Desaparición de Santiago Maldonado: exigen que Gendarmería no tenga acceso a la causa

La CPM presentó hoy un escrito ante el juez federal de Esquel, Guido Otranto, solicitando una serie medidas de prueba y acciones urgentes en el marco de la causa en la que se investiga la desaparición forzada de Santiago Maldonado. En el documento, una vez más se advierte sobre la “significativa gravedad institucional” de lo sucedido. Al mismo tiempo, se expresa que “la única hipótesis cierta y verosímil” es que el hecho se produjo el pasado martes 1 de agosto en el marco de un operativo represivo en la comunidad mapuche Pu Lof y que toda la responsabilidad recae en la Gendarmería.

En este sentido, se le ha solicitado al Juez una serie de medidas de prueba que hasta el momento no han sido realizadas y resultan clave para el avance de la investigación. Entre ellas, que se cite a declarar al comandante Juan Carlos Escola, que estuvo a cargo del operativo, y a todo el personal afectado. Además, se pidió la identificación, secuestro y peritaje de las armas utilizadas durante la represión.

Con el mismo objetivo de agilizar la investigación sobre el reconocimiento de esta principal hipótesis se reclaman también pericias sobre la totalidad de los sistemas de comunicación de Gendarmería y entre los agentes y los funcionarios públicos. Del mismo modo se pide que se investiguen las cámaras de seguridad y videos filmaciones de la zona y que a tal efecto, para garantizar rigurosidad y objetividad, se convoque a un experto de la Universidad Tecnológica Nacional, el Ingeniero Ariel Garbarz.

Protección efectiva de testigos

Por otro lado, la Comisión Provincial por la Memoria también solicita al juez Otranto la protección efectiva de los testigos. Puntualmente pide que se cumpla el Programa de Testigos Protegidos para Ariel Garzi, quien días atrás había declarado en la causa solicitando esta garantía constitucional. Pese a esto, su identidad fue sorpresiva y públicamente revelada la semana pasada por la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich durante su exposición en el Senado de la Nación.

El hecho resulta gravemente alarmante viniendo de una funcionaria pública que no puede ni debe desconocer los mecanismos y procedimientos judiciales y mucho menos la sensibilidad que tiene la investigación en curso que exige el máximo cuidado y respeto de todos los testigos.

Por ese motivo, la CPM solicita que se investigue puntualmente este hecho para establecer las responsabilidades penales y administrativas en que pudo haber incurrido la Ministra o algún otro funcionario del poder ejecutivo o judicial al exponer en los medios de comunicación la identidad reservada de un testigo.

Apartar a Gendarmería del procedimiento

La principal hipótesis de la investigación que lleva adelante el juez Otranto conduce a la hipótesis de la desaparición forzada donde la Gendarmería aparece como principal responsable. Por esa razón, la CPM reclamó que esta fuerza y cualquiera de sus representantes letrados no tengan acceso a información sobre las actuaciones que se realizan en el marco de la causa.

Tal como se explica en el escrito “este acceso representa un serio problema para la investigación objetiva, adecuada y eficaz que debe llevarse a cabo, toda vez que permite que la Gendarmería y los funcionarios que pudieren tener responsabilidad en los hechos graves se investigan, puedan conocer, anticiparse y alterar las medidas de prueba que se solicitan y se disponen”.

Este pedido debe inscribirse en una serie de acciones previas solicitadas por este organismo, como el apartamiento de la Gendarmería de la investigación —que fue resuelto por el Juez—, como así también el retiro de la custodia de gendarmes en la puerta de la comunidad mapuche, recién cumplido hace pocos días.