Lozano: "La única propiedad privada que están defendiendo es la de un grupo empresario que estafó a otros propietarios"

Por Martin Massad y Juan Cruz Guido | Foto Daniela Morán

AGENCIA PACO URONDO: ¿Cómo ve la situación hoy en día, teniendo en cuenta que los directivos de Vicentin están en sus funciones actualmente y que el gobernador Omar Perotti le ha pedido a la justicia que intervenga la empresa?

 Claudio Lozano: Todavía no están en sus funciones porque la decisión que tomó el juez está en suspenso, porque todavía tiene que ser contestada por el gobierno nacional que tiene la posibilidad de apelar lo que el juez del concurso resolvió, así que aún ellos no han reingresado; es decir, hasta ahora sigue estando el juez del concurso y los interventores definidos por el gobierno nacional. Lo que hay es una propuesta nueva por parte del gobernador Omar Perotti que propone que, en lugar de avanzar para tomar control mayoritario por parte del Estado a través de la expropiación, se lo haga en el marco del concurso; en este sentido continuarían funcionando los dos interventores decididos por el Gobierno nacional, más uno que pondría el gobernador Perotti en nombre de la Inspección General de Justicia de Santa Fe más el juez del concurso. Lo que se plantea aquí es que el control mayoritario se dé en el marco del proceso concursal, es decir, que las acreencias que tiene el Estado, ya sea a través de una banca pública, más las acreencias que tiene la AFIP y otros organismos de los Estados provinciales y municipales, más acuerdos con otros acreedores, tomar control mayoritario capitalizando esto en el marco del desarrollo el concurso.

Es una vía distinta, más compleja, larga y riesgosa porque cuando se mira con detalle la cantidad de acreedores que podrían sumarse a la propuesta de tomar control por parte del Estado, y en asociación con los pequeños o medianos productores, es difícil ver que haya más del 40 o 42% del total, ya que el resto son acreedores que son grandes sociedades anónimas, cerealeras trasnacionales o bancos extranjeros. En mi opinión, entonces, es un camino más complicado.

APU: Vicentin le debe al Banco Nación 18.000 millones de pesos y tomó créditos luego de las PASO de 2019, cuando el gobierno de Mauricio Macri empezaba su retirada, sin embargo, le fueron otorgados esos créditos. ¿Hay documentación que avale esos créditos o fue toda una maniobra fraudulenta? ¿Existen las carpetas de crédito?

C. L.: El trámite por el cual Vicentin mantiene el financiamiento con el Banco Nación que son 300 millones de dólares, lo que es igual a 18.500 millones de pesos, es un trámite absolutamente irregular. Vicentin, como cualquier cliente de un banco, debe tener una calificación específica que determina cuál es el límite del crédito al cual puede acceder; ese límite para Vicentin estaba en el orden de los 8300 millones de pesos. Ese límite ya estaba superado desde comienzos del año 2019, en abril estaba vencida la calificación y se le prorrogó la posibilidad de seguir operando sin cancelar hasta julio de manera irregular; a partir de julio, cuando ya no había más alternativa que su cancelación, Vicentin deja de pagar entre agosto y diciembre, y en noviembre se le vuelve a mantener el financiamiento otorgándole o renovándole 105 millones de dólares de crédito, con lo cual llega a su colapso el 5 de diciembre con los 300 millones de dólares sin haber cancelado absolutamente nada. Esto tiene un agravante, ya que existía una cuenta en la sucursal Reconquista del Banco Nación, por la que ingresaban los dólares de exportación de Vicentin; en esta cuenta ingresaron entre agosto y diciembre –es decir, en el mismo periodo en que Vicentin no cancelaba cuando tenía la obligación de hacerlo– 790 millones de dólares, es decir, prácticamente más del doble de lo que Vicentin le debía al Banco Nación. Esta una cuenta era una cuenta en garantía del crédito, por lo tanto las autoridades pasadas podrían haber ejecutado esa garantía y haber recuperado el dinero, cosa que tampoco hicieron.

APU: ¿Cómo se logra esta estafa? ¿Quién hace la vista gorda en esto: el  Banco Nación o es la influencia de Vicentin sobre el gobierno anterior?

