Se otorgó la personería social a la Economía Popular

Por Laureano Gonzalez* 

La resolución N°118/2021 será recordada como un antes y un después en la lucha de las organizaciones de la Economía Popular. Desde la fundación de la CTEP en 2011, pasando por las discusiones teóricas y políticas con el gobierno kirchnerista, la resistencia al macrismo y una pandemia, ese proceso organizativo atravesó estos diez años sin perder de vista la necesidad de consolidar derechos para a esta porción de la clase trabajadora. Luchando por la ley de Emergencia Social que estableció el Salario Social Complementario y otras políticas, y ahora, en medio de una pandemia, poniéndose al hombro el trabajo comunitario en territorios donde el Estado aún no ha llegado, las organizaciones de la Economía Popular han dado un salto fundamental hacia la institucionalización del sector que involucra casi un tercio de la clase trabajadora argentina. Quienes hasta hace una semana eran percibidos como receptores de políticas sociales, ahora serán reconocidos como trabajadores sujetos de derechos. 

La resolución firmada el pasado miércoles establece el derecho a la representación y asociación en actividades que no se encontraban enmarcadas en la Ley de Asociaciones Sindicales N°23.551, la cual se ha reducido a asociaciones sindicales de trabajadores asalariados en relación de dependencia. En la resolución se detalla qué  actividades abarca la categoría de Economía Popular y subsistencia básica: “trabajadores autónomos, prestadores de tareas eventuales, ocasionales o changas, vendedores ambulantes, ocupantes de puestos callejeros, personas dedicadas a la recuperación de residuos o a trabajos de cuidado en espacios comunitarios, como jardines, merenderos y comedores, venta en pequeñas ferias, agricultura familiar, venta de artesanías, cuidado de automóviles, lustrado de zapatos, cooperativas de trabajo, pequeños emprendimientos promovidos por programas sociales y todos aquellos que, bajo tipologías análogas y sin que exista una relación que permita tipificar el vínculo como contrato de trabajo en los términos de la Ley N°20.744, participen del proceso de producción de bienes y servicios con relaciones asimétricas, con la finalidad de subsistir”.

Para esto se creará el Registro de Asociaciones de Trabajadores de la Economía Popular y de Subsistencia Básica donde deberán presentarse estas asociaciones junto a la documentación de cada uno de sus afiliados, sus debidos estatutos, autoridades, pautas asamblearias, calendarios electorales, etc.

En la resolución se detallan los siguientes derechos: representar a sus afiliados, en forma individual o colectiva ante los organismos públicos y privados pertinentes; peticionar ante autoridades estatales en defensa de los intereses y derechos de los afiliados; promover creación de cooperativas o mutuales; promover el tránsito de la informalidad a formalidad en el sector; participar de instituciones de planificación que afecten al sector; promover nueva legislación para mejorar sus condiciones de vida; denunciar irregularidades o violación de normas en su ámbito; recurrir a medidas de acción en defensa de sus derechos dentro del ordenamiento jurídico, entre otros. Centralmente esta personería permitirá a las asociaciones intervenir en los diversos conflictos que se suscitan en el cotidiano de estos trabajadores como también vehiculizar institucionalmente las demandas del sector; algo que las organizaciones ya realizaban pero que ahora harán con un respaldo institucional.

Si bien en la resolución se establece la conformación de órganos directivos que deberán contar con una participación obligatoria de mujeres no menor del 30%, resta esperar cómo se materializará este requisito. A priori podemos inferir que este porcentaje podría ser superado, dada la alta participación de mujeres en las actividades que se contemplan en la Economía Popular, pero la realidad argentina en este aspecto suele mostrar un desequilibrio importante en cuanto se trata de abrir a las mujeres los espacios de toma de decisiones y representación.

En paralelo ya leímos y escuchamos en algunos medios de comunicación la referencia presente en esta resolución en torno a que esta política tendría como objetivo “garantizar la paz social”. Y así es, en la misma se detalla que “con el objetivo de preservar la paz social, corresponde adoptar medidas específicas, con el fin de garantizar el derecho de toda persona a tener la oportunidad de ganarse la vida por medios que les aseguren condiciones de existencia digna y a constituir asociaciones que los representen”. Es evidente la referencia, pero de allí a considerar que este recurso tiene la finalidad de acallar a las organizaciones sociales, hay un trecho malicioso. 

Sin entrar en esa polémica, entendemos que, si existe un tercio de la clase trabajadora sin derechos y no se crean herramientas pertinentes para abordar esta problemática social, inevitablemente habrá conflictividad. Si seguimos negando la injusta realidad que viven gran parte de los argentinos, necesariamente habrá conflicto. Así también lo hizo saber el secretario general de la UTEP, Esteban Gringo Castro, durante el anuncio, cuando afirmó que esta resolución no involucra frenar la movilización del sector, lo que tampoco significa adoptar una actitud desestabilizadora hacia el gobierno de Alberto Fernández.

Otro interrogante que se abre es el referido a la postura que adoptarán las demás centrales obreras frente a la institucionalización de la Economía Popular, más allá de algunas declaraciones y comentarios vía redes sociales. Durante el macrismo vimos un acompañamiento mutuo, donde se abrieron escenarios posibles en torno a la incorporación de la UTEP a la Confederación General del Trabajo (CGT), pero esto se vio frenado al iniciar el gobierno de Alberto Fernández. Por lo pronto desde la UTEP mantienen firme su deseo de ingresar a la CGT. En este aspecto también habría que tener en cuenta cómo se incorporarán a este proceso organizaciones que no se encuentran alineadas a la UTEP o que pertenecen a otras centrales como la CTA.

Entendemos que estos interrogantes se irán esclareciendo con el correr del tiempo y del avance de este proceso de institucionalización de los trabajadores de la Economía Popular. Por lo pronto podemos señalar que, mirando hacia atrás encontramos un proceso a paso firme de organización y reivindicación, en dos sentidos. En primer lugar, podemos pensar este proceso a largo plazo entendiendo que las transformaciones en el mundo del trabajo desde los años 70 hasta la actualidad han ido moldeando a un sujeto social que Paula Abal Medina (2017) sintetizó en tres figuras: “la soledad del desocupado, la acción directa y disruptiva de puebladas y del piquetero, y la institucionalización débil e incipiente del trabajador de la Economía Popular”. Ahora esos expulsados y excluidos del mundo del trabajo formal, llegan a un punto superador en el reconocimiento de la actividad y de sus organizaciones por parte del Estado. Y, en segundo lugar, lo que podemos considerar como la “década ganada” de la Economía Popular, desde 2011 hasta la fecha, donde a pesar de ver recrudecer sus condiciones de vida por las políticas neoliberales del gobierno de Macri, pudieron subsistir, resistir y seguir avanzando en derechos y políticas para el sector, teniendo como corolario el gran paso de esta semana hacia la sindicalización. Aunque parezca absurdo, en un país con la tradición sindical y política de Argentina, hasta hace unos días, un tercio de sus trabajadores no tenía su representación reconocida por el Estado; hoy se abre un nuevo capítulo en la potente historia de la clase trabajadora argentina.

*Sociólogo y doctorando en Cs. Sociales (UNLP-CONICET)