidad observamos la existencia de 30 Billones de dólares en paraísos fiscales protegidos por los países más desarrollados del planeta producto de la evasión fiscal, la corrupción, la venta ilegal de armas o el narcotráfico.

“Todo está podrido en Dinamarca”.

Los grupos terroristas necesitan armas, la obtienen con venta ilegal de petróleo que necesitan blanquearse en el sistema financiero. Sin el sistema financiero que promueva el blanqueo del dinero “en negro” esto resultaría técnicamente imposible. Venta ilegal de armas, narcotráfico, operaciones de inteligencia criminales de servicios secretos dispersos por el mundo forman parte de la nueva modalidad de interacción de un sistema esencialmente corrupto.

El financiamiento ilegal de las campañas políticas promovidas por grupos de poder condiciona severamente el surgimiento de alternativas contra el neoliberalismo que hoy constituye un discurso hegemónico a nivel mundial. El trazo grueso o fino de las políticas públicas implica estar “dentro” o “fuera” del mundo. Cualquier decisión alternativa conspira contra estos intereses.

Hoy el “caso López” pone en la palestra la corrupción como antes lo fueron los casos de Lázaro Báez, Jaime, PanamaPapers que involucra al Presidente Macri, a Grindeti y cuántos otros de sus funcionarios  o  el dólar futuro que beneficia a los actuales funcionarios del gobierno, entre otras cuestiones.

Pero volvamos al principio. El problema es integral y sistémico, lo cual implica la ejecución de reformas estructurales.

Por eso es detestable la corrupción, pues afecta no solamente la credibilidad de la política como herramienta de transformación social sino la misma como vocación de servicio. Quienes abrazamos la política como vocación de servicio nos vemos perjudicados severamente porque pagamos justos por pecadores.

La lucha contra la corrupción debe ser colectiva no individual. Promover a alguien como adalid de la lucha impide ir al fondo de la cuestión. “Mano pulite”, “lava jato” y otros rimbombantes nombres en el mundo no cambian estructuralmente el sistema y encubren la verdadera corrupción.

Que un funcionario robe es deleznable, pero alguien le paga y forma parte de una cadena de responsabilidades que debe y merece ser investigada a fondo.

Es necesario investigar a fondo en la República Argentina la fuga de capitales. Se dice que entre 180.000 hasta 400.000 M de dólares son los activos financieros en moneda extranjera en el exterior o “debajo del colchón” que poseen algunos de nuestros compatriotas que no son ni trabajadores ni pobres, son miembros de una élite que critica la corrupción y la pobreza pero que la consiente con sus actos.

Es preciso investigar profundamente la existencia de casi 750.000 cajas de seguridad en el sistema financiero que esconden bienes, joyas de alto valor o moneda extranjera (se estima en 75000 M de dólares).

¿Cómo se puede hacer?  Simplemente efectuando el cruzamiento de declaraciones juradas con paraísos fiscales y convenios bilaterales tributarios con 48 países que tiene la República Argentina para saber si efectivamente tienen o no declarados depósitos.

También cruzar los datos de propietarios de cajas de seguridad con contribuyentes para efectuar intimaciones que impliquen la presentación de declaraciones juradas espontáneas o permitir la verificación de las mismas.

Nadie se puede excusar en la frase “no confío en los gobiernos” para eludir o evadir tributos o lavar activos financieros.

¿Hasta cuándo permitiremos que funcionarios públicos tengan depósitos en el exterior y que defiendan su posición sin sonrojarse?

Porqué razón es “políticamente correcto” aceptar la fuga de capitales, depósitos en paraísos fiscales, evasión fiscal y lavado de activos financieros cuando esto involucre a empresarios ricos y famosos o a ladrones de “guantes blancos” y se condena por anticipado “supuestos hechos de corrupción no probados” en dirigentes sociales y/o políticos mediante operaciones de prensa. Acaso el escándalo de los “Panamá Papers”, o los 4044 M de dólares del HSBC no merece condena o repudio social, del mismo modo que la “fuga de capitales” de 4000 M de dólares del último semestre.

¡Basta de hipocresía!

No podemos aceptar las generalizaciones. No todos los políticos somos corruptos, tampoco todos los jueces, ni tampoco todos los periodistas ni mucho menos todos los argentinos.

Pero sí es cierto que existen jueces corruptos, periodistas corruptos, medios de comunicación extorsionadores y estafadores de la moral pública y políticos corruptos que por rara casualidad no tienen causas en su haber pero que es “vox populi” su nivel de vida.