C. L.: Objetivamente, quien hace la vista gorda son las autoridades de Banco Nación,  concretamente el directorio anterior que presidia González Fraga y habrá que ver si algunos de los que operaban en la gerencia también tienen algún tipo de vínculo; de hecho nosotros propusimos una auditoría interna, la cual se llevó a cabo y se está actualmente avanzando y desarrollando sumarios con todo lo que sería la línea gerencial para deslindar responsabilidades entre la gerencia y el directorio anterior. Todo se encuentra en manos de la causa penal que tramita en Comodoro Py a cargo de juez Ercolini y del fiscal Pollicita, que son quienes tendrán que definir qué tipo de calificación tiene la conducta que tuvieron las autoridades.

Está claro que el relajo en los controles y todo lo ocurrido obviamente tiene vínculo con la relación política de Vicentin con el gobierno anterior y particularmente con Macri. Es bueno recordar que Vicentin fue aportante de Cambiemos en la campaña presidencial del 2015 por 6 millones de pesos, en la del 2017 por 8 por millones de pesos y en la del 2019 por 13 millones y medio de pesos, siendo el primer aportante de Cambiemos en esta campaña; además Nardelli, –uno de los responsables junto con Paván, que eran integrantes de la mesa chica del Pro de la provincia de Santa Fe– fue precandidato a gobernador de la provincia en la interna de Santa Fe de Juntos por el cambio, por lo tanto el el vínculo político indudablemente debe haber tenido algo que ver en esa actitud, donde Vicentin pudo mantener la calificación  vencida. Pudo incluso violar la norma del Banco Central que establece que ningún cliente puede superar con su deuda el 15%  del patrimonio, cosa que hacía desde agosto del 2019 y aun así tampoco modificó su actitud, es decir, no cancelaba su deuda, no pagaba y encima se le renovaba el financiamiento.

Es importante dejar en claro que Vicentin dejo un tendal de 2638 acreedores por 1419 millones de dólares. Por lo tanto, el colapso no solo involucra al Banco Nación, que es el acreedor individual más importante,  sino que hay muchos otros, lo que da cuenta de que acá también hay un manejo empresarial opaco, sospechoso de un grupo que tuvo una expansión formidable, que forma parte del lote de los ganadores en la Argentina y que de buenas a primeras deja colgado del pincel a todo el mundo cuando en realidad acá lo que hay que investigar es todo el proceso que en los últimos años lleva adelante Vicentin: esto tiene que ver con la inscripción de su holding en Uruguay, el  holding controlante de todas las empresas inscriptas en Uruguay, no en Argentina, tiene subsidiarias en Uruguay, en Paraguay, en Europa y tiene empresas off shore en distintos paraísos fiscales como Panamá. Acá hay claramente un tipo de funcionamiento de Vicentin en los últimos años donde derivar recursos al exterior por distintas vías parece ser una estrategia que el grupo llevó adelante, y que en los últimos tiempo tuvo tal magnitud  que llevó al colapso a la empresa.

APU: Hace un mes hubo en Argentina una corrida cambiaria, a pesar de que el mercado está bastante regulado. Por ejemplo, en lo relacionado con operaciones con el contado con liquidación. De hecho, también pasó que varias empresas que tienen acceso al comercio exterior rechazaron directamente el ATP, porque no los dejaban operar en esos mercados alternativas. Como economista, ¿qué percibe, a raíz del caso Vicentin, en torno a operaciones de muchas empresas que están  acompañadas de sospechas de evasión o elusión fiscal?

C. L.: Lo central que uno percibe y que es común a otras cerealeras –y esto en el caso Vicentin ha tenido una dinámica muy grande– es el tema de las triangulaciones con subsidiarias en el exterior. Por ejemplo, el caso del crédito de 105 millones que entrega en noviembre el Banco Nación es un financiamiento para que Vicentin Argentina le exporte a Vicentin Uruguay. Cuando se produce una relación de exportación entre dos empresas que forman parte del mismo grupo, lo que funciona son los precios de transferencia, con lo cual la empresa expone en el lugar que quiera. En general, usa el país que tenga menor nivel de impuestos que pagar y expone allí la facturación definitiva.

