Vidal: un veto contra la salud bonaerense

Por Redacción APU

La Ley N° 14882 de Promotores Comunitarios en Salud fue sancionada por el Senado y la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires en diciembre de 2016. Ha sido elaborada a partir de la experiencia de años de trabajo interdisciplinario e intersectorial en los cuales se han formado muchos promotores y promotoras a lo largo y ancho del territorio nacional.

La ley tiene como objetivo fortalecer la estrategia de Atención Primaria de la Salud mediante la incorporación de agentes públicos capacitados para tal fin y, de este modo, mejorar el acceso al Sistema de Salud a través del desarrollo de mecanismos de participación popular que respondan a las necesidades de la población. Los Promotores Comunitarios en Salud tienen entre sus responsabilidades la de desarrollar estrategias de prevención y promoción de la salud en el seno de la comunidad atendiendo a sus particularidades, vehiculizar la referencia de la población con el primer nivel de atención, proporcionar cuidados básicos de salud y organizar mesas de gestión locales a fin de promover la participación de la población en la definición de las estrategias a desplegarse en su territorio.

Nicolás Kreplak, ex viceministro de Salud de la Nación, remarcó la importancia de la legislación vetada: “Esta ley es fruto de una reivindicación histórica, que tiene su antecedente central en la Provincia de Buenos Aires en el proyecto Atamdos de Floreal Ferrara (Ministro de Salud de Antonio Cafiero). Los promotores como parte del equipo interdisciplinario de salud son quienes acercan el sistema de salud a la comunidad por ser parte de la misma y, viceversa, facilitan el acceso de la comunidad al sistema, constituyendo un nexo fundamental para garantizar el cuidado de la salud del pueblo”.

Los artículos 6, 7 y 13 vetados por la gobernadora María Eugenia Vidal eran aquellos que permitían el financiamiento de los promotores de salud, definiendo su incorporación en la planta de trabajadores de sanidad de la provincia, reconociendo sus derechos y responsabilidades e integrándolos de esta manera con el resto del equipo de salud. Sin estos artículos, la ley pierde su sentido principal que representa la lucha de miles de promotores y promotoras de salud que hoy cumplen funciones fundamentales dentro de los servicios sin el reconocimiento ni los derechos del resto de los trabajadores. Las razones esgrimidas en el decreto que veta dichos artículos son meramente financieras, argumentando que la Provincia no cuenta con los fondos necesarios para regularizar la situación laboral de 5000 agentes sanitarios. De esta manera, la gobernadora les propone que continúen realizando las tareas de prevención y promoción de la salud sin percibir salario, ni contar con reconocimiento laboral alguno. Una vez más, en el gobierno de la Alianza Cambiemos, se utiliza el veto para recortar derechos reconocidos por el Congreso, desconociendo las instituciones de la democracia y obstaculizando la posibilidad de fortalecer estrategias comunitarias en salud.