En la República Argentina  existe un sistema de corrupción perverso en donde abogados inescrupulosos actúan como denunciantes profesionales pagados por grupos económicos y/o corporaciones y arreglados con fiscales y/o jueces para atacar y denigrar políticamente a opositores empleando la “teoría de la calesita”. Esta teoría indica que la denuncia se hace en sede judicial, se replica por los medios de comunicación que ponen a disposición su artillería mediática (periodistas profesionales de investigación –generalmente truchos/pocos serios o aliados a servicios de inteligencia) para terminar rematando vía procesamiento la nueva réplica mediática.

No cabe la menor duda que existe un modelo mafioso, de extorsión permanente que pretende la “muerte civil” de políticos opositores. No se necesita “cámara de gas”, no se necesitan “campos de concentración ni de exterminios a la usanza nazi”, no se necesitan asesinatos para el exterminio físico de opositores. Es preferible esta vía que constituye el modo de acallar voces opositores para que ellos sigan saqueando el país.

O acaso no constituye un saqueo al país el ruinoso acuerdo con los fondos buitres o los casi 30000 M de dólares de endeudamiento en 6 meses de gestión?

O acaso no constituye un saqueo al país la derogación por decreto la ley de servicios de comunicación audiovisual o de Argentina digital concentrando en tres grupos el monopolio de voz, imagen, datos y telefonía celular en el país?

O acaso no constituye corrupción lisa y llana la extorsión a medios opositores mediante distintos mecanismos y acciones para comprar o quebrar a quienes no le responden políticamente o sacándolos de pantalla? Telesur y Grupo Indalo es una muestra.

Me pregunto dónde está la SIP cuando esto ocurre. Mira para otro lado. No importa la libertad de expresión cuando se trata de defender intereses concentrados de grupos monopólicos.

La corrupción existe por una serie de factores estructurales que deberían cambiarse de un modo inmediato:

1.1.    El poder judicial debería ser independiente de las presiones corporativas, para lo cual, sus miembros deberían pagar impuesto a las ganancias lo cual constituye un privilegio que impide al estado recaudar 5000 M de pesos por año. También deberían publicar sus declaraciones juradas. Y por último, también tener un escrutinio de su vida pública en forma anual mediante control social de un organismo independiente que permita verificar su nivel de vida. Es la única manera de actuar en forma independiente sin temor al “carpetazo”.

1.2.    También los jueces deberían tener concursos periódicos cada cinco años para evitar la coincidencia de elecciones. Cada quinquenio deben revalidar sus títulos mediante concursos abiertos, claros y transparentes. Así elegimos los jueces en nuestra provincia con excelentes resultados.

1.3.    Las corporaciones mediáticas deben presentar balances separados de cada uno de sus medios sin posibilidad de compensarlos entre sí. Un diario no puede compensar con otro medio y viceversa, pues si un medio posee un financiamiento monopólico garantizado puede desestabilizar a un gobierno o presionar para beneficio de sus propios intereses. El balance separado y la auditoría independiente de universidades públicas o instituciones confiables para publicar sus ingresos, egresos y resultados podrían ser de gran utilidad para la transparencia.

1.4.    También es necesario la presentación de declaraciones juradas de periodistas y de proveedores y contratistas del estado. Todos quienes interactúan con el poder político o con alguno de los poderes públicos deben demostrar fehacientemente sus ingresos y su nivel de vida. Es necesario saber en que gasta cada uno de los servidores públicos de los tres poderes del estado y quienes interactúan con ellos a los efectos de evitar sospechas respecto a la representación de intereses. Todos sabemos que los economistas que aparecen en los medios de comunicación están vinculados a empresarios que les pagan, lo mismo podemos decir de la independencia de los periodistas respecto a sus respectivos medios pues nadie puede opinar en contra de sus propios intereses pero es preciso que la ciudadanía lo tenga en claro. Nadie cuestiona la representación de intereses, sino la forma solapada de ocultarlos como mecanismo sutil de la mentira.

1.5.    La interpelación de los contratistas o proveedores del estado con la transparencia de los actos debe propiciar la transparencia plena de los mismos para verificar exactamente el ingreso de los fondos por parte del estado y su destino en una contabilidad separada de toda otra actividad privada.