Por lo tanto, lo que uno puede sospechar es que la facturación definitiva de lo que Vicentin le envía al mundo desde Argentina, a través de esa empresa, que es una empresa fantasma en Uruguay, lo que hace es al tener la facturación definitiva de dólares, y como en Uruguay no hay pago de retenciones, lo que hace en Argentina es declarar menos exportaciones, es decir, subdeclara las exportaciones y por ende deja dólares fuera; ni siquiera los declara aquí y luego se los lleva, ni siquiera hace el procedimiento de fugar, sino que directamente hay dólares que quedan en el exterior y, a la vez, al subdeclarar exportaciones, lo que paga por retenciones es menor, el impuesto a las ganancias también es menor porque sus ganancias son inferiores. El resultado es: dólares afuera y menor recaudación  para el Estado.

APU: ¿Lo mismo pasaba con Paraguay, no?

CL: Del mismo modo, hay relaciones extrañas con Vicentin Paraguay, la cual es una empresa o una oficina que tiene seis empleados y que no tiene ninguna planta productiva y que, sin embargo, es el segundo exportador de soja del Paraguay, e incluso le exporta soja a Vicentin Argentina, entonces hay que investigar si efectivamente se trata de soja paraguaya o si son granos argentinos procesados acá. Las barcazas bajan vacías por el Paraná y se llenan en el puerto de San Lorenzo pero su exportación se declaró en Paraguay. Estos son cerca de 200 millones de dólares en el año 2018 y también implica dejar dólares afuera y tener menos aporte impositivo por recaudación de retenciones; a eso hay que agregar también la existencia de empresas que no se llaman Vicentin, que se llaman Nacadie, que tienen domicilio en la provincia de Santa Fe, en el mismo frigorífico que controla Vicentin que se llama Friar y esa empresa Nacadie tiene correlato en Uruguay y también es una empresa off shore en Panamá.

El tema de las triangulaciones con subsidiarias hay que verlas en detalle, y esto además aparece como un interrogante a ver cuando uno mira el listado de acreedores que tiene Vicentin en el marco del concurso porque hay casi 6 mil millones de pesos que están siendo reclamados por los propios accionistas que son los que condujeron a Vicentin a este desastre y que reclaman dividendos, pagos de distintas naturalezas y hay tres empresas vinculadas a Vicentin y que aparecen como sus acreedoras.

Vicentin Paraguay, por ejemplo, es uno de los acreedores de Vicentin Argentina en el concurso, y le demanda más de 4 mil millones de pesos, junto con esto hay otra empresa que es número uno en el mundo que se llama Renova, la cual Vicentin controla en conjunto con Glem, un grupo suizo. En esa empresa también hay operaciones muy extrañas que se dan entre el 30 de noviembre y el 6 de febrero, que en realidad es el periodo que va entre que Vicentin colapsa y va a cesación de pagos y la apertura del concurso. O sea que el vínculo, las relaciones y maniobras entre las distintas empresas integrantes del grupo, y sobre todo con aquellas que tienen en el exterior, son las maniobras que hay que investigar y esta debería ser la tarea principal por parte de la intervención.

APU: En el caso de que el Estado se haga cargo de esta empresa, ¿cómo es el procedimiento para que pague esas deudas y en qué se transformarían esas deudas?

C. L.: La lógica sería que el Estado utilice la deuda que Vicentin tiene con los bancos públicos y con las cooperativas y pequeños y medianos productores en capitalización, es decir, que se transformen en socios dentro de la empresa y con eso se tome control sobre la misma. De alguna manera que nosotros le demos vida a una forma de organización empresarial que combine el dominio del Estado junto con las cooperativas agropecuarias. Esto en mi opinión sería lógico, ya que permitiría que tanto las cooperativas, los pequeños y medianos productores como la banca pública, que entre los dos llegan a tener casi 700 millones de dólares, puedan capitalizar sus acreencias.

