Maldonado: la fiscalía pidió el cambio de carátula a “desaparición forzada”; debe aceptar el juez

Por Redacción APU

En el marco de la investigación por la desaparición de Santiago Maldonado, ocurrida en la localidad de Cushamen, Chubut, la Fiscalía Federal de Esquel emitió un texto de prensa en el cual informa que “se continúa investigando la desaparición forzada de Santiago Andrés Maldonado, hecho ocurrido el día 1 de agosto del corriente año en el marco de tareas realizadas por Gendarmería Nacional, como así también otras conductas disvaliosas en perjuicio de miembros de la comunidad mapuche Lof en Resistencia Departamento Cushamen, que ocupa el predio en conflicto territorial desde el 15 de marzo de 2015.”

Además, en el texto emitido por los representanes del Ministerio Público Fiscal se afirmó que “se impulsaron medidas tendientes no sólo a determinar las circunstancias concomitantes a su desaparición sino también a la atribución de responsabilidad de las personas que pudieran ser responsables de su desaparición el pasado 1 de agosto. En este contexto, se han ordenado medidas de georreferencia tendientes a ubicar a la víctima y a cada uno de los vehículos que pertenecen a la fuerza preventora.” De esta forma, la fiscal federal Silvina Avila solicitó el cambio de caratula de “NN sobre averiguación de delito” a  “delito de desaparición forzada”. La medida solicitada por la magistrada fortalece la línea de la investigación que responsabiliza a la Gendarmería Nacional en el hecho. 

“Sin perjuicio de ser la hipótesis delictiva inicial de la causa, se solicitó al Juzgado Federal la recaratulación de la causa, que ha quedado registrada como EXPTE FCR 8232/2017 “N.N. s/ desaparición forzada de personas Art. 124 ter del Código Penal”, desarolla el comunicado. 

Además, se ratificó la cooperación “de forma coordinada diversas dependencias de la Procuración General de la Nación. En efecto, actualmente se cuenta con la activa participación del Fiscal General Felix Crous, de la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN), de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia  y de la Dirección General de Orientación, Acompañamiento y Protección a Víctimas (DOVIC), que ha iniciado su intervención de asistencia a los familiares de Santiago Andrés Maldonado”.