1.6.    Establecer límites a los mandatos de Gobernadores en las provincias que no lo tienen, de legisladores nacionales, provinciales, de Intendentes, Concejales. Pero también de sindicalistas y dirigentes empresariales. Porqué razón exigimos renovación de la política y no de la dirigencia sindical, o empresarial que son siempre los mismos desde hace 40 años. La limitación de los mandatos en los clubes, asociaciones civiles y en todas las representaciones populares y/o sociales deben tener plazo máximo de dos períodos de 4 años. Muchos sindicatos y organizaciones empresarias son verdaderos feudos administrados por los mismos dirigentes que a pesar de los años gozan de buena salud.

1.7.    Evaluación psicológica, del entorno social, de las declaraciones juradas y del nivel de vida de los funcionarios del estado en cualquiera de sus niveles. Lamentablemente ocurre que funcionarios de los tres poderes del estado sean adictos, puede ser que tengan vicios ocultos que pueden afectar su gestión o inclusive sufran desequilibrios psiquiátricos que no se perciben y que pueden ser extremadamente dañinos para la función que realizan. Alguna vez fui criticado cuando propuse evaluación psicológica de los candidatos presidenciales pero acaso no existe un examen psicofísico para los trabajadores? Con mucha razón debe haberlo para un funcionario en cualquiera de los poderes públicos.

1.8.    No es menos cierto que quien dirige un país, una provincia o un municipio no puede estar controlando todo el tiempo a todos los funcionarios. Puede exigir antes de su designación certificado de buena conducta, declaración jurada de bienes, CV y durante la gestión debe confiar en el sistema de control interno y externo y en los servicios jurídicos respectivos en virtud de la responsabilidad penal, profesional y civil de sus decisiones. Existen corruptos porque hay corruptores, y éstos son mucho más poderosos que aquellos, esto significa múltiples operaciones personales y/o mediáticas para inclusive eyectar a funcionarios que perjudican a sus intereses.

La corrupción es un drama social de envergadura y muchos los circunscriben a los funcionarios de más alto rango. Son éstos funcionarios los que tienen mayor control pues son conocidos y la ciudadanía ejerce el control directo mediante los medios electrónicos de comunicación (mensajes de texto, fotos, filmaciones) y las redes sociales.

El nivel de vida de figuras públicas y conocidas tiene control social desde un viaje, hasta un hotel, restaurant, adquisición de bienes de distinta naturaleza, viajes o cualquier actividad que ejerza en cualquier lugar del mundo. El problema es de aquellos que no tienen visibilidad pública, aquellos que nadie conoce y que no forman parte de este control.

El cerco a la corrupción se va cerrando en sociedades altamente mediatizadas por el control social respecto al nivel de vida de los funcionarios. Deberían ser iguales para todos los habitantes y ésa será la manera de erradicar la corrupción como hecho cultural.
La obra pública tan cuestionada hoy tiene un sistema de control respecto a la licitación y ejecución de la obra en cuanto a los procedimientos legales. El funcionario de máximo nivel no puede ni debe  saber respecto al  control, la inspección o  la calidad en la ejecución de una obra, para eso están los inspectores de obra. Tampoco puede controlar los circuitos informales que los empresarios generan desde el cumplimiento de la documentación respaldatoria, la inspección y el tiempo de pago. Las licitaciones pueden ser perfectas, pero las inspecciones “pueden ser imperfectas” y esto puede hacer una diferencia en favor del empresario sin conocimiento de la superioridad.

Lo mismo ocurre con la adquisición de bienes respecto al control de calidad y cantidad de los mismos pues el sistema de control es amplio y extendido. La licitación puede ser perfecta pero la “diferencia” puede hacerse con la calidad de los bienes entregados o la cantidad de los mismos. Y esto depende de controles inferiores.
Desterrar la corrupción es una combinación de ética individual, valores compartidos, sistemas de control y modelo de vida. El consumismo extremo de sociedades impregnadas de neoliberalismo destructivo destruyen el sentido del buen vivir, por lo tanto, deberíamos recurrir a la Felicidad Bruta Interna para intentar una nueva modalidad de interacción entre las personas para propender al desarrollo económico sustentable, la conservación del ambiente, el buen gobierno y la sana convivencia.

Finalmente, el financiamiento ilegal de la política es la causa de todos los males. La reforma de la publicidad oficial y el control del financiamiento a los medios de comunicación y a los periodistas implican el refuerzo necesario de la institucionalidad.

Muchas veces se dice que en las campañas políticas se declara mucho menos que lo que se gasta. En las elecciones presidenciales, se declararon 158 M de pesos por candidato como máximo mientras todos hablan de no menos de 600 M de pesos, inclusive algunos de 1000 M de pesos.

