La plata sucia de Vidal: "Un caso similar le costó la presidencia a Rajoy en España"

Por Enrique de la Calle

Agencia Paco Urondo: Pasó un mes del comienzo del escándalo por los aportantes truchos en las campañas de Cambiemos en Buenos Aires, en 2015 y 2017. ¿Qué balance se puede hacer de lo que pasó?

Teresa García: Hace 36 días que apareció la primera investigación periodística. La gobernadora María Eugenia Vidal y el presidente Mauricio Macri respondieron sobre el tema en el día 32, si no recuerdo mal. Y brindaron respuestas muy vagas, con falsedades. Vidal dijo que la denuncia la hizo el kirchnerismo, lo cual no es importante, lo que es importante es el valor de la denuncia, si es cierto o no. Después dijo que fueron a la Justicia, lo que es mentira, porque no se presentaron ante los jueces que tienen denuncias sobre el caso. 

Después hablaron sobre la necesidad de una nueva ley de financiamiento de la política. Hay que decir que la ley actual permite que los aportes estén bancarizados. Y además, pide que debe conocerse fehacientemente el nombre del donante. Lo que se está discutiendo no es el sistema, si no que aquellos que aparecen aportando lo niegan. El macrismo presentó un listado de aportantes que niegan haberlo sido. Tienen que responder sobre eso. Si después quieren hacer una nueva ley, que tenga brillantina, luces de colores, que lo hagan. 

APU: ¿Las dudas son sobre las campañas de 2015 y 2017?

TG: Mi denuncia es sobre la campaña de 2017. Comenzó a partir de la investigación del periodista Juan Amorín y la ampliamos a partir de conocer a nuevos engañados, como monotributistas sociales y la enorme cantidad de dirigentes políticos del interior, tanto macristas como radicales, que niegan haber aportado. 

APU: ¿Cuáles delitos pudieron haberse cometido?

TG: Pedí que se investigue la posible comisión del delito de usurpación de identidad, falseamiento de documento público y lavado de activos. En ese caso pedí que se investigue el origen de plata a la campaña del PRO. 

APU: ¿De cuánta plata se está hablando?

TG: No se sabe todavía, no se puede certificar con claridad. Aparecen casos todos los días. Esta semana viajo a Tandil para reunirme con gente que aparece aportando y no lo hizo. La investigación de Amorín consignó 40 millones pero no lo sabemos. No tiene límites. Ahora aparecen otras líneas ligado a esto. Hoy leía que se está mirando a (la senadora nacional macrista) Gladys González porque se sospecha que se pudo desviar plata del SOMU, donde ella fue interventora, a la campaña electoral. De cualquier modo, mi denuncia se reduce al año 2017. 

APU: ¿Cuál es el rol de María Eugenia Vidal? ¿Ella es presidenta del PRO bonaerense?

TG: Le hago la línea de tiempo para que se entienda. En el año 2015, el PRO bonaerense estaba intervenido. La interventora era María Fernanda Inza, la contadora que luego echaron. La responsable financiera de la campaña de 2015 fue la tía abuela de Inza, que tenía 84 años. El partido estaba intervenido porque no tenía la cantidad necesaria de afiliados para presentarse como partido. En 2016, lo regularizan y en 2017 asume Vidal como máxima autoridad del partido. Jorge Macri y Néstor Grindetti asumen como vicepresidentes. La ley dice con claridad que serán las autoridades del partido las sancionadas cuando no puedan dar cuenta del origen de los fondos. 

APU: ¿Por qué este caso se puede comparar con el del ex presidente español Mariano Rajoy, que fue sancionado en ese país y debió dejar la primera magistratura?

TG: El caso español llevó 7 u 8 años de investigación. Pero el corazón del caso es éste: no poder dar cuenta de los aportes de campaña. Le costó a Rajoy la presidencia y también a todas las autoridades del Partido Popular, que fueron inhabilitados. Acá en Argentina tenemos otro caso similar: se sancionó a Miguel del Sel y se lo inhabilitó por un plazo determinado para ejercer cargos públicos. 

APU: ¿Cuál ha sido la respuesta de la Justicia?

TG: Estamos en feria, igualmente fue muy rápida. La presenté el 4 de julio y a la semana siguiente me llamaron para ratificarla. Es un caso que no se puede cajonear porque el año que viene tenemos elecciones.