Obviamente, habría que dar de baja las acreencias espurias que hacen las propias empresas de Vicentin, y por eso justamente hay una intervención que tiene que tomar control sobre toda la información y llevar adelante una investigación que permita demostrar el fraude. En otras palabras, el proceso que hay que hacer es llevar adelante la investigación, demostrar el fraude, separar concretamente a lo que es el directorio anterior de todo tipo de presencia en la empresa y, en este marco, llevar adelante el proceso,  ya sea vía expropiación o concurso, de tomar control del Estado.

APU: ¿Qué beneficios conllevaría tener a Vicentin bajo el control del Estado nacional?

C. L.: La verdad es que si uno pudiera combinar el Estado con las cooperativas agropecuarias estaríamos en capacidad de tener un jugador muy importante en el comercio exterior de granos, que es un comercio absolutamente transnacionalizado, extranjerizado. Tendríamos además una empresa pública que podría facturar unos 6 mil millones de dólares, lo que le permitiría al Estado un ingreso de divisas genuino sin dilaciones sumamente importantes y, al mismo tiempo, actuaría como contralor de las operaciones que hacen las otras transnacionales. También mejoraría la capacidad de  controlar estas triangulaciones que también hacen las otras empresas y mejoraría la relación con los pequeños y medianos productores  habida cuenta de que una empresa pública y cooperativa no tendría problemas de pago.

En definitiva, tendría muchas ventajas y estaríamos transformando la estafa de Vicentin en la creación de una herramienta de regulación del comercio exterior de la Argentina que no tenemos desde que desapareció la Junta de granos.

APU: ¿Cómo analiza el hecho de que mientras que el gobierno lleva a la justicia a quienes estafaron al Estado se ven manifestaciones a favor de esa empresa, a favor de los "estafadores"?

C. L.: La verdad es que todas estas manifestaciones, por un lado, tienen por detrás operaciones políticas, prejuicios ideológicos, y al mismo tiempo gente muy confundida y sin información, se combina todo. No tiene mucho sentido el planteo de transformar esta intervención del gobierno nacional en una suerte de programa de expropiaciones, que no es lo que se está discutiendo ni tampoco el hecho de que tengamos un grupo empresario que está funcionando sin ningún tipo de inconvenientes y que, de repente, hay un presidente afiebrado ideológicamente que va y lo expropia, y esto no es así.

Estamos hablando de un grupo empresario que colapsó, que dejó colgados a 2638 acreedores, y de esos 1800 son pequeños y medianos productores. En ese contexto de estafa generalizada a sus trabajadores, a los productores y a la banca pública, donde se amenaza la economía del norte de la provincia de Santa Fe y el comercio exterior de granos –porque en realidad hay intentos por parte de grandes grupos trasnacionales de quedarse con las mejores partes de las empresas que tiene el grupo Vicentin, profundizando el proceso de extranjerización del comercio–, donde se produce la intervención del gobierno con la propuesta, primero, de una expropiación y ahora con el planteo que hace el gobernador Perotti que, como dije anteriormente, me parece más complejo.

Me parece que esa es la discusión y que todo el planteo, diría casi rayando en la estupidez respecto al tema de la propiedad privada y la defensa de la propiedad privada, pasa por alto el hecho de que los pequeños y medianos productores, las cooperativas agropecuarias y los bancos que son acreedores de Vicentin también son propiedad privada. Por lo tanto, ¿de qué propiedad privada se está hablando? La única propiedad privada que están defendiendo es la de un grupo empresario que estafó a otros actores que también son propiedad privada.

La verdad que el nivel de tontería que tiene la discusión es de una magnitud enorme, solamente entendible desde el carácter retrógrado que suele definir a la derecha argentina y el modo en que suele funcionar el poder económico y sus acólitos en nuestro país, donde frente a cualquier planteo, ya sea cobrarles un impuesto a los ricos o llevar adelante una expropiación, levantan la bandera de que se está convirtiendo en un soviet. Cuando en realidad son funcionamientos propios de un régimen capitalista, en cualquier lugar del mundo.   

Así que hay una operación política lamentable, hay intereses concretos y hay mucha confusión, pero creo que esto molesta sobre todo porque la situación generada obliga y permite que el Estado, a través de una empresa pública no estatal - estarían presentes actores sociales que forman parte del proceso del sector - tenga presencia en un lugar estratégico como es el comercio exterior de granos y la generación de divisas.