¿Que me expliquen cómo hicieron los candidatos para reunir semejante suma de dinero?

¿Porqué un empresario aportará una suma excesiva de dinero sino tiene intereses directos en acciones del estado?

La derogación de la ley 26522 y de la ley de Argentina Digital decretó fácticamente una concentración alevosa de las comunicaciones de voz, imagen, datos y telefonía celular en tres grupos nacionales y extranjeros. ¡Eso es corrupción pura, dura, estructural y alevosa! Pero es de guantes blancos ocultada por los medios que son sus principales tributarios. Nadie se anima a denunciar eso porque no pueden aparecer en los medios.

Definitivamente: para que haya corrupción debe haber corruptores profesionales que van desde profesionales calificados hasta la emisión de facturas apócrifas. Hoy la evasión fiscal en el país es alevosa, lo mismo que el trabajo informal y el incumplimiento de la ley.

Este hecho doloroso, o esta cadena de hechos dolosos y dolorosos deben implicar un punto de inflexión final y definitiva sino solamente servirá para el escarmiento de gobiernos populistas y la domesticación de las ideas para servir fielmente al neoliberalismo.

Tenemos una excelente oportunidad para introducir los cambios estructurales, pues nuestro pueblo con razón asiste impávido frente a estas expresiones sin respuesta. Lo único que sabe es que le falta algo que a otros les sobra.

Esto también debe servir como un “mea culpa” porque no basta con ser honesto y honrado, sino también además de predicar con el ejemplo y exigir conductas extremar los controles y la evaluación periódica de los funcionarios. La tentación está a la vuelta de la esquina y no todos tienen los valores y la fortaleza para evitarla.

Tengo que rendir cuentas a la Justicia Federal por dos causas en donde no se me acusa de actos de corrupción. En la causa Fútbol para Todos por falta de control a la AFA que no corresponde porque se trata de un contrato asociativo para garantizar la gratuidad de la emisión de partidos en todo el país y por la publicidad de la firma IVECO que constituyen beneficios económicos transferidos por la AFA y que durante mi gestión permitió incrementar 57 % los ingresos por ese concepto. Hemos respondido cada punto cuestionado y cuestionamos el fallo judicial por injusto.

Respecto al programa “Sueños Compartidos”, el mismo se ha ejecutado sin sobreprecios, con rendición de cuentas y con la construcción de viviendas, centros de salud y hospitales debidamente acreditados. Es preciso estar a disposición de la Justicia pero estas cuestiones fueron oportunamente aclaradas y en la misma resolución del Juez indica la asignación de 209 M de pesos con detalles que no involucra ni a la provincia ni a las obras realizadas.

Nosotros teníamos capacidad de gestión y metas  de ejecución con control de gestión. No puede ser que hoy se diga que la provincia recibió más de lo que debería para reducir el déficit habitacional cuando aún falta mucho por hacer.

No cabe la menor duda que estamos en presencia del mayor saqueo de la historia en la República Argentina de cara al bicentenario de nuestra patria. Y ante la mayor manipulación mediática del que tenga memoria.

Me pregunto: ¿Alberto Fernández no fue Jefe de Gabinete de Ministros durante 6 años? ¿Y Sergio Massa? ¿Y el actual Ministro de la Corte Rosatti? O cuántos más…. Nadie dice nada de ellos.

Y me pregunto si la Justicia es independiente porque no indagaron ni procesaron a conspicuos dirigentes del fútbol argentino que son operadores del gobierno, ni tampoco al actual Presidente de los Argentinos por “Sueños Compartidos” como Jefe de Gobierno de la Ciudad?

Voy a seguir diciendo lo que pienso y defendiendo mis ideas con convicción. Pero también defiendo mi honorabilidad porque tengo una familia que proteger. No puedo aceptar que los medios de comunicación digan que fuimos procesados por irregularidades en el FPT cuándo no se ha probado ninguna. No puedo aceptar que nos metan en la misma bolsa que otras causas porque ejercemos nuestra vocación con honestidad y honradez.

El pueblo sabe esperar. El pueblo sabe sufrir. Pero la injusticia no será para siempre.

No cabe la menor duda que muchos fallos judiciales son esencialmente políticos. Para amedrentar. Para extorsionar. Para callar voces disidentes. Para impedir la presentación de líderes opositores en elecciones.

Entonces… es la política estúpido! No la justicia!